Este texto hace parte del libro Democracia y Transformación Social, a publicar en Bogotá, por Siglo del Hombre, Abril 2017.

Boaventura de Sousa Santos
21 Jan 2017

En el momento en que escribo (enero de 2017) el proceso de paz en Colombia entra en período de implementación después de que la nueva versión del acuerdo entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) fuera refrendada por el Congreso. Están abiertas también las negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Es un tiempo de oportunidades y de bloqueos, de aspiraciones y de frustraciones, un tiempo de esperanza y de miedo. En suma, un caso paradigmático de incertidumbre, que en la introducción de este libro definí como característica principal de nuestra época. En este postscriptum hago algunas breves reflexiones, todas centradas en las relaciones entre la democracia y la paz, y en el modo como los desarrollos del posacuerdo pueden contribuir a democratizar la sociedad colombiana.

Democracia y condiciones de la democracia
Las teorías de la democracia hasta los años ochenta eran unánimes al considerar que no era posible la democracia sin las condiciones sociales, económicas e institucionales que la hicieran posible. Entre tales condiciones se hablaba de la relación campo-ciudad, de la reforma agraria, de la presencia de las clases medias, de la alfabetización, etc. La ausência de esas condiciones explicaba que tan pocos países del mundo tuvieran regímenes democráticos. Alrededor de esa fecha ocurrió una auténtica revolución en la teoria democrática, una revolución que, sin embargo, casi no fue percibida. A partir de entonces se invirtió la ecuación y llegó a considerarse que en lugar de que la democracia dependa de condiciones, la democracia era la condición para todo lo demás. Y así el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pasaron a incluir la existencia de regímenes democráticos como una condición para la ayuda para el desarrollo.

Cuarenta años después y observando la situación de las democracias realmente existentes em el mundo hoy, tanto en los países más desarrollados como en los restantes, que continúan siendo la gran mayoría, es fácil llegar a la conclusión de que dicha revolución fue mucho menos benéfica de lo que en ese momento se pensaba. Aquella pretendía promover democracias de baja intensidad, basadas en criterios mínimos de pluralismo político y con tendencia a estar vaciadas de contenido social, esto es, de los derechos económicos y sociales y de las instituciones del Estado que antes aseguraban los servicios públicos en las áreas de la salud, educación y seguridad social. La democracia fue así promovida por ser la forma más legítima de gobierno débil, que más dócilmente aceptaría la ortodoxia neoliberal de la liberalización de los mercados, de las privatizaciones, del fin de la tributación progresiva, de la promiscuidad entre élites políticas y económicas; en fin, un gobierno al servicio de la globalización neoliberal.

La crisis del neoliberalismo es hoy evidente. No sé si murió, como algunos proclaman, pero por lo menos está dando origen a las perversidades que declaró combatir: los nacionalismos, los movimientos fascistas, el proteccionismo, el crecimiento de la extrema derecha, etc. El capitalismo neoliberal promovió una democracia de tan baja intensidad que hoy tiene poca fuerza para defenderse de los poderes antidemocráticos que la han venido cercando. El problema es saber si para garantizar la continuidad de la acumulación del capital, ahora totalmente dominada por el capital financiero, el capitalismo global está ante la urgencia de tener que revelar su verdadera cara, la de que es incompatible con la democracia, incluso com la de baja intensidad.

El posconflicto colombiano está surgiendo en un período de crisis del neoliberalismo y solo tendrá alguna viabilidad para transformarse en un genuino proceso de paz si, contra la corriente, es orientado a consolidar y ampliar la democracia, esto es, a otorgarle más intensidad a la convivencia democrática de baja intensidad actualmente vigente. Después de la farsa de la narrativa neoliberal —una farsa trágica para la mayoría de la población mundial— de que la democracia no tiene condiciones, el posconflicto solo se transformará en un proceso de paz si acepta discutir creativa y participativamente la cuestión de las condiciones sociales, económicas y culturales de la democracia. La esperanza es que Colombia sea la afirmación inaugural de un nuevo período basado en la idea de que no hay democracia sin condiciones que la hagan posible. El miedo es que revele eso mismo pero como negación.

Democracia y violencia
Incluso sin salir del marco liberal de la teoría democrática, la democracia es incompatible con la violencia política porque la única violencia legítima es la del Estado. La violencia del Estado es legítima en un doble sentido: porque el Estado tiene un mandato constitucional exclusivo para ejercerlo y porque solo la puede ejercer cumpliendo procedimientos, reglas, leyes preexistentes. También a este respecto Colombia es el caso dramático de uma democracia desfigurada por la convivencia fatal, durante más de un siglo, con la violencia política ejercida por poderes paralelos al Estado y por el propio Estado desdoblado en un Estado paralelo, del cual el paramilitarismo es la expresión más visible, pero de ningún modo la única. Basta leer la contundente historia del conflicto armado de Alfredo Molano (2015) [1] para que concluyamos que, si el posconflicto no es osado en su ambición, correrá el riesgo de ser un episodio más, entre muchos otros, de una historia de violencia, un posconflicto que mañana será conocido como preconflicto, es decir, como el evento político que dio origen a una oleada más de conflictos violentos.

Democracia y paz
Toda la democracia es pacífica pero no toda la paz es democrática. Hay dos tipos de paz: la paz neoliberal y la paz democrática. La paz neoliberal es la falsa paz, que consiste em continuar la violencia política por vía de la violencia pretendidamente no política. De la criminalidad política hacia la criminalidad común combinada con la criminalización de la política. Orientado hacia la paz neoliberal el posconflicto colombiano será un proceso rápido y relativamente poco exigente a nivel institucional, pero abrirá un período de violencia que por ser aparentemente despolitizada, será todavía más caótica y menos controlable que aquella a la que puso fin. Por las frustraciones que puede generar, la paz neoliberal no solo no contribuirá a consolidar la democracia en un nivel más inclusivo, sino que puede debilitar todavía más la democracia de baja intensidad que la hizo posible.

La paz democrática busca la pacificación de las relaciones sociales en el sentido más amplio del término y por eso pretende eliminar activamente las condiciones que llevaron a la violencia política. La paz democrática se basa en la idea de que los procesos de reconciliación nunca conducen a sociedades reconciliadas si la reconciliación no incluye la justicia social y cultural. Sin justicia no hay cohesión social, el sentimiento mínimo de pertenencia sin el cual la suma de las diferencias de ideas se transforma fácilmente en suma de cadáveres. El posconflicto orientado hacia la paz democrática será seguramente un proceso largo y su éxito se medirá menos por los resultados eufóricos que por el hecho que los conflictos a que seguramente dé lugar sean administrados y resueltos pacífica y democráticamente.

En Colombia, la paz democrática tiene dos desafíos adicionales. En primer lugar, el actual proceso de paz carga consigo el peso (y también el fantasma) de los muchos procesos de paz fracasados que lo antecedieron; un fracaso que trágicamente implicó muchas veces la eliminación de los combatientes rebeldes y de las fuerzas políticas que les eran cercanas. La eliminación física de los dirigentes de la Unión Patriótica quedará para la historia como uma de las manifestaciones más siniestras y grotescas de la democracia desfigurada por la violencia. En segundo lugar, el actual proceso de paz tiene que significar una ruptura con el pre-posconflicto constituido por la desmovilización del paramilitarismo en los gobiernos de Álvaro Uribe. En el mejor de los casos, tal desmovilización buscó una paz neoliberal y ocurrió con hostilidad manifiesta hacia la idea de una paz democrática. Considerar que el paramilitarismo es una cosa del pasado es uno de los más peligrosos disfraces de la actual situación. [2]

Democracia y religión
Una de las características del largo conflicto armado que Colombia ha vivido es la flerte implicación de la religión en su desarrollo. Inicialmente se trató de la implicación de la Iglesia católica, pero hoy militan al lado de ella las iglesias evangélicas. En el caso de la Iglesia católica, la implicación es contradictoria y tiene dos fases incompatibles. Por un lado, en la tradición de Camilo Torres y de la teología de la liberación, las comunidades eclesiásticas de base que emergieron después del Concilio Vaticano II han desempeñado un papel importante en las organizaciones comunitarias que luchan contra la concentración de la tierra, la injusticia social y la violencia. Muchos de los clérigos y laicos que han estado al lado de la lucha de los oprimidos por la tierra y por la dignidad han pagado caro, con el sacrificio de la propia vida, su compromiso y generosidade [3]; por otro lado, la jerarquía de la Iglesia católica se ha alineado casi siempre con las fuerzas conservadoras, con las oligarquías terratenientes, bendiciendo sus arbitrariedades e incluso sus violencias. Y hoy aparece muchas veces unida a las iglesias evangélicas, en un siniestro y perverso pacto ecuménico para bloquear la esperanza de una Colombia democrática. De hecho, la religión conservadora cuenta hoy con un número importante y cada vez mayor de iglesias evangélicas, y la gran mayoría de estas tuvo un papel crucial en la victoria del No en el referendo del 2 de octubre de 2016 [4]. Es de prever que este proselitismo sea un obstáculo activo para la construcción de una paz democrática. Seguramente actuará en conjunción con otras fuerzas conservadoras, nacionales y extranjeras, que tienen sus propios intereses en boicotear el proceso de paz. Está pendiente saber hasta qué punto las agendas conservadoras convergerán. Mientras más converjan, mayor será el riesgo para la paz democrática.

Democracia y participación
La incógnita principal que enfrenta la paz democrática es la de saber qué fuerzas sociales y políticas están dispuestas a defenderla y con qué grado de activismo. Los referendos son un instrumento importante de democracia participativa, pero solo cuando son promovidos a partir de la sociedad a través de grupos de ciudadanos, y no cuando son promovidos por partidos y líderes políticos. En este último caso, como ocurrió recientemente en Inglaterra con el voto por la salida de la Unión Europea (Brexit), y como pudo haber ocurrido en parte en el referendo colombiano, el resultado tiende a estar contaminado por el juicio sobre el líder político que promovió el referendo. El caso colombiano tiene alguna especificidad al respecto porque verdaderamente solo hubo campaña a favor del No. Este hecho debería suscitar una profunda reflexión, porque parece revelar una desconexión peligrosa entre los partidos progresistas, las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales, por un lado, y la Colombia profunda, por el otro.

Este hecho parece indicar que la paz democrática va a necesitar mucha energía participativa, mucho más allá de los procesos electorales, que en Colombia son históricamente excluyentes. He ahí, por lo demás, una de las razones que llevó a la creación de la guerrilla del período más reciente. Parece evidente que el proceso de paz democrática exigirá una articulación entre democracia representativa y democracia participativa. Tal articulación es hoy necesaria en todos los países democráticos para redimir la misma democracia representativa que, por sí sola, no parece capaz de defenderse de sus enemigos. En el caso de Colombia tal articulación es una condición del éxito de la paz democrática. Esta tiene que transformarse en una agenda práctica y cotidiana de las familias, de las comunidades, de los barrios, de los sindicatos, de las organizaciones y movimientos sociales. Tiene, pues, razón Rodrigo Uprimny cuando, el 3 de diciembre de 2016, sostenía en su columna de El Espectador que:

la refrendación e implementación de la paz no es algo que se resuelve en un solo instante, sino que es un proceso complejo y progresivo, que puede incorporar diversos mecanismos en distintos momentos. Propongo entonces algunos mecanismos, que tienen diverso grado de institucionalización y gozan de diversas fortalezas y debilidades: i) los cabildos abiertos, que pueden usarse para avalar el acuerdo a nível local y regional, y para debatir participativamente medidas locales de implementación; ii) iniciativas populares legislativas para algunas de las medidas de implementación [...]; iv) las mesas de víctimas en las regiones y los comités de justicia transicional, que permitirían apoyar y afinar localmente las medidas de verdad y reparación; v) los consejos territoriales de paz, que podrían usarse para apoyar y debatir otras medidas locales de paz; vi) la movilización social en las calles; y sigue un largo etcétera, pues esta lista no pretende ser exhaustiva. (Uprimny, 2016)

Estas propuestas [5] se refieren solo al primer período del posconflicto, el período inmediato. Muchas otras tendrán que ser pensadas creativamente y puestas en práctica cuando se trate de discutir las cuestiones estructurales que la paz democrática pondrá necesariamente en la agenda política, tales como la reforma del sistema político, las zonas de reserva campesina, la sustitución de cultivos ilícitos que no implique el regreso a la miseria de muchos campesinos, el lugar del neoextractivismo (exploración sin precedentes de los recursos naturales) en el nuevo modelo de desarrollo, la reforma de los medios de comunicación de modo que garanticen la mayor democratización de la opinión pública, la no criminalización de la protesta política, etc. Como el principio de no repetición de la violencia es tan central para el acuerdo de paz, me pregunto si, desde la perspectiva de las víctimas, no sería recomendable que parte de los recursos financieros para la reparación fuera canalizada para financiar y fomentar amplios debates e instrumentos participativos nacionales sobre las diferentes cuestiones que el proceso de paz va a poner de relieve en el transcurso de los próximos años. Tales debates y participaciones deben servir también para revelar y eventualmente poner en la agenda política los vacíos del acuerdo.

Al respecto, el hecho de que las negociaciones de paz con las FARC hayan adoptado el modelo irlandés, es decir, el de mantener las negociaciones secretas hasta la obtención de resultados que apuntaran hacia el éxito de las negociaciones, no fue tal vez una buena medida. Se comprende que el secretismo haya sido adoptado en función de la realidad de la comunicación social colombiana, en la que los grandes medios están dominados por fuerzas conservadoras y poderosos sectores económicos vinculados a la continuación de la guerra o solo dispuestos a una paz raquítica que sirva exclusivamente a sus intereses. En cualquier caso, las negociaciones duraron muchos años y La Habana estaba lejos. Con el tiempo, las negociaciones se convirtieron en un archivo provisional de la Colombia del pasado. Mientras que los negociadores se ocupaban del futuro de Colombia, la opinión pública los iba halando hacia el pasado.

