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Colombia entre la paz neoliberal y la paz democrática

admin — Sun, 22 Jan 2017 20:40:07 +0000

Este texto hace parte del libro Democracia y Transformación Social, a publicar en Bogotá, por Siglo del Hombre, Abril 2017.

Boaventura de Sousa Santos
21 Jan 2017

En el momento en que escribo (enero de 2017) el proceso de paz en Colombia entra en período de implementación después de que la nueva versión del acuerdo entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) fuera refrendada por el Congreso. Están abiertas también las negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Es un tiempo de oportunidades y de bloqueos, de aspiraciones y de frustraciones, un tiempo de esperanza y de miedo. En suma, un caso paradigmático de incertidumbre, que en la introducción de este libro definí como característica principal de nuestra época. En este postscriptum hago algunas breves reflexiones, todas centradas en las relaciones entre la democracia y la paz, y en el modo como los desarrollos del posacuerdo pueden contribuir a democratizar la sociedad colombiana.

Democracia y condiciones de la democracia
Las teorías de la democracia hasta los años ochenta eran unánimes al considerar que no era posible la democracia sin las condiciones sociales, económicas e institucionales que la hicieran posible. Entre tales condiciones se hablaba de la relación campo-ciudad, de la reforma agraria, de la presencia de las clases medias, de la alfabetización, etc. La ausência de esas condiciones explicaba que tan pocos países del mundo tuvieran regímenes democráticos. Alrededor de esa fecha ocurrió una auténtica revolución en la teoria democrática, una revolución que, sin embargo, casi no fue percibida. A partir de entonces se invirtió la ecuación y llegó a considerarse que en lugar de que la democracia dependa de condiciones, la democracia era la condición para todo lo demás. Y así el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pasaron a incluir la existencia de regímenes democráticos como una condición para la ayuda para el desarrollo.

Cuarenta años después y observando la situación de las democracias realmente existentes em el mundo hoy, tanto en los países más desarrollados como en los restantes, que continúan siendo la gran mayoría, es fácil llegar a la conclusión de que dicha revolución fue mucho menos benéfica de lo que en ese momento se pensaba. Aquella pretendía promover democracias de baja intensidad, basadas en criterios mínimos de pluralismo político y con tendencia a estar vaciadas de contenido social, esto es, de los derechos económicos y sociales y de las instituciones del Estado que antes aseguraban los servicios públicos en las áreas de la salud, educación y seguridad social. La democracia fue así promovida por ser la forma más legítima de gobierno débil, que más dócilmente aceptaría la ortodoxia neoliberal de la liberalización de los mercados, de las privatizaciones, del fin de la tributación progresiva, de la promiscuidad entre élites políticas y económicas; en fin, un gobierno al servicio de la globalización neoliberal.

La crisis del neoliberalismo es hoy evidente. No sé si murió, como algunos proclaman, pero por lo menos está dando origen a las perversidades que declaró combatir: los nacionalismos, los movimientos fascistas, el proteccionismo, el crecimiento de la extrema derecha, etc. El capitalismo neoliberal promovió una democracia de tan baja intensidad que hoy tiene poca fuerza para defenderse de los poderes antidemocráticos que la han venido cercando. El problema es saber si para garantizar la continuidad de la acumulación del capital, ahora totalmente dominada por el capital financiero, el capitalismo global está ante la urgencia de tener que revelar su verdadera cara, la de que es incompatible con la democracia, incluso com la de baja intensidad.

El posconflicto colombiano está surgiendo en un período de crisis del neoliberalismo y solo tendrá alguna viabilidad para transformarse en un genuino proceso de paz si, contra la corriente, es orientado a consolidar y ampliar la democracia, esto es, a otorgarle más intensidad a la convivencia democrática de baja intensidad actualmente vigente. Después de la farsa de la narrativa neoliberal —una farsa trágica para la mayoría de la población mundial— de que la democracia no tiene condiciones, el posconflicto solo se transformará en un proceso de paz si acepta discutir creativa y participativamente la cuestión de las condiciones sociales, económicas y culturales de la democracia. La esperanza es que Colombia sea la afirmación inaugural de un nuevo período basado en la idea de que no hay democracia sin condiciones que la hagan posible. El miedo es que revele eso mismo pero como negación.