En el momento en que escribo se inician las negociaciones de paz con el ELN. He sabido que este grupo guerrillero tiene una visión diferente de las negociaciones e insiste en que ellas sean acompañadas paso a paso por la sociedad colombiana. Esperemos que tengan la fuerza política y argumentativa para imponer la razón que sin duda tienen. Por otro lado, el ELN ha
insistido en subrayar la importancia y la autonomía de las organizaciones sociales populares. Serán las comunidades y los pueblos los que decidan las formas de participación popular. Esta es, además, una de las condiciones de la autonomía de la democracia participativa, y es a partir de esa autonomía que se establecerán las articulaciones con la democracia representativa (partidos y líderes políticos).

Democracia e imperialismo
Cuando analizamos la historia del conflicto armado en Colombia se hace evidente la interferencia constante del imperialismo norteamericano y siempre en el sentido de defender los intereses económicos de sus empresas (piénsese en la tristemente célebre United Fruit Company), los intereses geoestratégicos de su dominio continental y, obviamente los intereses de las oligarquías colombianas que son sus aliadas, unas más dóciles que otras. Com la Revolución cubana el desafío geoestratégico aumentó exponencialmente y la necesidad de aislar a Cuba se convirtió en la gran prioridad imperialista en el continente a inicios de los años sesenta. Por su posición continental, Colombia era un blanco primordial y un aliado especial. Finalmente, ¿no fue Colombia el único país latinoamericano que envió tropas a combatir al lado de los norteamericanos en la Guerra de Corea? Sostiene Molano, en el texto que vengo citando:

El rumbo que tomó la revolución en Cuba, que obligó a Estados Unidos a crear la Alianza para el Progreso como antídoto contra el contagio comunista, le dio un aire nuevo a la reforma agraria. No en vano Kennedy visitó Colombia en la misma semana en que se firmó la Ley de Reforma Agraria. Así, pues, la Doctrina de Seguridad Nacional y la Alianza para el Progreso fueron dos caras de la misma moneda o, si se quiere, la combinación de todas las formas de lucha de Estados Unidos para mantener el statu quo y aislar al mismo tiempo a Cuba. (2015)

La mayor prueba de este alineamiento fue dado en 1961, cuando, en la Conferencia de Punta del Este, Colombia promovió la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos. El eslogan del “aliado regional más fuerte” asumió entonces una nueva justificación. El Plan Colombia, firmado por Bill Clinton en julio de 2000, transformó a Colombia en el tercer país del mundo en recibir más ayuda militar de Estados Unidos (después de Israel y Egipto) y en el país con más ayuda para entrenamiento militar directo por parte de Estados Unidos. El ataque a las Torres Gemelas en Nueva York permitió convertir la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla en una dimensión de la “lucha global contra el terror”. De ahí solo había un paso hacia la adopción de la versión colombiana de la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, la mal llamada “seguridade democrática” del Presidente Álvaro Uribe.

Sabemos que durante la primera década del tercer milenio el big brother no estuvo muy presente en el continente — exceptuando, claro, el Plan Colombia —, pues se ahogó en el pantano de Irak y del Medio Oriente que él mismo creó. Tal vez esto ayude a explicar, en parte, la elección de gobiernos populares con discurso antimperialista, de Argentina a Venezuela y de Ecuador a Bolivia. La agresividad de la presencia imperial volvió a sentirse en el golpe de Honduras contra el presidente electo Manuel Zelaya (2007), y no quedan hoy muchas dudas sobre su injerencia en el golpe institucional que llevó al impeachment de la Presidente Dilma Rousseff en Brasil. ¿Cómo va a reaccionar frente al proceso de paz en Colombia? Todo lleva a creer que las élites políticas norteamericanas están en este momento relativamente divididas. Prueba de esto quizá son los editoriales diametralmente opuestos de los dos periódicos más influyentes, el New York Times y el Wall Street Journal. El primero saludó la adjudicación del Premio Nobel de la Paz al Presidente Juan Manuel Santos, el segundo sostuvo que quien merecía el premio era el gran protagonista del No en el referendo, el ex Presidente Álvaro Uribe. Es bueno, sin embargo, tener en cuenta que esta división es muy relativa. Cualquiera que sea la posición del Presidente Santos, para Estados Unidos él es un defensor de la paz neoliberal, la paz que va a liberar mucho territorio colombiano para el desarrollo de la explotación de los recursos naturales, en donde seguramente estarán muy presentes las empresas norteamericanas. El máximo de consciencia posible del imperialismo norteamericano es la paz neoliberal. Por eso, la paz democrática contará con la resistencia del imperialismo norteamericano, y el éxito de este depende del modo como se articule con las fuerzas económicas y políticas colombianas que defienden también la paz neoliberal. Como esta paz es falsa y está lejos de contribuir al fortalecimiento de la democracia, los demócratas colombianos no van a tener la vida tan fácil como el fin del conflicto lo podría sugerir.

Democracia y derechos humanos
Para quien no defienda la idea de la guerra justa los conflictos armados son por naturaleza una violación de los derechos humanos. De cualquier modo, los conflictos armados son fuente de violaciones de derechos humanos cuando en ellos se cometen violencias y crueldades contra víctimas inocentes, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, etc. Las guerras civiles e internacionales de los últimos 150 años fueron particularmente violentas. Para no hablar de las dos guerras mundiales sino solamente de las guerras civiles, la más violenta fue la guerra civil americana, que duró solo cinco años y provocó 1’030.000 víctimas (3% de la población) con cerca de 700.000 muertes. Por esta razón, poner fin a la guerra se considera un bien jurídico y político superior al bien de lograr una justicia integral y castigar a todos los autores de violaciones de derechos humanos como si no hubiese habido guerra. No se trata necesariamente de no castigar (como sucedió en la guerra civil americana) sino de encontrar formas de salvaguardar el juicio público y negativo sobre los actos cometidos sin poner en peligro el bien jurídico y político superior de la paz. Uno de los casos más notorios de las últimas décadas fue la negociación del fin del Apartheid en Suráfrica, que implicó desconocer (mediante acuerdo) el carácter criminal del Apartheid en cuanto régimen, a pesar de ser considerado como tal por las Naciones Unidas, y permitir que los autores de violaciones graves de derechos humanos no fueran juzgados y castigados siempre y cuando confesaran públicamente sus crímenes. El acuerdo de paz en Colombia va más lejos, pero incluso así los seguidores del No encontraron en ese terreno un motivo para sostener su posición y consiguieron transmitir ese mensaje a la opinión pública gracias a su connivencia con los grandes medios de comunicación y mediante mentiras, como enseguida lo reconocieron (Revista Semana, 2016). Estas fuerzas conservadoras tuvieron en Human Rights Watch y en la persona de uno de sus directores, José Miguel Vivanco, un aliado valioso. Vivanco desempeñó con ridícula desenvoltura el papel de idiota útil de las fuerzas que más violaciones de derechos humanos cometieron en la historia del país. Este servicio prestado a estas fuerzas, y al ala más reaccionaria del imperialismo norteamericano, constituyó el grado cero de la credibilidad de la lucha por los derechos humanos por parte de esta organización norteamericana y constituyó un insulto cruel a tantos activistas de derechos humanos que han pagado con su vida el coraje de defenderlos en los frentes de lucha social, bien lejos de la comodidad de los escritorios de Nueva York.

Democracia y diferencia etnocultural
Colombia es uno de los países latinoamericanos en donde, sobre todo después de la Constitución de 1991, se hicieron progresos significativos en el reconocimiento de la diversidad y de la diferencia etnocultural. A eso contribuyó la fuerza organizativa de los pueblos indígenas y afrocolombianos. La jurisprudencia intercultural producida por la corte constitucional en la última década del siglo XX llegaría a transformarse en un modelo para otros países. Lamentablemente, tal como ocurrió en otros países, la elevada concentración de la tierra y el modelo de desarrollo neoextractivista hicieron que los ataques contra las poblaciones indígenas y afrocolombianas continuaran y hasta se agravaran en los últimos tiempos. A pesar del protagonismo político del movimiento indígena y afrocolombiano, em las últimas décadas estos movimientos no tuvieron la participación que sería de esperar en las negociaciones de paz. De ahí la importancia de dar a conocer su reclamo de participar activamente en la construcción de la paz democrática, en el proceso que ahora se inicia.

Así, las organizaciones indígenas reunidas en Bosa (territorio ancestral del pueblo Muisca), en octubre de 2016, aprobaron una declaración notable que, por su amplitud, merece una cita parcial:

Resoluciones IX Congreso Nacional de Pueblos Indígenas:
• REAFIRMAMOS nuestra vocación y apuesta de construcción de Paz. En ejercicio del derecho a la Autonomía y Libre Determinación, con fundamento en las Leyes de Origen y los principios que nos rigen.
• ADOPTAMOS el Acuerdo Final de Paz de La Habana en nuestros territorios, y los declaramos Territorios de Paz.
• REAFIRMAMOS la Movilización Indígena y Social como estrategia de resistencia para propiciar el diálogo y las transformaciones sociales y políticas requeridas con el propósito de volver a llenar de esperanza al país y allanar el camino para construir una sociedad incluyente y con justicia social.
• EXIGIMOS la participación del Movimiento Indígena en el Pacto Nacional propuesto por el Gobierno, para defender, conjuntamente con las grandes mayorías que hemos sido víctimas del conflicto armado, las luchas históricas que como Pueblos hemos emprendido por los cambios sociales y políticos, así como por la pacificación de nuestros territorios. Los pactos de élites, en otrora, han generado mayor violencia, perpetuando las estructuras de poder dominantes.
• RETOMAMOS el Consejo Nacional Indígena de Paz, CONIP, como instancia propia de los Pueblos Indígenas para ejercer la incidencia en los temas relacionados con la Paz, en los temas específicos a las naciones indígenas.
• POSICIONAMOS a la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, como instancia autónoma y de autorrepresentación de los Pueblos Étnicos, para liderar los temas relacionados con la Paz y EXIGIMOS la conformación de la instancia especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, para el seguimiento de la implementación del Acuerdo Final, conforme se estableció en el Capítulo Étnico.
• CELEBRAMOS el anuncio de la fase pública de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, confiados en que estos permitirán consolidar la Paz completa, estable y duradera que clama nuestro País. Al tiempo, EXIGIMOS la participación directa de la Comisión Étnica en este proceso. (ONIC, 2016)

Al respecto pienso que es necesario hacer la siguiente advertencia: en el subcontinente y muy particularmente en Colombia el reconocimiento de la diferencia etnocultural es uma dimensión de la justicia territorial, y esta, por su parte, es una dimensión de la justicia histórica. No se trata de un problema exclusivamente cultural, se trata de un problema de economía política. En ese sentido, después de la Constitución de 1991 fue promulgada una legislación que concedió territorios (resguardos) a los pueblos indígenas y afrocolombianos. En un país con una concentración de tierra tan elevada y en un contexto en el cual la explotación de los recursos naturales se volvió tan central en el modelo de desarrollo (tal vez sería mejor hablar de modelo de crecimiento) es de prever que las cuestiones de la justicia territorial asuman una conflictividad alta. Dos temas alcanzarán probablemente una agudeza especial. El primero tiene que ver con los conflictos de tierra existentes hoy. Al contrario de lo que se puede pensar, tales conflictos no suceden solo entre grandes propietarios/empresas multinacionales y campesinos; ocurren también entre campesinos pobres y mestizos, pueblos indígenas y pueblos afrocolombianos. En este último caso estamos ante “contradicciones en el seno del pueblo”, que exigirán formas fuertes de democracia participativa para que no se transformen en conflictos violentos o sean aprovechados por los grandes propietarios o por el gobierno para bloquear la legítima reivindicación de la justicia territorial.

El segundo tema tiene que ver con el hecho de que las negociaciones de paz hayan abordado también asuntos de impacto en la justicia territorial, como por ejemplo la reforma agraria y las zonas de reserva campesinas. Estas cuestiones acabarán por estar ligadas a las que suscite el primer tema y también aquí la democracia participativa desempeñará un papel importante sobre todo debido a su carácter descentralizado y, por lo tanto, a su flexibilidad para adaptarse a la inmensa diversidad territorial, agrícola y cultural de Colombia.

Democracia y diferencia sexual
Los movimientos de mujeres también consiguieron victorias importantes en las últimas décadas, pero la violencia sexual continúa; y además, las mujeres fueron durante mucho tiempo víctimas de la violencia, tanto en las zonas de conflicto como fuera de ellas. Su interés en el proceso de construcción de una paz democrática debe ser debidamente tenido en cuenta.

Con este objetivo cito el amplio Manifiesto Político Mujeres por la Paz, del 22 de septiembre de 2016, que contiene la siguiente declaración en uno de sus pasajes:

Nosotras, mujeres diversas, participantes en la II Cumbre de Mujeres y paz, manifestamos:
• Nuestro compromiso en la construcción de un país donde todas las personas, sin distinción alguna, podamos gozar de nuestros derechos, de nuestra autonomía, opinando en completa libertad, sin el temor de ser violentadas ni vivir bajo la zozobra de un país en conflicto.
• Nuestra voluntad de contribuir a un presente y un futuro en paz, que deje atrás los hechos de violencia, aunando esfuerzos para que niñas y niños, mujeres y hombres adolescentes y jóvenes crezcan en la paz y no en el dolor de la guerra.
• Nuestro reconocimiento de los saberes creativos de las jóvenes y sus aportes a la implementación de los acuerdos y la transformación en las dinámicas de la paz reconociendo su voz y su actuar en la construcción de país.
• Que es tiempo de sanar las heridas, de trasformar el odio y la venganza en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, de cambiar la indiferencia por el compromiso con la justicia y la paz, de superar las diferencias que nos distancian no para negarlas sino para fortalecer la convivência democrática. Es tiempo de cerrar la página de la guerra, no para el olvido sino para darle paso a la vida y a la libertad.
• Nuestra objeción de conciencia al uso de la fuerza para la negación del otro y de la otra y nuestro apoyo al desarme universal, desterrando la violencia y la militarización como forma de tramitación de los conflictos públicos y privados, con especial énfasis en la violencia sexual y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
• Nuestro rechazo a cualquier negación, discriminación, señalamiento a las mujeres por ejercer sus derechos, su autonomía económica, afectiva, reproductiva, sexual, cultural, étnica y política.
• Nuestra voluntad decidida y compromiso político de ser pactantes y no pactadas, de participar y decidir en la implementación y en el cumplimiento del Acuerdo Final.
• Velar por los derechos de las mujeres en las regiones y la defensa de la integridad ambiental y cultural de sus territorios, propendiendo por un modelo económico sostenible y respetuoso de los derechos de la naturaleza y el buen vivir de las comunidades [6].

La importancia de las declaraciones de los movimientos sociales, sean ellos de indígenas, afrocolombianos, campesinos pobres, mujeres, poblaciones urbanas marginalizadas, es que asumen una posición inequívoca a favor de la paz democrática y en contra de la paz neoliberal. Los grupos sociales más excluidos y discriminados saben que serían ellos los más duramente golpeados por las agresiones que resultarían de la paz neoliberal. [7]

Democracia y modelo de desarrollo
En las últimas décadas volvió a ser dominante en el continente un modelo de desarrollo capitalista basado en la explotación de los recursos naturales. Digo “volvió” porque este fue el modelo que se fortaleció durante todo el período colonial. Pero no se trata del regreso al pasado. El modelo actual es nuevo por la intensidad sin precedentes de la explotación de los recursos y por la diversidad de esa explotación, que incluye minerales, petróleo, madera y agricultura industrial, megaproyectos hidroeléctricos y otros. En vista de su relativa novedad ha sido denominado neoextractivismo. Su aparición es el resultado del enorme impulso provocado por el crecimiento de China y por la especulación financiera sobre las commodities. Este modelo fue tan consensuado entre las élites políticas del subcontinente durante la primera década del milenio que fue adoptado virtualmente por todos los gobiernos, incluso por aquellos que surgían de las luchas populares y asumían una postura nacionalista de perfil más o menos marcadamente antimperialista. En el mejor de los casos este modelo posibilitó un alivio significativo de la pobreza, pero tuvo enorme costos sociales y ambientales: acaparamiento de tierra, expulsión de campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes de sus territorios ancestrales, eliminación física de líderes de la resistencia, contaminación de aguas y tierras, alarmantes aumentos en los índices de cáncer en las poblaciones rurales… fueron y son algunos de los efectos más negativos del neoextractivismo. Además, este modelo se reveló insostenible, y a partir de la crisis financiera de 2008 y de la desaceleración del crecimiento de China comenzó a dar señales de agotamiento y la crisis se instaló en todos los gobiernos de la región que lo adoptaron. Pero las consecuencias sociales y ambientales serán difícilmente reversibles. Los países de desarrollo intermedio, como es el caso de Brasil, abandonaron el dinamismo de su sector industrial, se desindustrializaron, y difícilmente podrán retomar el camino de la industrialización ecológicamente sostenible. Hasta ahora no han sido puestas en práctica las alternativas que han sido propuestas por parte de importantes sectores y movimientos sociales. Por el contrario, los gobiernos buscan jugar con la diferenciación interna del modelo, por ejemplo, dándole prioridad a la agricultura industrial en caso de que se mantengan abajo los precios del petróleo. Por otro lado, abandonan el elemento nacionalista y redistributivo del período anterior y entregan la explotación de los recursos a las empresas multinacionales y la dirección de la economía a los ex ejecutivos de las grandes empresas, sobre todo del capital financiero (especialmente Goldman Sachs).

La paz neoliberal se inserta en este contexto y busca darle más dinamismo, por ejemplo, liberando más tierras para la explotación multinacional. Por el contrario, la paz democrática parte del supuesto de que la elevada concentración de la tierra fue siempre una de las razones centrales de la violencia en Colombia y que por eso será imposible reconciliar la sociedad em el posconflicto si el modelo de desarrollo no se transforma y si no se abre camino hacia um proceso de mayor justicia territorial, como condición previa para una mayor justicia social, histórica, etnocultural, sexual y ecológica.

Esta es tal vez la disyuntiva más problemática con la cual se enfrenta el proceso de paz colombiano y las señales no son muy alentadoras. Colombia es ya uno de los países del mundo con mayor concentración de tierra. Según los datos disponibles, actualmente el 77 % de la tierra está en manos del 13 % de propietarios, pero el 3,6 % de estos tiene el 30 % de la tierra. El 80 % de los pequeños campesinos tiene menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), es decir que son microfundistas. A pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70 % de alimentos que se producen en el país proviene de pequeños campesinos (Revista Semana, 2012). Según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2011: “Para el año 2009 el Gini de tierras fue de 0,86. Esto indica que si se comparan con el de otros países, se concluye que Colombia registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el mundo”.

Según Danilo Urrea y Lyda Forero la paz hacia la que apunta el Gobierno del Presidente Santos es una paz neoliberal y no una paz democrática:

Las iniciativas legislativas del gobierno Santos, y sus respectivas figuras y mecanismos de despojo son una clara prueba de esta realidad. Por ejemplo, las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES, permiten la entrega, sin límite de extensión, de tierras baldías a personas jurídicas nacionales o extranjeras, a quienes se les otorga el control sobre el uso del territorio —principalmente en la altillanura o en el Magdalena Medio— [...]. Una alternativa basada en el gran capital, respetando el modelo hacendista, existente desde tiempos coloniales, pero incorporando al juego al capital trasnacional, para lo que se presume necesaria la pacificación de territorios como garantía para atraer la inversión extranjera del aparato corporativo. Se implementa un modelo en el que incluso se le puede otorgar al campesinado la propiedad de la tierra, pero su uso, administración y control están en función de la cadena de producción definida por las trasnacionales, lo que finalmente determina la acumulación de capital e implica la pérdida de derechos sobre el territorio desde nuevas formas e instrumentos de profundización del despojo. En esta forma de territorialización del capital juega un papel protagónico el modelo de financiarización del campo a través de las llamadas bolsas agrícolas y la recolonización rural vía crédito. (Urrea y Forero, 2016)

Los dados han sido lanzados. Las fuerzas políticas y sociales que se mueven por el objetivo de la paz democrática saben cuál es el roadmap. Está pendiente saber si tendrán la fuerza política para guiarse por él.

Democracia y diferencia ética
Uno de los temas más complejos de un conflicto armado es la naturaleza ética de los crímenes cometidos. No me refiero a la intensidad o a la cantidad de los crímenes cometidos. Todas las cifras publicadas sobre la violencia son unánimes en reconocer que la mayoría de las violencias (asesinatos y masacres) fueron cometidas por los paramilitares y por el ejército y las más atroces y crueles fueron cometidas por los paramilitares. Me refiero más bien a la cualidad ética de la motivación que está detrás de la violencia. En las negociaciones que condujeron al fin del Apartheid la superioridad ética del Congreso Nacional Africano (ANC) de Nelson Mandela (que en cierto momento optó por la violencia) en relación con el gobierno del Apartheid fue reconocida. En el caso de Colombia, la cuestión de la diferencia ética se puede poner sobre todo en la comparación entre las acciones de los guerrilleros y las acciones de los paramilitares, de los empresarios criminales o de los mercenarios. La vía de la lucha armada para construir mediante la violencia la sociedad socialista está hoy desacreditada y con buenas razones. En consecuencia, hoy es fácil condenar a los jóvenes y a las jóvenes que a partir de los años sesenta partieron al monte y se unieron a la guerrilla animados por el ideal de luchar por una sociedad más justa. Esta facilidad es traicionera, porque, en tiempos de individualismo y de desertificación ideológica, lleva a la conclusión de que toda la violencia debe ser igualmente condenada o absuelta y que no hay diferencia ética entre los agentes violentos. Si no hay diferencia ética, no hay diferencia política y, por lo tanto, en última instancia, estamos frente a la violencia común. Esta idea de la despolitización de las violencias ha tenido en Colombia un argumento a su favor, la idea generalizada en la opinión pública de que, con el tiempo, los guerrilleros perdieron la ideología y se transformaron em narcotraficantes comunes. En una entrevista a la revista virtual La Silla Vacía, el 4 de enero de 2017, Alfredo Molano comenta al respecto:

La opinión pública se engaña al pensar que las Farc manejan el negocio de los cultivos ilícitos de cabo a rabo, desde la parcela hasta una calle del Bronx. La función de las Farc como movimiento político está centrada en el cobro de impuestos a los cultivadores y a los intermediarios locales. No exportan, no entran en el mercado internacional. Tampoco menudean en Colombia. El mismo Acuerdo de La Habana así lo acepta [8].

La cuestión de fondo es esta: ¿hay o no una diferencia ética entre el rebelde que comete una violencia con una motivación altruista en nombre de un ideal colectivo de justicia, aunque equivocado, y el mercenario que comete la violencia por dinero? La importancia de la respuesta a esta pregunta tiene menos que ver con la naturaleza del ajuste de cuentas con el pasado que con la construcción de una sociedad más inclusiva en el futuro.

Democracia y renovación política
Una de las más promisorias facetas del Acuerdo de Paz colombiano es el camino que abre para la conversión de los guerrilleros en actores políticos. A mi entender, esta puede ser uma ocasión para renovar el sistema político, volviéndolo más diverso y más inclusivo. Para eso, sin embargo, es necesario que se cumplan tres condiciones: la primera es una profunda reforma del sistema político y electoral que permita dar voz y peso a las ventajas de la diversidad y de la inclusión. La segunda es que los guerrilleros se den cuenta de que el mundo cambió mucho desde que se fueron para el monte; muchas de las razones que les llevaron a tomar esa decisión están lamentablemente vigentes, pero las estrategias, los discursos, los mecanismos, los medios, las alianzas para luchar por su erradicación son hoy muy diferentes y no menos complejos; será necesario mucho desaprendizaje para abrirles espacio a los nuevos aprendizajes. La tercera razón es que los nuevos actores políticos tienen que ser reconocidos por la sociedad colombiana como actores políticos con pleno derecho; para eso es fundamental que no sean vistos como criminales comunes arrepentidos; de ahí la necesidad de que se reconozca fuertemente tanto su equivocación como el hecho de que lo hicieron por amor de lo que juzgaban ser el ideal del bien común de los colombianos.

He afirmado que Colombia puede ser el único país latinoamericano que le dé una buena noticia al mundo en la segunda década del nuevo milenio: la noticia de que es posible resolver pacíficamente los conflictos sociales y políticos, incluso los de más larga duración, y de que de tal resolución puede emerger una sociedad más justa y más democrática. Se trata al final de una apuesta cuyo desenlace está en las manos de los colombianos y de las colombianas.