Democracia y violencia
Incluso sin salir del marco liberal de la teoría democrática, la democracia es incompatible con la violencia política porque la única violencia legítima es la del Estado. La violencia del Estado es legítima en un doble sentido: porque el Estado tiene un mandato constitucional exclusivo para ejercerlo y porque solo la puede ejercer cumpliendo procedimientos, reglas, leyes preexistentes. También a este respecto Colombia es el caso dramático de uma democracia desfigurada por la convivencia fatal, durante más de un siglo, con la violencia política ejercida por poderes paralelos al Estado y por el propio Estado desdoblado en un Estado paralelo, del cual el paramilitarismo es la expresión más visible, pero de ningún modo la única. Basta leer la contundente historia del conflicto armado de Alfredo Molano (2015) [1] para que concluyamos que, si el posconflicto no es osado en su ambición, correrá el riesgo de ser un episodio más, entre muchos otros, de una historia de violencia, un posconflicto que mañana será conocido como preconflicto, es decir, como el evento político que dio origen a una oleada más de conflictos violentos.

Democracia y paz
Toda la democracia es pacífica pero no toda la paz es democrática. Hay dos tipos de paz: la paz neoliberal y la paz democrática. La paz neoliberal es la falsa paz, que consiste em continuar la violencia política por vía de la violencia pretendidamente no política. De la criminalidad política hacia la criminalidad común combinada con la criminalización de la política. Orientado hacia la paz neoliberal el posconflicto colombiano será un proceso rápido y relativamente poco exigente a nivel institucional, pero abrirá un período de violencia que por ser aparentemente despolitizada, será todavía más caótica y menos controlable que aquella a la que puso fin. Por las frustraciones que puede generar, la paz neoliberal no solo no contribuirá a consolidar la democracia en un nivel más inclusivo, sino que puede debilitar todavía más la democracia de baja intensidad que la hizo posible.

La paz democrática busca la pacificación de las relaciones sociales en el sentido más amplio del término y por eso pretende eliminar activamente las condiciones que llevaron a la violencia política. La paz democrática se basa en la idea de que los procesos de reconciliación nunca conducen a sociedades reconciliadas si la reconciliación no incluye la justicia social y cultural. Sin justicia no hay cohesión social, el sentimiento mínimo de pertenencia sin el cual la suma de las diferencias de ideas se transforma fácilmente en suma de cadáveres. El posconflicto orientado hacia la paz democrática será seguramente un proceso largo y su éxito se medirá menos por los resultados eufóricos que por el hecho que los conflictos a que seguramente dé lugar sean administrados y resueltos pacífica y democráticamente.

En Colombia, la paz democrática tiene dos desafíos adicionales. En primer lugar, el actual proceso de paz carga consigo el peso (y también el fantasma) de los muchos procesos de paz fracasados que lo antecedieron; un fracaso que trágicamente implicó muchas veces la eliminación de los combatientes rebeldes y de las fuerzas políticas que les eran cercanas. La eliminación física de los dirigentes de la Unión Patriótica quedará para la historia como uma de las manifestaciones más siniestras y grotescas de la democracia desfigurada por la violencia. En segundo lugar, el actual proceso de paz tiene que significar una ruptura con el pre-posconflicto constituido por la desmovilización del paramilitarismo en los gobiernos de Álvaro Uribe. En el mejor de los casos, tal desmovilización buscó una paz neoliberal y ocurrió con hostilidad manifiesta hacia la idea de una paz democrática. Considerar que el paramilitarismo es una cosa del pasado es uno de los más peligrosos disfraces de la actual situación. [2]

Democracia y religión
Una de las características del largo conflicto armado que Colombia ha vivido es la flerte implicación de la religión en su desarrollo. Inicialmente se trató de la implicación de la Iglesia católica, pero hoy militan al lado de ella las iglesias evangélicas. En el caso de la Iglesia católica, la implicación es contradictoria y tiene dos fases incompatibles. Por un lado, en la tradición de Camilo Torres y de la teología de la liberación, las comunidades eclesiásticas de base que emergieron después del Concilio Vaticano II han desempeñado un papel importante en las organizaciones comunitarias que luchan contra la concentración de la tierra, la injusticia social y la violencia. Muchos de los clérigos y laicos que han estado al lado de la lucha de los oprimidos por la tierra y por la dignidad han pagado caro, con el sacrificio de la propia vida, su compromiso y generosidade [3]; por otro lado, la jerarquía de la Iglesia católica se ha alineado casi siempre con las fuerzas conservadoras, con las oligarquías terratenientes, bendiciendo sus arbitrariedades e incluso sus violencias. Y hoy aparece muchas veces unida a las iglesias evangélicas, en un siniestro y perverso pacto ecuménico para bloquear la esperanza de una Colombia democrática. De hecho, la religión conservadora cuenta hoy con un número importante y cada vez mayor de iglesias evangélicas, y la gran mayoría de estas tuvo un papel crucial en la victoria del No en el referendo del 2 de octubre de 2016 [4]. Es de prever que este proselitismo sea un obstáculo activo para la construcción de una paz democrática. Seguramente actuará en conjunción con otras fuerzas conservadoras, nacionales y extranjeras, que tienen sus propios intereses en boicotear el proceso de paz. Está pendiente saber hasta qué punto las agendas conservadoras convergerán. Mientras más converjan, mayor será el riesgo para la paz democrática.