Notas
[1] Ver también Giraldo Moreno (2015).
[2] Un disfraz tanto más peligroso en cuanto podemos estar frente a un desdoblamiento del paramilitarismo en dos tipos de paramilitarismo: el paramilitarismo legal, vinculado a compañías privadas de seguridad y otras empresas de apoyo de las Fuerzas Armadas; y el paramilitarismo ilegal, en la línea que lo ha sido tradicionalmente.
[3] Menciono solamente el brillante análisis del teólogo colombiano Javier Giraldo Moreno S.J., en su tesis de grado defendida en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana en 1977, La teología frente a otra concepción del conocer.
[4] César Castellanos, el pastor-vedette de la Misión Carismática Internacional, la megaiglesia que más rápidamente crece en Colombia, habló así recientemente a una multitud entusiasta en Pasadena, California: “we, nosotros, we saved Colombia from being handed over to communists! We saved Colombia from the destructive power of the spirits of homosexuality. We saved the traditional family. We saved Colombia from the ideology of Homo-Castro-Chavismo”. Ver Rebecca Bartel (2016).
[5] Eliminé algunas propuestas por haber perdido actualidad.
[6] La diversidad interna de los movimientos de mujeres, tantas veces poco valorada, está muy presente en el elenco de las organizaciones firmantes: “En el marco de la Segunda Cumbre Nacional de Mujeres y paz suscribimos: mujeres afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras, indígenas, rom, mestizas, campesinas, rurales, urbanas, jóvenes, adultas, excombatientes de la insurgencia, lesbianas, bisexuales, trans, artistas, feministas, docentes y académicas, líderes sociales, comunitarias y políticas, exiliadas, refugiadas y migrantes, víctimas, con limitaciones físicas diversas, sindicalistas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos, mujeres en situación de prostitución, comunales y mujeres de todos los credos”. Ver Segunda Cumbre de Mujeres y Paz (2016).
7 Ver la inquietante experiencia comparada en Javier Giraldo (2004). En el momento en que escribo recibo un perturbador comunicado de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), que ilustra perfectamente las trampas de la paz neoliberal:
“¡AFROCOLOMBIANOS SEGUIMOS PONIENDO MUERTOS!
DENUNCIA PÚBLICA:
LA ASOCIACION NACIONAL DE AFROCOLOMBIANOS DESPLAZADOS – AFRODES- DENUNCIA EL ASESINATO DE UN PADRE Y SU HIJO POR EL GRUPO PARAMILITAR LOS “GAITANISTAS” EN RIOSUCIO-CHOCÓ
A pesar de que estamos avanzado con la implementación del acuerdo de paz, que devuelve la esperanza de poder vivir en un país sin guerra, donde haya justicia y respeto para todos, los paramilitares continúan su accionar criminal contra defensores de derechos humanos sin que las autoridades tomen acciones concretas para proteger a la población civil. Juan de La Cruz Mosquera, de 54 años, y su hijo Moisés Mosquera Moreno, de 30 años, fueron asesinados por los paramilitares los “gaitanistas” en Riosucio-Chocó, Comunidad de Caño Seco, en el Río Salaquí. Un crimen que condenamos y exigimos no quede impune.
Juan de La Cruz Mosquera se encontraba viviendo en condiciones de desplazado en Riosucio, a donde llegaron personas conocidas y le invitaron a viajar a la Comunidad de Caño Seco, en el Río Salaquí, donde los paramilitares tienen una base de mando, la cual se encuentra a pocos kilómetros de la base militar del ejército. Una vez allá le pidieron llamar a su hijo Moisés, que se encontraba en la comunidad de Tamboral, com quien necesitaban resolver un problema; cuando este llegó, el día sábado 7 de enero, de inmediato fue asesinado. Su padre, quien se encontraba retenido por el grupo se enteró de su muerte el día lunes 9; de inmediato los confrontó y estos procedieron con asesinarlo. Juan de La Cruz nació y vivió con su familia en el Río Tamboral. En 1997, bajo la Operación Génesis, huyó con su familia hacia Panamá para salvar su vida. Allá vivió por varios años hasta que fueron repatriados contra su voluntad, teniendo quevolver nuevamente a su comunidad.
Juan de La Cruz y su hijo eran familiares de Marino Córdoba, presidente de Afrodes, a quien también le asesinaron un hijo en el mismo municipio a finales del año pasado; hechos que condenamos y del cual no se conoce investigación alguna. Juan de La Cruz era padre de 10 hijos, un hombre de fe, miembro y pastor de la Iglesia Pentecostal, miembro del Consejo Comunitario de la Comunidad de Tamboral, líder comunitario, muy trabajador del campo como agricultor. Un hombre al que el conflicto armado le separó a su familia mientras él se apegaba a su fe en Cristo y buenos ejemplos en su comunidad.
La violencia armada marcó la vida de la comunidad de Riosucio desde 1996, cuando bajo la Operación Génesis más de veinte mil personas fueron desplazadas, hubo innumerables asesinatos y desaparecidos, parte de sus pobladores fueron despojados de sus tierras para facilitar la siembra de palma africana y muchos aún siguen viviendo fuera. El municipio de Riosucio es uno de los más pobres del país, está localizado al norte del departamento del Chocó y su principal actividad económica es la explotación agrícola, la forestal y pecuaria. Antes de la guerra se vivía en comunidad, se compartía sin miedo y se viajaba sin restricciones. Hoy su población vive presa del miedo, secuestrados en su propio territorio, un acto que violenta el derecho internacional humanitario, que rechazamos.
Desde el 2015 los pobladores y organizaciones de derechos humanos han observado un fuerte incremento de hombres armados pertenecientes al grupo paramilitar “gaitanistas” en la región, quienes han llegado a la zona cruzando todos los retenes militares y mantienen control de la población civil sin que ninguna autoridad militar impida su accionar. Juan de La Cruz y su hijo se suman hoy a las decenas de famílias asesinadas y desaparecidas en la región, sin que la comunidad pueda denunciar estos hechos por temor a represalias, hechos que además quedan sin investigación y sin identificación de los responsables, mucho menos se obtiene respuesta de las autoridades.
AFRODES exige de las autoridades competentes que estos hechos no queden impunes.
• Exigimos a la Fiscalía nacional se investigue, identifique y judicialice a los responsables del asesinato de Juan de La Cruz y su hijo Moisés Mosquera.
• Exigimos al señor Presidente Juan Manuel Santos, ordenar a las Fuerzas Militares con asiento en la zona, cortar cualquier lazo criminal existente con grupos paramilitares y garantizar la seguridad y la paz en la región.
• Exigimos a las autoridades responsables garantizar seguridad a los familiares del padre asesinado y demás residentes de la zona.
• Solicitamos a Naciones Unidas, el cuerpo diplomático en Colombia y a organizaciones de derechos humanos acompañar a las comunidades y condenar estas violaciones sistemáticas.
Bogotá, 10 de enero 2017”
[8] Ver http://lasillavacia.com/historia/si-las-farc-insisten-en-los-viejos-esquemas-los-habran-emboscado-59215

Referencias
Bartel, Rebecca (2016), “Underestimating the force of the New Evangelicals in the public sphere: Lessons from Colombia, South America”, in http://blogs.ssrc.org/tif/2016/11/15/underestimating-the-force-of-the-new-evangelicals-in-the-public-sphere-lessons-from-colombia-south-america/ (consultado en 7 de Enero de 2017).
Molano, Alfredo (2015), “Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)”. Mesa de Conversaciones para el Acuerdo de Paz, Bogotá.
Moreno, Javier Giraldo S.J. (2004), Búsqueda de verdad y justicia: seis experiencias en posconflico. Bogotá: CINEP.
Moreno, Javier Giraldo S.J (2015), “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”, in https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/GiraldoJavier.pdf (consultado en 7 de Enero de 2017).
ONIC (2016), “Declaración Política: IX Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC”, Bosa, 14 de Outubro 2016, in http://www.onic.org.co/comunicados-onic/1523-declaracion-politica-ix-congreso-nacional-de-los-pueblos-indigenas-de-la-organizacion-nacional-indigena-de-colombia-onic (consultado en 19 de Enero 2017)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2011), Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá, Colombia: PNUD.
Revista Semana (2012), “Así es Colombia rural”, in http://www.semana.com/especiales/articulo/asi-colombia-rural/255114-3 (consultado en 19 de Enero 2017).
Uprimny, Rodrigo (2016), “Refrendación progresiva (II)”, El Espectador, 3 Diciembre.
Urrea, Danilo e Forero, Lyda (2016), Paz territorial y acaparamiento en Colombia, in https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/paz-territorial-y-acaparamiento-en-colombia (consultado en 7 de Enero de 2017).

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La paz en construcción que propone Colombia a través de los Acuerdos de La Habana trae consigo varias interrogantes, debido a la naturaleza del conflicto, las características de los actores dialogantes, la circunstancia histórica donde el gran capital y los gobiernos de facto son agentes intervinientes que direccionan los acontecimientos y pretenden imponer un fin de armisticio sin saldos ni deuda social. El dolor social, las angustias, los desplazados de sus territorios, las muertes por asesinatos, los falsos positivos para enumerar algunos casos son hechos relevantes que no están en los compromisos de los Acuerdos ni hay predisposición por resolver la reinserción social, recomponer los hilos y tejido asociativo, recuperar sus enseres los desterrados de sus lugares y aplicar la ley a un paramilitarismo que arrasó pueblos y comunidades.

Alainet
Robinson Salazar Pérez*
29 Aug 2016

Dedico artículo a Gladys Hernández Pinzón
Prisionera del conflicto y mujer valiente del centro colombiano.

Contexto
Asumir el reto de explicar, desde la perspectiva sociológica, los escenarios de pos conflicto en Colombia es una tarea encomiable, si tenemos en cuenta la naturaleza particular de las hostilidades en el país y asimismo los actores que participan dentro de la conflictividad, cuya multidimensionalidad brinda diversas y distintas aristas que están derivadas de los intereses en disputa y ante todo los agentes externos que marcan una incidencia sobre la posibilidad de construir una paz duradera.

Los antecedentes del conflicto que derivó en una guerra sin cuartel que avasalló ciudades, pueblos y veredas en los 4 puntos cardinales del país tiene muchas explicaciones y agregar otra versión no anexaría algo nuevo, más bien combinaría variables analizadas en anteriores estudios. Lo importante, desde el punto de vista particular, es brindar una reflexión que dé cuenta sobre los escenarios que pueden derivarse del pos conflicto y los riesgos que están dibujados en cada espacio de situaciones políticas en que van re-insertándose los actores desarmados y los que nunca renunciaran a las armas.

Un dato inalterable es el inicio de Siglo XXI que diseñó dentro de las estructuras políticas y los actores en pugna un mapa de gobierno militar con asesoría y capacitación externa (EE.UU) , una guerrilla empoderada en varios frentes de lucha y capacidad de fuego significativa, se advierte que sumaban en su totalidad cerca de 25 mil rebeldes, y un abanico variado de paramilitarismo que respondían a intereses de gobierno-militares, grupos de hacendados, gobiernos locales, a narcotraficantes y delincuencia asociada.

Saldos del conflicto
Un hecho que admitimos es la sensación de prisionero de la guerra que vive el país, no sólo por la confrontación sino por los efectos que han recaído una y otras veces sobre la población, los cuales se expresan o materializan en desempleo extendido, salarios escasos, desplazamientos humanos por amenazas y despojos, familias desagregadas por persecuciones, asesinatos y exilios, extorsiones, chantajes, amenazas y enrolamiento forzado en las filas del ejército de la nación, la guerrilla o grupos paramilitares.

Aquí estamos observando la complejidad de un acuerdo de paz duradero, dado que la firma de la carta de intención y pactar un cese al fuego bilateral no es suficiente para resolver el saldo que lleva construyéndose varios años, más aun, tiene marcas y registros en la subjetividad colectiva de la población, exacerbación contra el opositor, animadversión hacia los grupos alzados en quienes descargan responsabilidad de la situación de postración y cuadro de dificultades que atraviesan, intolerancia ante una paz que selle un perdón y olvido en familias desmembradas y/o con el dolor de un pariente muerto atrozmente.

Estas razones de carácter subjetivo que están presentes en el cuerpo social en muchas ocasiones impiden descargar cemento social en la urdimbre y en los lazos sociales de las comunidades rurales y urbanas, rompiendo los hilos asociativos de tal manera que entre los grupos y familias heredan los resentimientos, no hay miramientos ni reflexión mediada por las ideologías que portan o defienden los actores en luchas, sino que los adjetivos de terroristas, violentos, asesinos, violadores y malvivientes dan rostro a cada uno involucrado en la lucha, donde quienes los apoyan desde afuera, son colaboradores asesinos que forman parte de la red de complicidad de infiltrados interesados por lucrar con las muertes y la guerra. Y los que brindan simpatía interna actúan como reservorio alimentador de los alzados en armas.

La guerrilla, vista desde la perspectiva de grupo armado rebelde no obtuvo el consenso que disfrutó en los años 60 y 70 del Siglo XX, dado que su evolución le fue dotando de ciertas particularidades que en algunas regiones tuvo distanciamiento con las comunidades, en otras ocasiones el comportamiento de grupo insurgente chocó con las expectativas de los pobladores y el crecimiento expedito y repentino en algunos años, rompió la cadena de mando, asignó responsabilidades a luchadores no entrenados para conducir columnas armadas y muchos menos con sensibilidad para trasmitir el mensaje y objetivo de la lucha.

Fue una guerrilla masificada, con un hilo de conducción unipersonal, fincado en ideas patriotas, pensamiento hibrido que combinaba algunos preceptos marxistas con otros nacionalista agrarios, las asignaciones de mando en las columnas regionales fueron por lealtad, distinta a la guerrilla salvadoreña y nicaragüense, donde los frentes tenían un referente de liderazgo y perfil de formas de lucha para acceder al poder, para el caso colombiano no, de ahí que el crecimiento sin control de los frentes de lucha fue adquiriendo autonomía de mando, asumieron estrategia de sobrevivencia de nexos con el narcotráfico, venta de zonas de traslado y sembradíos, sin que existiera una autoridad que impidiera la distorsión de las formas de lucha.

La autonomía que tuvieron los diferentes frentes de batalla adolecieron de una línea de comunicación para tomar decisiones trascendentales, cada líder de columna decidía como transitar y entrar en batalla, de qué manera incorporaban nuevos soldados, los adoctrinamientos instituidos tenían sesgo y ante todo, el uso de estrategias de presión con la población rural o comunidades para obtener aceptación o silencio cómplice, fue minando la confianza y detonaron conflictos que no fueron subsanados hasta ahora.

Las disputas de intereses y los resultados de las amenazas, reclutamiento forzado, presiones por torcer voluntades de comunidades rurales e indígenas abrió una brecha irreconciliable entre el grupo insurgente y grupos sociales que no doblegaron su espíritu ni tradiciones ante los amedrentamientos, justo en esa hendedura los paramilitares hicieron su trabajo de inserción en las poblaciones y veredas apartadas, forjaron el espacio de tercer actor en la guerra y abriendo el abanico de la complejidad del conflicto en la medida que el ejército regular de la nación, guerrilla y paramilitares confrontaban en terrenos comunitarios ajenos a los intereses pero afectados enormemente por los saldos de la lucha y uso de las armas y explosivos.

Las veredas y comunidades rurales e indígenas poco a poco cayeron prisioneras del conflicto, los dispositivos coactivo y coercitivos de los alzados en armas (guerrilleros y paramilitares) de manera cotidiana sembraron en ellos persecución física y emocional con el propósito de que formaran parte de sus filas, prestaran sus servicios de informantes, correo de avituallamiento, incorporación de sus hijos como agentes armados, delator de enemigos y prestador de servicios especiales. El valor de la vida tuvo su justa dimensión en el mercado de la guerra, cuya tasación en la mesa de negocios tenia a la familia, la supervivencia, los hijos, la tierra, la casa, los animales, las herramientas y la dignidad para evitar el ultraje humano.

Fue una guerra sin cuartel en las comunidades, no se ganaba a tiros ni bombas, sino con doblegar al hombre o mujer, a la familia y la comunidad, hasta ponerla a su servicio no importando el costo, la renuncia a sus pertenencias u oficio, ganar un adepto o someter al otro y tenerlo a su disposición, era la otra cara del conflicto que se vivió en el interior de Colombia.

No había cabida a preceptos ideológicos, el sentido de la lucha estuvo tan profundamente perdido como la voz de auxilio en la garganta de las montañas del país, era otra forma de sobrevivir en un país prisionero de unas hostilidades con más de 50 años de existencia, donde el sentido de discordia armada entraba en la fosa disolvente, las razones de la disputa estaban disipándose y la guerra de exterminio abarcó otros espacios y escaques de la vida cotidiana que tuvo tintes de exterminio de locura o tragedia humanitaria.

Ahora bien, el estado calamitoso que fue extendiéndose hacia zonas productivas tuvo consecuencias infaustas, fincas ganaderas, tierras cultivables, riberas de ríos, puertos, barrios marginales, municipios conurbados absorbieron la tragedia, cordones de violencia inundaron las ciudades y la formula de exterminio que propuso el gobierno de Álvaro Uribe de tipificar a los grupos armados en terroristas, negar la guerra, arrasar con comunidades y grupos de ciudadanos inocentes para que aparecieran como trofeo de guerra y eliminación del virus terrorista, puso al país en estado de indefensión absoluta, los falsos positivos cuyo significado era asesinar a un grupo de personas inocentes, para que el ejército, fuerzas militares o el gobierno las muestren como “positivos en la guerra contra los terroristas” (En este caso los miembros de las FARC) elevó las cifras de homicidios a porcentajes alarmantes, los delatores comprados por gobierno proliferaron hasta ser utilizados para disipar rencillas personales, las imputaciones de delitos contra la paz, el gobierno o simplemente subversivo fue la carta que estuvo a la orden en los centros educativos, sindicatos, centros laborales y localidades cerca de zonas de guerra.

Las evidencias están en las estadísticas que circulan por los medios impresos y en las redes sociales. En 60 años de irresolución de disputa armada, 5.5 millones de víctimas ha sembrado por el sendero de la guerra, de los 87 pueblindígenas, 34 están en riesgo de extinción, el 10% de la población aborigen está fuera de su territorio por desplazamiento a consecuencias de la guerra, 2,683.355 es la suma de homicidios, de esa suma 1.163,218 son menores afectados por la conflictividad. A todo ello agreguemos 4,586 atentados en los últimos diez años, 400 mil refugiados, 500 mil delitos sexuales por violación, 3000 falsos positivos, 3 millones de hectáreas abandonadas y 5 millones 800 mil desplazados por despojo de sus pertenencias Y 2.087 masacres comunitarias. (S/A, 2013. Proyecto victimas)

Recogiendo lo más importante, el abandono, el escenario sombrío y el drama de despojo, dolor y olvido no está conjugado en el imaginario colectivo de las comunidades y grupos que fueron vencidos en la guerra que no era de ellos, porque despojarlos de sus pertenencias sin estar medido por el asesinato de un miembro familiar abre la posibilidad de reinsertarse en otro lugar, no obstante la muerte como eje central de despojo y abandono es un punto que convoca al dolor

El dolor de la muerte, la separación, la exclusión y privación de la libertad está asociado al ámbito social de ahí que lo definamos como dolor social. Pese a que el dolor social no cuenta en su registro una definición pre-existente, los componentes de angustia, separación de cuerpos, epidemia colectiva, desastres naturales y efectos de la guerra hereda un resultado dramático, catastrófico, espeluznante y calamitoso que inunda de sufrimiento, malestar y padecimientos a muchas personas de un territorio.

Entonces dolor social es todo aquello que daña las fibras que dan forma a la urdimbre social, corta de tajo los lazos familiares y sociales, irrumpe la circulación de diálogo por los hilos asociativos, resquebraja el cemento social de todo conglomerado y obnubila la mente, razón y visión de los aquejados, quienes buscan culpables en todo lo ajeno, en lo desconocido y hasta lo extraño en su cotidianidad. Ese culpable nunca es identificado, sólo es un ilusión para ocultar o apaciguar el dolor social.

Paradojas y drama social
Volviendo la mirada hacia atrás, yendo al Siglo XX en sus postrimerías, la globalización y su brazo operador el neoliberalismo, diseminó masivamente los preceptos de su doctrina del mercado y los beneficios que traía en la alforja si aplicaban ordenadamente las medidas indefectibles para modernizar el país: Privatizar la salud, el transporte, los servicios públicos y la educación, muchos acólitos arroparon las ideas privatizadoras e incluso la propagaron en estudios y discursos en actos públicos y centros de estudios. Sin embargo, en la realidad colombiana, en zonas rurales, veredas y comunidades indígenas esas recomendaciones no tuvieron espacios para su aplicación porque la lógica del conflicto conducía a una desposesión de la propiedad, una forma de desprivatizar en la medida que despojaban al pobre de sus raquíticos bienes y eran obligados a renunciar de la propiedad de su tierra, casa y animales domésticos.

La paradoja privatizar/despojar es la fuente del drama social en las zonas de hostilidades armadas, donde la conflagración tuvo de invitado a las fuerzas armadas de la nación, la guerrilla insurgente, los paramilitares y narcotraficantes y el apoyo logístico de los EE.UU en los bombardeos, todos ellos en un escenario ajeno a los lugareños, porque la comarca no era asentamiento insurgente ni paramilitar, sino corredor o camino de tránsito de los actores confrontados pero no pertenecientes a las comunidades rurales ni veredas.

Llama la atención la afectación y dolor social que anida dentro del espectro social y quienes lo portan y soportan, y cabe aquí destacar la naturaleza y particularidad de la guerra en Colombia. No todo el territorio estaba en conflagración, cada actor alzado en arma escogió una zona del país donde podía realizar un trabajo político y de reclutamiento paulatino; asimismo trazar una ruta de abastecimiento y logística de acopio de armas y avituallamiento, principalmente donde obtuviesen ventajas para atacar y refugiarse, de ahí la preferencia en zonas montañosas o territorio con geografía accidentada.

Es claro que tomar territorios ajenos como campo de batalla o refugio de entrenamiento provocó rupturas en muchos ambientes de la cotidianidad rural o indígena, irrumpió en trazos de vida y convivencia, en algunos casos sembró dudas y alimentó rencores que terminaron en alejamiento o fracturas en el tejido social, la sociabilidad tuvo como invitado a la discordia y los celos, la política confrontadora penetró la porosidad comunitaria y el dolor social fue germinando como plaga desgarradora en muchas regiones colombianas.

El primer asomo de la discordia fue la fragmentación social en la familia, en los nexos de amistades e inter-comunitarios o inter-veredas, sigilo, clandestinidad obligada, discreción en la socialización cotidiana, silencios cómplices o de simulación, prudencia y hasta delaciones mediadas por dinero u ofrecimiento material. Las consecuencias del dolor social se fueron orillando hacia la desembocadura de los odios armados y hasta la desunión por enrolarse de manera obligada a uno de los bandos confrontados.

Otro punto irascible fueron los desplazamiento forzados, se sintieron de manera tal que pareció un autoexilio sin abandonar el país, sin lazos ni nexos familiares tocó andar y desandar caminos de territorios recónditos hasta sentirse un paria en su país, muchas de las veces los hijos fueron transferidos a los abuelos o familiar que viviese en zona segura, sin embargo la mayoría de los hijos escindidos del tronco familiar no volvieron a ver a sus padres porque éstos fueron asesinados, de ahí que en la costa atlántica, los sitios fronterizos y las capitales crearon bolsones de refugio, guetos de desplazados que vivían de la solidaridad y la misericordia, pero ante todo fue el costal de oportunidades que tuvieron los paramilitares para enrolar o reclutar sicarios, sujetos de trabajo anónimo, faena poco remunerada a cambio de seguridad y ser parte de la red ilícita que sembró de pánico y muerte la extensa geografía colombiana.

Como si fuese poco los desastres dramáticos arrojados sobre las familias desgajadas de su territorialidad y de su grupo afín, los desplazados en un porcentaje significativo y en varias ciudades del país fueron adquiriendo la identidad de sujetos superfluos y/o “residuos humanos”, que comprende poblaciones de refugiados, desalojados y parias que son desterradas o excretadas por poca utilidad para el propósito que ocupa en el lugar de origen, entonces son reabsorbidas por otras comarcas o demandantes de su fuerza laboral asignándole una identidad distinta a la original, siendo una de ellas la de sicario por supervivencia.

Otro hecho revelador de la naturaleza del conflicto colombiano y el dolor social, es la re significación del dinero. Esto es, el recurso monetario tiene un significado que va más allá de la percepción salarial, ahora es un signo de opulencia, consumo, de estatus social y hasta de poder. La modalidad de exhibirlo varía de acuerdo al oficio de quien lo ostenta, en síntesis el valor añadido al dinero fue creando nuevos sentidos y significados alrededor de la moneda, de ahí que todo aquel que presuma y obtenga mayor cantidad de dinero ocupa un lugar singular en las esfera de la vida social.

El dinero como la pieza que está sobre todas las cosas era necesario obtenerlo no importaba la vía legal o ilegal, la ilegalidad escondida bajo la vestidura del dinero no fue ni es perseguida como delito, antes por el contrario, asumió el rol de suministrador de flujos en efectivo a la justicia y los custodios. Las avenidas y coordenadas del narcotráfico confluyeron en los “depósitos de sujetos superfluos”, el tráfico de droga en la versión de menudeo, nuevas drogas, traslado de mujeres, trata de blanca, tráfico de niños, ventas de armas, secuestros exprés, obtención de documentos oficiales, cambio de identidad, mercado de ilícitos plagaron las plazas, mercados y sirvieron, en cierta medida y tiempo perentorio, amortiguar el impacto de la guerra y posibilitaron la funcionalidad del mercado y sus negocios.

Otra forma que hubo de contribuir en la ilicitud y endiosamiento del dinero fue la tolerancia al delito, la estratificación de los sujetos desechables, de acuerdo a la cartografía urbana las ciudades se subdividieron en zonas o estratos sociales, cumplían una función de acuerdo a las necesidades y demanda de sus servicios, hubo sujetos descartables con desempeño de sicario para solventar adeudos entre comerciantes, otros coaccionaban para forzar ventas de propiedades, hubo quienes traficaban con armas y moneda falsa, venta de servicios de custodia, asesinar por encargo, a crédito y ajustar cuentas entre personas en desavenencia.

La nube extensa de la indiferencia e indolencia fue gradual y vertiginosamente ganando la subjetividad colectiva, la actitud insensible despreció a la política y la desvistió dejándola desnuda, sin posibilidad de orientar a la ciudadanía, de ofrecer un horizonte de certidumbre, los atropellos por parte de las fuerzas oficiales que destruyeron la barrera endeble de la seguridad social y pública y Colombia quedó en la frontera de un país sin imaginario de paz, tranquilidad y trabajo, mientras que los medios de comunicación vendían un poema ilusorio de nación tranquila, opulenta, ataviada por el consumo y las telenovelas que desmitificaban la vida de los narcotraficantes y sus nexos con fuerzas armadas y agentes de gobierno.

Es conveniente advertir que la sociedad de consumo es el espejo esquivo de los colombianos dado que la vida de la pantalla es lo oculto e inaccesible para la mayoría de la población, desde hace años impuso una moda en ciertos lugares de las ciudades, donde la singularidad era el signo del éxito y el prestigio, la medida es meta obcecada en el cuerpo y la geometría una medición inaplazable en las mujeres y hombres jóvenes. Los centros comerciales y espacios públicos privados son escenarios de presumir y lo barato y guetos de desplazados los lugares para sobrevivir.

¿Qué queda para negociar?
En el mercado de la política en el primer cuarto del Siglo XXI, los objetos transferibles y negociables son la seguridad para la inversión, la privatización de recursos estratégicos, la cesión de tierras para la minería y explotación agrícola extensivas, la adecuación de leyes para lucrar con los bienes públicos, impedir los reglamentarismos jurídicos vinculantes de imputaciones por desvíos de fondos u obras públicas, aceptación de las normas internacionales que imponen los grupos de facto, incorporar al país a la esfera de los tratados comerciales donde influyen los países potencia, domesticar a las fuerzas insurgentes mediante la revelación de acuerdos internacionales indisoluble en materia militar, tecnológica y sistema de compartimentación funcional estilo célula eucariota de bases de datos filtración de identidades para la seguridad hemisférica y garantía de estabilidad en la región y la nación.

Los aspectos inmanentes del conflicto entran en la agenda de la negociación, sin embargo no hay garantía de cumplirse por los plazos laxos, los recursos financieros insuficientes para atender la demanda de los factores humanos y de reinserción social, la poca profesionalización de los actores internos para atender el rompimiento de los hilos asociativos y traumas de la guerra y finalmente, la parte institucional que resguarde el cumplimiento de la totalidad de lo acordado en la negociación bilateral y cese al fuego.

Las cifras que requiere el pos conflicto ronda por 106 billones de pesos (unos 31.240 millones de dólares) durante los primeros diez años, aseguraron los miembros de la Comisión de Paz del Congreso, monto a aplicarse entre 2017-2018, las fuentes del financiamiento aun no están dadas a conocer, los países que han comprometido una ayuda al fondo de contingencia son: Canadá con 57 millones, Reino Unido 8.4 millones y EE.UU 450 millones, que suman 515.4 millones, la duda sobre el dinero faltante que se aplicará en la re sanación y en el proceso de reconciliación y reinserción social aun no se sabe de dónde provengan.

Lo que quedará irresuelto son los genocidios, falsos positivos y violaciones sexuales -consideradas como tortura- entre otros hechos de barbarie, producto de la venganza y del odio, están por fuera de las acciones de guerra, no hacen parte de los crímenes que podrán ser exonerados en el marco de una justicia restaurativa de fin del conflicto -que no es de perdón y olvido, de igual manera es menester entender que Los llamados falsos positivos de Colombia, -a pesar de la necesidad de pasar la página de la terrible tragedia, de la que pocos escapan unos como víctimas, otros como victimarios, unos como alentadores, otros como ejecutores-, no caben en la justicia restaurativa de fin del conflicto armado por ser crímenes de lesa humanidad que afectan la dignidad de la humanidad entera, contravienen el sentido de ser humanos de este tiempo. Son delitos que agravian no sólo a las víctimas y sus propias comunidades sino a todos los seres humanos, lesionan el núcleo de humanidad que todos compartimos y nos distingue de los demás seres de la naturaleza. Con los falsos positivos, hubo una agresión planeada contra miles de jóvenes extraídos de la población civil no combatiente que fueron asesinados con sevicia por miembros activos de las fuerzas militares. Fue una trasgresión generalizada y sistemática con pleno conocimiento del ataque humillante y bárbaro, que convierte a los agresores en objetivo legítimo de la humanidad que el pueblo debe llevar a la justicia. (Restrepo Domínguez, Manuel, 2016)

Como complemento está la estrategia movilizadora de La Minga que incluyó en el mes de mayo de 2016 acciones en 65 municipios de 23 departamentos, con 100 puntos de acción en los que participaron más de 100 mil personas denunciando los incumplimientos de acuerdos que se habían firmado con el gobierno y reclamando debatir el modelo de país, planteamiento que surgen de la Cumbre Agraria.

En relación con las implicaciones, la extracción de oro, cobre, plata, platino, plomo y zinc en el departamento de Tolima, para escoger un caso elocuente, el 30% del territorio del municipio, según las estadísticas de la Agencia Nacional Minera, se encuentra repartido en 99 títulos mineros otorgados con un área de 42.712 hectáreas, más 44 títulos mineros solicitados con un área de 33.251 hectáreas, es decir el 23% del territorio total del municipio. De estos, 27 títulos son propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti con un área de 31.354 hectáreas (73,4%), 1 título es de la Continental Gold Ltd con un área de 4.223 hectáreas (9,9%) y 3 títulos son de propiedad de Negocios Mineros S.A. con un área de 2.752 (6,4%) y 68 títulos son propiedad de otras empresas con un área de 4.382 hectáreas (10,3%).

Estas concesiones se encuentran en la cuenca del rio Combeima, que registra 39 títulos otorgados con un área de 7.595,4 hectáreas (27,7% del total), incluyendo la zona aledañas a la bocatoma del Ibal y la quebrada Cay. A apenas 17 kilómetros del casco urbano de Ibagué, en el domo del volcán Machín, se registra 1 título minero otorgado con un área de 160,5 hectáreas (37,2% del domo), más 2 títulos mineros solicitados con un área de 269,7 hectáreas (62,8% del área total del domo). Tampoco se salvan los páramos, donde se registran 10 títulos otorgados con un área de 5.297,2 hectáreas (30,4% del área total de páramos). (Gutiérrez D. José Antonio, 2016)

No son ingredientes directos del conflicto pero son parte del espectro social que el gobierno licitó o concesionó de manera arbitraria aprovechando la mampara de la guerra y los decretos exprés que diligenció gozando de atribuciones extralegales o en contubernio con sectores del congreso nacional. El daño ecológico, el impacto socio-ambiental, el envenenamiento de las aguas, la contaminación de sectores de la población y los recursos que no son reconocidos ni entregados al departamento van fraguando un malestar que moviliza muchas poblaciones y comunidades, los cierres de caminos y carreteras son parte del arsenal de lucha, sin descartar que el Tolima tiene una larga trayectoria en grupos armados y experimentados líderes que han participado en diversos movimientos y confrontaciones políticas.

Hasta el presente la iglesia, cómplice y agente importante dentro del conflicto no aparece con rol protagónico, hay mucha implicancia de la institución eclesiástica en las desapariciones y muertes, PacificSchool of Religion en Berkeley, California, y su programa de ChangemakerFellowship, elaboraron un informe de insumo para la comisión de la verdad, agrupando más de 40 casos en los que se demuestran la participación activa de la iglesia católica en la guerra, mencionando nombre y lugar donde desempeñan su labor los representantes de la iglesia colombiana. (ALPINSAN, 2016)

En cuanto a los militares retirados y un sector de alto rango al igual que grupos de las FARC, se oponen a los acuerdos expeditos celebrados en La Habana, los lugares de reagrupación no son bien consensuados dentro de los guerrilleros, la entrega de armas aun es un aspecto dilemático, la sociedad civil no cuenta con espacios dialógicos para consensuar el nuevo escenario que deviene en los próximos meses. Los partidos políticos esconden sus mejores armas discursivas, observan, sopesan la plataforma divulgativa y propagandística del gobierno pero están absorto ante las fechas del fin del armisticio sin que se sepa cuál va ser el destino de más de 20 mil miembros de las FARC si contamos los soldados armados y los de cobertura y soporte contrainsurgente.

Cabría preguntarse, ya para finalizar la reflexión sobre el devenir de una paz firmada mas no construida.

Cuáles son los beneficios de los muchos pueblos en Colombia unidos por la pobreza y el dolor social, que transitan a diario por calles y caminos sombríos con una alforja llena de angustia y vacía por la des identidad nacional que los arrojó como parias, escuchando el sonido de la globalización ajena, la paz negociada en una mesa ausente de actores implicados; con una almohada que en las noche recoge sus pensamientos que atesoran un dolor por tantos sentimientos reprimidos que fueron vasija de largos episodios nutrientes de violencia armada que robó el futuro de los niños, cerro el cielo con nubes de incertidumbre sin sello ni apellido, abandonados y recogidos en el ayer y viviendo un perpetuo presente.

Nada bueno se asoma, así es la vida de Gladys Hernández Pinzón, la colombiana que es universo y singularidad de un pueblo que agotó las provisiones de la esperanza.

Notas:
S/A, 2013. Proyecto victimas – Revista Semana, leído en http://www.semana.com/especiales/proyectovictimas/#intro
Restrepo Domínguez, Manuel Humberto, 2016. Falsos positivos: barbarie sin exoneración, http://www.alainet.org/es/articulo/178851, leído 18 de julio de 2016
Gutiérrez D. José Antonio, 2016, Tolima, el corazón de la disputa por los territorios y la resistencia a los megaproyectos/ Publicado en la Revista El Salmón, edición N° 26, junio de 2016. Universidad del Tolima, tomado de https://www.rebelion.org/noticia.php?id=213385
Alpisan, 2016, Obispos y sacerdotes vinculados con crímenes del paramilitarismo en Colombia, leído en http://www.rebelion.org/docs/214314.pdf, miércoles, 06 julio 2016

*Sociólogo y director de www.insumisos.com. E-mail: salazar.robinson @gmail.com

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Después de tantas décadas de conflicto, este proceso de paz y su fin exitoso devuelve a Colombia su lugar entre los países del mundo y del continente que buscan por una vía democrática sociedades más justas, más inclusivas y más pacíficas”, afirma Boaventura de Sousa Santos en esta entrevista fundamental.

Boaventura de Sousa Santos en Colombia, donde recientemente presentó dos libros. Foto: Steven Navarrete Cardona

Fuente: El Espectador, 20 de octubre, 2014.

Autor de la entrevista: Steven Navarrete Cardona (El Espectador).

Boaventura de Sousa Santos es uno de los sociólogos más renombrados del mundo y ha recibido diversas distinciones y doctorados honoris causa por sus reflexiones sobre la justicia y el derecho. En entrevista con El Espectador, —justo cuando los diálogos entre el gobierno Santos y las Farc cumplen dos años— este profesor emérito de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra advierte que “la paz no será barata, pero el resultado compensará mil veces todo el esfuerzo”. Añade que si hay un acuerdo final con las Farc, “será el acontecimiento más trascendente de América Latina en esta segunda década del milenio”.

¿Qué opina del proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba?

Negociar la paz es siempre importante en un mundo que parece ir hacia una guerra civil global. Este es un proceso de negociación distinto de los anteriores, con más apoyo de la población y con un vasto conjunto de acuerdos que hacen creer que es irreversible.

Muchos sectores que se oponen al proceso de paz han señalado que falta compromiso de los actores que están negociando. Desde una perspectiva internacional, ¿usted qué opina?

Hay señales de que este proceso es llevado muy en serio por todos los involucrados. Las Farc han renunciado a los cultivos ilícitos; los altos mandos militares participan en las negociaciones; fue creada una Comisión Histórica sobre el Conflicto y sus Víctimas para servir de futuro cuadro a la Comisión de Verdad, que ciertamente será constituida en el inmediato posconflicto. Por otro lado, quien ha promovido recientemente el odio visceral contra las Farc hasta el paroxismo ha sido el uribismo, pero esta corriente parece estar en proceso de pérdida de peso político.

¿Usted qué opina de la participación de las víctimas en el proceso de paz?

La participación de las víctimas es fundamental, porque muestra la complejidad del conflicto e invita a un consenso mínimo. Todas ellas son parte de una comunidad de dolor y de sufrimiento. Si el proceso de paz es irreversible, como creo, Colombia está en vísperas de evidenciar al interior del continente y en el mundo que las guerras civiles y otras no son eternas y que asimismo las más duraderas pueden terminar en una resolución pacífica, digna y honrosa para todos los actores involucrados en el conflicto.

¿Cuál es la importancia histórica del proceso de paz?

Después de tantas décadas de conflicto, este proceso de paz y su fin exitoso devuelve a Colombia su lugar entre los países del mundo y del continente que buscan por una vía democrática sociedades más justas, más inclusivas y más pacíficas. La primera década del milenio resultó luminosa en el continente con muchos avances sociales y políticos en países como Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina y Chile que buscaron, en pleno régimen democrático y con base en un amplio movimiento social, mejorar la vida de las clases populares. Debido a la violencia y a la tutela de los Estados Unidos, Colombia pasó al margen de este proceso, visto por muchos como un país intrínsecamente problemático e incapaz de liberarse de una política de drogas que lo mantuvo rehén de los Estados Unidos y que atribuía a Colombia el infeliz mandato de Estado-satélite del ‘big brother’. En un momento en que las experiencias más exitosas del continente en la década pasada dan señales de agotamiento, Colombia emerge como el país protagónico de un nuevo impulso democratizador, progresista, social y políticamente incluyente en el continente. Si resulta exitoso el proceso de paz en Colombia será el acontecimiento más transcendente de América Latina en esta segunda década del milenio.

¿Cómo hacer para que el posconflicto no se convierta en un escenario más agudo que el mismo conflicto?

En principio es importante que el Estado garantice la seguridad de los exguerrilleros. El hecho de que los altos comandos militares participan en la negociaciones muestra dos cosas: que al contrario de lo que dicen los uribistas, los militares saben que no están en paridad con la guerrilla. Pero saben también que si no garantizan la seguridad de los exguerrilleros su responsabilidad como pilar crucial de la sociedad colombiana quedará muy afectada.

En segundo lugar hay que ver que la élite colombiana está dividida. El pasado no se repetirá si los sectores que valoran el beneficio de la paz son más fuertes. En el nuevo marco del neoliberalismo internacional dominado por el capital financiero y la explotación de recursos, es una incógnita saber en qué medida las multinacionales, siempre menos sensibles al sufrimiento que causan a las poblaciones, van a definir planes de inversión que obedecen estrictamente a los acuerdos de paz, o si al contrario buscarán ganancias extraordinarias mediante articulaciones con los paramilitares. Este sería el trágico fin del proceso de paz. En tercer lugar, todo depende de cómo la justicia transicional va a ser diseñada. El consenso en la sociedad colombiana respecto a la paz puede ser traicionero, en la medida en que todos quieren que llegue la paz desde que sea barata. La paz no va a ser barata, va a exigir recursos jurídicos, económicos, culturales y políticos inmensos. Pero el resultado compensará mil veces todo el esfuerzo.

En el tema de las drogas y los cultivos ilícitos ¿qué debería incluir el Marco Jurídico para la Paz para blindar el escenario del posconflicto?

La tendencia histórica produciría que Colombia y otros países del continente y del mundo legalicen las drogas. Solamente una política de drogas que vaya en esta dirección puede liberar a Colombia de la tutela de los Estados Unidos y su política del prohibicionismo, orientado a la penalización de la producción y no del consumo.

¿Y la ‘cuestión agraria’?

La reforma agraria debe ser conducida de buena fe. Las reservas campesinas pueden llegar a 10 millones de hectáreas; si bien no será demasiado, será suficiente para dar credibilidad a la idea de una nueva Colombia, más justa a puertas de emerger de la paz.

¿Cómo analiza el tema de la participación política de quienes se desmovilicen?

La entrega de armas no puede significar la desmovilización política. Es muy importante que las Farc puedan participar organizadamente, solos o en articulación con otras fuerzas políticas en la vida política de Colombia. Las Farc se equivocaron (si no en el inicio, por lo menos en las últimas décadas) en el tipo de lucha política que privilegiaron, pero sus objetivos de luchar por una sociedad colombiana más justa, más incluyente, sobre todo para las poblaciones campesinas pobres, son tan necesarios como hace décadas. Por otro lado, hubo tantos avances en otros países que las demandas de las Farc son hoy menos radicales que antes. Los términos de la participación política serán un acuerdo crucial.

Se ha producido candentes debates frente a la penalización. ¿Usted qué opina?

Judicializar no implica necesariamente penalizar. Es necesario afirmar que la paz está primero y la judicialización después. De hecho, esta es la historia de todos los conflictos que se resolvieron con la paz. Los que asumen una actitud purista, legalista y penalizadora deberían leer la historia del fin de la guerra civil de Estados Unidos, una guerra violentísima. De todas formas las Farc deben responderles a las víctimas y rendir cuentas por las atrocidades que hayan cometido. Hacerlo es en esta coyuntura histórica una de las actitudes más revolucionarias que puedan tener, no sólo por el respeto a las víctimas sino porque eso consolidaría la paz.

¿Y cuál es el papel del perdón?

Sin perdón recíproco y sin respetar la dignidad de los combatientes no habrá paz duradera. Muy recientemente tuve la oportunidad de defender el trabajo de la CIDH. Pero estaré en total oposición a ella si, con una visión descontextualizada del conflicto colombiano (un conflicto muy prolongado, con enorme diversidad de víctimas y victimarios), se deja dominar por una obsesión o miopía legalista y justicialista. Es una actitud hostil con Colombia forzar este martirizado país a una inmensa pesadilla de procesos judiciales que van a contaminar toda la sociabilidad, liquidar el resultado de la paz y sobre todo van impedirle al país repensarse como país pacífico y transformarse en un embajador de paz.

Boaventura de Sousa Santos es director del Proyecto ALICE: Espejos extraños, lecciones inesperadas. Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad de Coímbra.

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En esta importante entrevista realizada para el diario El Espectador de Bogotá, Boaventura de Sousa Santos habla sobre la crisis en Europa, así como del neoextractivismo en América Latina. Plantea también un conjunto de consideraciones necesarias en torno a los diálogos de paz en Colombia. Versión íntegra de un diálogo imperdible.

Paz para Colombia. Ilustración: Blog Signos de izquierda.

Entrevista: El Espectador.

Versión completa editada por ALICE News.

El neoextractivismo está acabando con América Latina”

¿De qué se trata su último libro?

Durante mi estadía en Bogotá lancé dos libros: Democracia al borde del caos (Siglo del Hombre) y Democracia, derechos humanos y desarrollo (Dejusticia). El primer libro es un intento de teorizar la crisis de la democracia en el continente (Europa) que se auto-designa como el que inventó el ideal de la democracia y lo concretizó históricamente con más consistencia. La crisis resulta en buena medida de la contaminación de la política democrática por el neoliberalismo económico, la cual se traduce en la crítica del Estado social, en la pérdida de derechos sociales y la privatización de las políticas de salud, educación y seguridad social. Me preocupa de sobremanera esta pérdida de los derechos fundamentales. Desde los orígenes de la democracia en la época moderna hubo una  tensión entre los valores democráticos y la lógica de acumulación del capitalismo. Después de la segunda guerra europea lo determinante fue la disputa entre capitalismo y comunismo. Gracias al temor del avance del comunismo en los países capitalistas, el poder capitalista hizo concesiones a los trabajadores (los derechos laborales y, en general, los derechos económicos y sociales) y permitió una tributación progresiva (tasas de tributación más altas para los más ricos). Al desaparecer el gran enemigo comunista a fines de los ochenta del siglo pasado, las concesiones de este capitalismo con rostro humano desaparecieron y el campo político y la socialización, así como la participación, van a ser muy complejos, sobre todo para los ciudadanos porque en este escenario de desconcierto han perdido su espacio de participación política y de deliberación democrática.

¿Está saliendo Europa de la crisis con los ajustes estructurales?

En este momento no vemos una salida muy clara, además de que tenemos otras tensiones internas. Seguimos dominados por gobiernos conservadores, la Unión Europea y la Comisión Europea  siguen dominadas por una lógica neoliberal. El dominio alemán en la política  económica sigue siendo hegemónico y de corte neoliberal. Por ello sigue la austeridad. Los partidos socialistas que podrían ser una alternativa no lo son, como lo evidencia la renuncia de tres ministros en Francia por las decisiones de Hollande, que quiere continuar con los recortes financieros y la política de austeridad. Hay movimientos a la izquierda de los partidos socialistas que están apuntando algunas soluciones: Syriza en Grecia, Podemos en España, Bloque de Izquierda en Portugal. Pero ninguno de ellos (excepto Syriza) puede tener aspiraciones de ser gobierno

¿Pero no hay una alternativa y esperanza política frente a este sombrío panorama?

Una alternativa ha surgido en la movilización política que comenzó con “los indignados” en España. El problema que enfrentan algunos movimientos sociales hoy en día es que muchos son buenos en protestar, pero se les dificulta la práctica política y por ello tuvieron una interrupción. En España lograron convertirse en un nuevo partido: Podemos, que está teniendo éxito electoral y está obligando al PSOE, uno de los partidos que más giró a la derecha en el pasado, a replantearse.

¿Y qué está sucediendo con la izquierda europea y específicamente en un país como Portugal? Aquí muchos recuerdan los reportajes de Gabo cubriendo la revolución del año de 1974, la Revolución de los Claveles.

En Portugal hay unos partidos pequeños que están intentando entrar en una nueva alternativa de izquierda. Es lo que describo en mi libro en el último apartado titulado “Once cartas a las izquierdas”. En general pienso que las izquierdas tienen que refundarse para liberarse de los dogmatismos originarios y de luchas fratricidas a lo largo de décadas que dejaron heridas profundas. La huella del divisionismo y el dogmatismo es profunda. En Europa la dificultad de articulación es que éste tiene que ocurrir a nivel nacional y a nivel europeo. En Portugal y España mucho dependerá a nivel nacional del entendimiento entre partidos socialistas y partidos más a la izquierda. Pero esto reclama otra articulación entre partidos y movimientos sociales, el nuevo tipo de partido-movimiento. Eso solamente se está ensayando en España.

Por  las noticias que llegan de Europa, sabemos que Grecia necesita un rescate social y económico urgente.

Si la Unión Europea fuese una alianza política y económica, como estábamos convencidos, no existiría una “deuda griega” sino europea y sería asumida como tal.  La deuda griega era muy pequeña en el conjunto  europeo, bastaba que se asumiera como deuda europea y las tasas de interés hubieran sido muchísimo menores. Pero Alemania decidió rechazar dicha propuesta para proteger a sus bancos. El nuevo nacionalismo europeo nació en ese momento

Lo que usted señala es muy grave. ¿Se ha perdido el sentido con el cual se quería formar la Unión Europea?

Estamos ante el resurgimiento de viejos nacionalismos al interior de las diversas regiones de Europa, que datan del siglo XV y contraponen al norte y al sur. Así se hace evidente cómo algunos países siguen viendo a otros con prejuicios colonialistas, por ejemplo concibiendo que los españoles o los portugueses son perezosos o poco cumplidos, cosas de este tipo. Con la Unión Europea ya había cambiado un poco, pero dicha comunión colapsó. No existen hechos que nos digan lo contrario. Además, existe una gran desconfianza ante el fortalecimiento del nacionalismo alemán. Ya causó dos guerras mundiales, aunque en esta oportunidad no se trata de un poder militar sino de un poder económico.

Algunos proponen eliminar la Unión Europea

Sociólogos muy conocidos como Wolfgang Streeck dicen que lo mejor sería eliminar la Unión Europea, porque las soluciones políticas que se tenían anteriormente para resolver la crisis, entre ellas el manejo político de la moneda o del Banco Central, son inaccesibles en la UE. Tenemos una crisis económica neoliberal crítica, pero no tenemos los instrumentos para resolverla. Es una situación de Catch-22, sin salida, compleja y depresiva. Hay varias propuestas, algunas más radicales que otras: salir del euro sin salir de la UE; o eliminar ambas.

Todo este escenario se complejiza con el ascenso de partidos nacionalistas y  neofascistas. ¿Por qué están surgiendo partidos con ideologías que se creían ultimadas?

Este tema es muy preocupante, sobre todo en Francia, donde está el Frente Nacional, lo que constituye una narrativa preocupante y permanente que viene desde muchas décadas atrás, y se afincó. El nazismo y el fascismo fueron experiencias que duraron muchos años y que se quedaron en el imaginario social europeo. En realidad no desaparecieron porque no se hicieron muchas de las cosas que eran necesarias hacer para terminar con ellos definitivamente.

¿Cómo se manifiestan estas narrativas no manifiestas pero sí latentes en la vida política de Europa?

Por ejemplo una de las cosas a las cuales nunca se hace referencia es que Alemania no pagó su deuda a Grecia por la ocupación y destrucción en la segunda guerra europea, y en la actualidad cobra la “deuda griega”, lo que constituye una injusticia histórica tremenda. Bastaba con que Alemania hubiera pagado su deuda para que Grecia pudiera seguir adelante. De allí surge todo ese imaginario social de hostilidad, de ‘soberanismo’ y de nacionalismo de derecha, demasiado peligroso ya que impulsó a un derramamiento de sangre sin precedentes en el mundo, convirtiendo a Europa en el continente más violento del mundo. Nunca murieron tantas personas en guerras como en Europa en el siglo XX. Se calcula que el saldo de muertos en la segunda guerra europea (no es mundial) es de 60 a 85 millones de personas.

¿Por qué dice que no son guerras mundiales?

Son guerras europeas, no mundiales, en tanto que Europa dominaba el mundo había extendido dicha narrativa, por supuesto que tuvieron teatros  de operaciones en África y Asia. Europa es un continente muy violento. La idea de los valores europeos es muy reciente y surge después de tanta sangre desde las guerras religiosas de los siglos XVI-XVII, luego los Estados modernos seculares.

Está claro que la Unión Europa como organismo generador de cohesión fracaso, ¿qué entidad propone para remplazarla?

Estoy a favor de una Unión Europea de los Pueblos con una igualdad democrática tanto económica como política, donde prime la solidaridad y la reciprocidad que pensamos ya estaban consolidadas, pero la crisis de Grecia  se encargó de mostrarnos que no es así. Para Alemania fue muy fácil decir: “esto no tiene que ver con Europa, es un problema griego”. Entonces mañana será un problema portugués, pasado mañana un problema español, y con dicha actitud destruyó todas las posibilidades de dar una respuesta rápida a una crisis que no era tan grave. Portugal no tenía un problema económico tan complejo como el que vive ahora. Fue realmente el juego de la especulación y la tardía respuesta lo que agravó todo. Algunos tanto desde la derecha como desde la izquierda vuelven a defender el viejo nacionalismo europeo, pero en general en Europa el nacionalismo fue conservador, autoritario, xenofóbico.

La xenofobia está en aumento, y quienes llevan en muchos casos los peores problemas en la crisis son los inmigrantes.

Europa tiene una deuda histórica con los países donde ejerció un yugo colonial, y debería ser saldada, convirtiéndose en un escenario de acogida a la diferencia, lo que podría iniciar con la elaboración de una nueva política migratoria, en una verdadera apuesta ‘intercultural’, no ‘multicultural’, ya que mientras la primera hace referencia a la estrecha relación, interacción e integración de las culturas, la segunda hace mención a una vaga tolerancia a la diferencia sin ningún tipo de interés por la cultura del otro.

Para salir de la crisis, algunos analistas proponen regresar a la moneda nacional de cada país, ¿esto tiene alguna viabilidad?

La salida del ‘Euro’ es un debate muy candente que algunos han venido poniendo sobre la mesa. Cualquier salida que no sea organizada y mínimamente negociada, resultará en un gran sacrificio para las familias. Una solución así podrá verse medianamente dentro de tres a cuatro años, pero a corto plazo sería doloroso. Con apuestas como éstas, donde tu dinero nacional valdría cinco veces menos que el Euro, y algunas deudas están denominadas en Euros y tu dinero en moneda nacional, entonces eso sería una solución de ruptura.

¿Y el surgimiento de una solución lenta?

Dicha solución va a surgir a mi juicio dependiendo de dos condiciones: la primera es el surgimiento de un agente político de izquierda capaz de cambiar el rumbo y la segunda puede ser cuando la crisis llegue a Alemania y Francia. La crisis está llegando ya a algunos países nórdicos, como está sucediendo con Nokia en Finlandia. El crecimiento económico de Alemania y Francia es casi nulo.

¿Entonces usted afirma que la crisis dará un giro cuando toque las puertas de Alemania?

Exacto, y hará repensar las cosas. Existe un imperio financiero dentro de Europa que se posicionó de una manera muy sutil y que será muy difícil desalojar. Pero por otra parte, cuando hay crisis en Alemania las cosas no son muy buenas para Europa, como ejemplo tenemos las crisis financieras que vimos en los años anteriores a la era de Hitler. Así que soy un optimista trágico, como siempre digo, veo las dificultades pero me reúso a no ver alternativas a este statu quo que resulta en una lógica de producción de desigualdad, de desalojo y de persecución del campesinado en todos los continentes. El problema de Europa es un problema en miniatura del problema global  que atravesamos y que los pueblos de otros continentes ya sufrieron.

¿Qué hace entonces que América Latina no esté pasando por una crisis tan severa como la que afronta Europa?

Porque América Latina tiene recursos naturales que resultan en una inyección a su economía. El boom de los recursos naturales está siendo el motor del crecimiento.

En ese sentido, ¿qué papel juega América Latina en el escenario mundial hoy?

Pienso que tenía un papel muy importante en traer una alternativa al desarrollo capitalista, en manos de las fuerzas populares, como lo evidenció  el Foro Social Mundial, que no por coincidencia emergió el año 2001. Por supuesto en ese entonces ya se había consolidado la Venezuela de Chávez, pero van a surgir luego gobiernos populares en Brasil, Bolivia, Argentina y Chile, lo mismo que en Uruguay y Paraguay. Ello resulta en la consolidación de la emergencia de movimientos sociales y populares que produjeron realmente una alternativa “posneoliberal”. Todos estos gobiernos progresistas se declaran posneoliberales e inician una política con justicia social, con redistribución social. Por ello América Latina es el único continente en el que fue posible hablar de socialismo del siglo XXI, no tiene sentido hacerlo por ejemplo en África o en Asia.

¿Y la alternativa “posneoliberal” se mantiene hasta hoy?

En esta segunda década estos gobiernos progresistas continúan declarándose posneoliberales y tienen alguna razón, pero no toda la razón. ¿Por qué podríamos llamarlos posneoliberales? En parte debido a que el Estado maneja mucho más la economía, es un interventor de la misma. Además, se nacionalizaron muchas empresas en el caso de Bolivia y Ecuador. Es decir, existe un activismo estatal más fuerte que va en contra del neoliberalismo y es por ello que el neoliberalismo internacional no perdona a estos gobiernos y quiere destruirlos. Ahora, ¿cuál es la forma de operar de estos países? Bueno, son posneoliberales internamente para lograr alguna medida de redistribución social, pero no cuestionan al neoliberalismo internacional, al capitalismo financiero ni a las reglas de libre comercio y van a jugar bajo las reglas de dichos tratados. El modelo de desarrollo es neoliberal.

Usted ha tocado un tema central en cualquier agenda política. ¿Qué posibilidad jugó entonces la disponibilidad de recursos naturales en la consolidación de estos gobiernos progresistas?

Fue determinante en la explotación sin precedentes de los recursos naturales. El capitalismo financiero está manejando todo este modelo de desarrollo neoextractivista, así llamado por su intensidad. Existe un retroceso en todo lo que resultaba llamativo por ser una alternativa, como por ejemplo las políticas de autodeterminación de los pueblos indígenas en Bolivia (que es la mayoría de la población) o Ecuador. En la segunda década vamos a enfrentar la destrucción de un territorio indígena y un parque natural nacional como el TIPNIS en Bolivia y el Yasuní en Ecuador, con una carretera y una explotación petrolera. Es así como todas estas conquistas constitucionales, que fueron fuertes en las décadas pasadas en Bolivia, Ecuador y Brasil, se perdieron porque el capitalismo internacional los obliga a caer en un neoextractivismo completamente obsesivo. Para hacer megaconstrucciones tienes que desplazar a los indígenas y campesinos, no hay alternativa bajo esa lógica.  Esos gobiernos se quedaron sin alternativa y por eso son ambiguos, son cada vez más neoliberales y menos posneoliberales.

Es un dilema muy complejo, porque muchos analistas argumentan que no hay forma de librarse de los préstamos internacionales sino creciendo económicamente, haciendo uso de sus propios recursos naturales, por supuesto esto tiene costes ambientales y sociales terribles…

La explotación de los recursos naturales fue para lograr una mayor redistribución al interior de los países, haciendo uso del mismo modelo de desarrollo, lo que condujo a que no hubiera una transición a un nuevo modelo. Todas las mejoras son muy importantes y hay que acogerlas. Estos gobiernos aprovecharon ello, pero no hubo una reconversión y diversificación industrial; al contrario, lo que se puede palpar es el afincamiento del sector primario, la “reprimarización de las economías”, lo que resulta en algo equívoco, incluso en Brasil que tiene gran potencial industrial. Lo que mueve la economía en los países latinoamericanos son los recursos naturales. Es por ello que hay más de 5.000 proyectos en la Amazonia que van a destruir obviamente sus ecosistemas. Así, todo ello resulta en la destrucción de un modelo político que se pensaba alternativo y en sus inicios era muy creíble.

¿Existe la alternativa de conciliar una organización productiva sostenible que favorezca a las poblaciones de los países y cuide el medioambiente?

No tenemos otra opción, tiene que haber. Debemos pensar una forma de producción alternativa al extractivismo, que está destruyendo a América Latina y al mundo. Sus ciclos arrasan con la fertilidad de la tierra llevándola hasta el límite. Muchas regiones ya están desertificadas porque no soportan dicho saqueo. Es la primera vez en la historia que el capitalismo enfrenta los límites de la naturaleza. Hemos pasado de la contradicción entre capital y trabajo a la contradicción existente entre capital y naturaleza, lo que se demuestra en el calentamiento global y los desastres climáticos y la escasez de agua. Por otro lado debemos revalorar todas las economías anticapitalistas que existen en el mundo, las economías campesinas, indígenas y solidarias que buscan una reciprocidad con respeto de la naturaleza.

¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie para enfrentar estas crisis y salvaguardar la naturaleza?

El ciudadano de a pie se siente más pequeño ante las lógicas de poder que lo trascienden. El poder es tan fuerte que tú no te imaginas cómo  individualmente puedes hacer algo en su contra. Existen dos niveles en los cuales podemos pensar una alternativa. Por un lado, no hay emancipación sin autotransformación. De alguna manera, en tu vida tienes que dar testimonio de una alternativa por más pequeña que sea, en tu familia, en tu casa, en tu escuela, en tu lugar de trabajo, tienes que dar testimonio de democracia y de conciencia ambiental, porque hoy en día el poder está en manos de antidemócratas. Pero individualmente puedes hacer muy poco por la realidad a la que estás sujeto. Por ello el segundo nivel para pensar una alternativa es repensar la política de nuevo,  participar activamente en la formulación de  políticas no solamente a nivel municipal sino a nivel nacional. En América Latina se hicieron algunas apuestas interesantes como los presupuestos participativos, consejos nacionales sectoriales de salud y educación, donde la sociedad civil realmente organizada participaba en la producción de políticas públicas.

¿Y usted cómo contribuye al cambio social?

Nunca seré un intelectual de vanguardia, sino de retaguardia. Para hacer teoría de vanguardia y ser parte de la misma hay que separarse de la sociedad que quieres guiar. El intelectual de retaguardia, por el contrario, va con los movimientos sociales, caminando al mismo tiempo y se deja sorprender por la creatividad social, busca dar cuenta de lo que está pasado, pero al mismo tiempo dejando ecos donde la creatividad va surgiendo, trabajando con los movimientos sociales, de campesinos, de indígenas, de mujeres. En la Universidad Popular de los Movimientos Sociales (UPMS) realizamos diversos talleres y buscamos el acercamiento de los espacios y movimiento para que tome lugar lo que yo llamo “Ecología de saberes”, donde se combina el saber científico junto al saber popular.  Estamos discutiendo un mundo nuevo, pero siempre teniendo en cuenta los nuevos factores que surgen en la sociedad, lo que denominé “Sociología de las emergencias”. Ese sentido estamos trabajando.

Colombia emerge como el país protagónico de un nuevo impulso democratizador”

¿Qué opina del proceso de paz que se adelanta en La Habana?

Negociar la paz es siempre importante en un mundo que parece ir hacia una guerra civil global. Éste es un proceso de negociación distinto de los anteriores, con más apoyo de la población y con un vasto conjunto de acuerdos que hacen creer que es irreversible. Además, más allá de las razones políticas, los cambios tecnológicos hacen obsoleto este tipo de conflicto armado. Y más que nunca no permiten a ninguno de los actores la perspectiva de una victoria rápida, ni siquiera en el caso de una destrucción generalizada, masiva y salvaje, lo que no está en la mente de las diferentes partes en el conflicto. Además, en ese caso, ninguna victoria rápida está garantizada, como lo evidencia el conflicto en el Medio Oriente.

Muchos sectores ultraconservadores que se oponen al proceso de paz han señalado que falta seriedad en los actores que están negociando. Desde una perspectiva internacional, ¿usted cree que el proceso ha sido llevado con seriedad?

Hay señales de que este proceso es llevado muy en serio por todos los involucrados. Las FARC han renunciado a los cultivos ilícitos; los altos mandos militares participan en las negociaciones; fue creada una Comisión Histórica sobre el Conflicto y sus Víctimas para servir de futuro cuadro a la Comisión de Verdad que ciertamente será constituida en el inmediato posconflicto. Por otro lado, quien ha promovido recientemente el odio visceral contra las FARC hasta el paroxismo ha sido el uribismo, pero esta corriente parece estar en proceso de pérdida de peso político.

Un hecho sin precedentes es la participación de las víctimas en la mesa de negociación del proceso de paz. ¿Usted qué opina?

La participación de las víctimas es fundamental porque muestra la complejidad del conflicto e invita a un consenso mínimo. Todas ellas son parte de una comunidad de dolor y de sufrimiento. Si el proceso de paz es irreversible, como creo, Colombia está en vísperas de evidenciar al interior del continente y en el mundo que las guerras civiles y otras no son eternas; y que, asimismo, las más duraderas pueden terminar en una resolución pacífica, digna y honrosa para todos los actores involucrados en el conflicto.

¿Cuál es la importancia histórica del proceso de paz?

Después de tantas décadas de conflicto, este proceso de paz y su fin exitoso devuelve a Colombia su lugar entre los países del mundo y del continente que buscan. por una vía democrática. lograr sociedades más justas, más inclusivas y más pacíficas. La primera década del milenio resultó luminosa en el continente con muchos avances sociales y políticos en diferentes países como Venezuela, Brasil, Bolivia Ecuador, Argentina y Chile, que buscaron, en pleno régimen democrático y con base en un amplio movimiento social, mejorar la vida de las clases populares. Debido a la violencia y a la tutela de los Estados Unidos de América (EUA), Colombia pasó al margen de este proceso, visto por muchos como un país intrínsecamente problemático e incapaz de liberarse de una política de drogas que lo mantuvo rehén de los EUA y que atribuía a Colombia el infeliz mandato de Estado-satélite del “Big brother”. En un momento en que las experiencias más exitosas del continente en la década pasada dan señales de agotamiento, Colombia emerge como el país protagónico de un nuevo impulso democratizador, progresista, social y políticamente incluyente en el continente. Si resulta exitoso el proceso de paz en Colombia será el acontecimiento más transcendente de América Latina en esta segunda década del milenio.

¿Qué sugerencias tiene usted para que el posconflicto no se convierta en un escenario mucho más agudo que el mismo conflicto que lleva cincuenta años?

En principio es importante que el Estado garantice la seguridad de los exguerrilleros. El hecho de que los altos comandos militares participan en las negociaciones muestra que los militares saben que si no garantizan la seguridad de los exguerrilleros su responsabilidad como pilar crucial de la sociedad colombiana quedará muy afectada.

En segundo lugar hay que ver que la elite colombiana está dividida. El pasado no se repetirá si los sectores que valoran el beneficio de la paz son más fuertes. En el nuevo marco del neoliberalismo internacional dominado por el capital financiero y la explotación de recursos, es una incógnita saber en qué medida las multinacionales, siempre menos sensibles al sufrimiento que causan a las poblaciones, van a  definir planes de inversión que obedezcan estrictamente a los acuerdos de paz, o si al contrario intentarán ganancias extraordinarias mediante articulaciones con los paramilitares. Este sería el trágico fin del proceso de paz.

En tercer lugar, todo depende de cómo sea diseñada la justicia transicional. El consenso en la sociedad colombiana respecto a la paz puede ser traicionero en la medida en que todos quieren que llegue la paz siempre y cuando sea barata. Y la paz no va ser barata pues exigirá recursos jurídicos, económicos, culturales y políticos inmensos. Pero el resultado compensará en mil por ciento todo el esfuerzo.

¿Qué debería incluir el marco jurídico para la paz a fin de blindar el escenario del posconflicto? Hablemos por temas:

Drogas y cultivos ilícitos…

La tendencia histórica es que Colombia y otros países del continente y del mundo legalicen las drogas. Solamente una política de drogas que vaya en esta dirección puede liberar a Colombia de la tutela de los EUA cuya política del prohibicionismo orientado a la penalización tanto de la producción como del consumo confiere a este país el privilegio de una jurisdicción extraterritorial que el derecho internacional no reconoce.

La “cuestión agraria”…

La reforma agraria debe ser conducida de buena fe. Las reservas de tierras campesinas pueden llegar a 10 millones de hectáreas, si bien no será demasiado, será suficiente para dar credibilidad a la idea de que una “Nueva Colombia”, más justa, está a puertas de emerger del proceso de paz.

La entrega de armas…

El abandono o la dejación de las armas no pueden significar la desmovilización política. Es muy importante que las FARC puedan participar organizadamente, solos o en articulación con otras fuerzas políticas, en la vida política de Colombia. Las FARC se equivocaron (si no en el inicio, por lo menos en las últimas décadas) en el tipo de lucha política que privilegiaron, pero sus objetivos de luchar por una sociedad colombiana más justa,  más incluyente, sobre todo para las poblaciones campesinas pobres, son tan necesarias como hace décadas. Por otro lado, hubo tantos avances en otros países que las demandas de las FARC son hoy menos radicales que antes. Los términos de la participación política serán un acuerdo crucial.

La penalización…

Judicializar no implica necesariamente penalizar. Es necesario afirmar que la paz está primero y la judicialización después. De hecho, esta es la historia de todos los conflictos que se resolvieron con la paz. Los que asumen una actitud purista, legalista y penalizadora debían leer la historia del fin de la guerra civil de los EUA, una guerra violentísima. De todos modos las FARC deben responder a las víctimas y rendir cuentas por las atrocidades que hayan cometido. Hacerlo en esta coyuntura histórica es una de las actitudes más revolucionarias que puedan tener, no sólo por el respeto a las víctimas, sino porque eso consolidaría la paz.

¿Y cuál es el papel del perdón?

Sin perdón recíproco y sin respetar la dignidad de los combatientes no hay paz duradera. Muy recientemente tuve oportunidad de defender el trabajo de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Pero estaré en total oposición a ella sí, con una visión descontextualizada del conflicto colombiano (un conflicto muy prolongado, con enorme diversidad de víctimas y victimarios), se deja dominar por una obsesión o miopía legalista y justicialista. Es una actitud hostil para con Colombia forzar este martirizado país a una inmensa pesadilla de procesos judiciales que van a contaminar toda la sociabilidad, liquidar el dividendo de la paz y sobre todo que van a impedir al país repensarse como país pacífico y transformarse en un embajador de paz ciertamente más convincente que los que se presentan hoy como tales en la escena internacional.

Boaventura de Sousa Santos es director del Proyecto ALICE, Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad de Coímbra, Portugal.

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