Democracia y participación
La incógnita principal que enfrenta la paz democrática es la de saber qué fuerzas sociales y políticas están dispuestas a defenderla y con qué grado de activismo. Los referendos son un instrumento importante de democracia participativa, pero solo cuando son promovidos a partir de la sociedad a través de grupos de ciudadanos, y no cuando son promovidos por partidos y líderes políticos. En este último caso, como ocurrió recientemente en Inglaterra con el voto por la salida de la Unión Europea (Brexit), y como pudo haber ocurrido en parte en el referendo colombiano, el resultado tiende a estar contaminado por el juicio sobre el líder político que promovió el referendo. El caso colombiano tiene alguna especificidad al respecto porque verdaderamente solo hubo campaña a favor del No. Este hecho debería suscitar una profunda reflexión, porque parece revelar una desconexión peligrosa entre los partidos progresistas, las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales, por un lado, y la Colombia profunda, por el otro.

Este hecho parece indicar que la paz democrática va a necesitar mucha energía participativa, mucho más allá de los procesos electorales, que en Colombia son históricamente excluyentes. He ahí, por lo demás, una de las razones que llevó a la creación de la guerrilla del período más reciente. Parece evidente que el proceso de paz democrática exigirá una articulación entre democracia representativa y democracia participativa. Tal articulación es hoy necesaria en todos los países democráticos para redimir la misma democracia representativa que, por sí sola, no parece capaz de defenderse de sus enemigos. En el caso de Colombia tal articulación es una condición del éxito de la paz democrática. Esta tiene que transformarse en una agenda práctica y cotidiana de las familias, de las comunidades, de los barrios, de los sindicatos, de las organizaciones y movimientos sociales. Tiene, pues, razón Rodrigo Uprimny cuando, el 3 de diciembre de 2016, sostenía en su columna de El Espectador que:

la refrendación e implementación de la paz no es algo que se resuelve en un solo instante, sino que es un proceso complejo y progresivo, que puede incorporar diversos mecanismos en distintos momentos. Propongo entonces algunos mecanismos, que tienen diverso grado de institucionalización y gozan de diversas fortalezas y debilidades: i) los cabildos abiertos, que pueden usarse para avalar el acuerdo a nível local y regional, y para debatir participativamente medidas locales de implementación; ii) iniciativas populares legislativas para algunas de las medidas de implementación [...]; iv) las mesas de víctimas en las regiones y los comités de justicia transicional, que permitirían apoyar y afinar localmente las medidas de verdad y reparación; v) los consejos territoriales de paz, que podrían usarse para apoyar y debatir otras medidas locales de paz; vi) la movilización social en las calles; y sigue un largo etcétera, pues esta lista no pretende ser exhaustiva. (Uprimny, 2016)

Estas propuestas [5] se refieren solo al primer período del posconflicto, el período inmediato. Muchas otras tendrán que ser pensadas creativamente y puestas en práctica cuando se trate de discutir las cuestiones estructurales que la paz democrática pondrá necesariamente en la agenda política, tales como la reforma del sistema político, las zonas de reserva campesina, la sustitución de cultivos ilícitos que no implique el regreso a la miseria de muchos campesinos, el lugar del neoextractivismo (exploración sin precedentes de los recursos naturales) en el nuevo modelo de desarrollo, la reforma de los medios de comunicación de modo que garanticen la mayor democratización de la opinión pública, la no criminalización de la protesta política, etc. Como el principio de no repetición de la violencia es tan central para el acuerdo de paz, me pregunto si, desde la perspectiva de las víctimas, no sería recomendable que parte de los recursos financieros para la reparación fuera canalizada para financiar y fomentar amplios debates e instrumentos participativos nacionales sobre las diferentes cuestiones que el proceso de paz va a poner de relieve en el transcurso de los próximos años. Tales debates y participaciones deben servir también para revelar y eventualmente poner en la agenda política los vacíos del acuerdo.

Al respecto, el hecho de que las negociaciones de paz con las FARC hayan adoptado el modelo irlandés, es decir, el de mantener las negociaciones secretas hasta la obtención de resultados que apuntaran hacia el éxito de las negociaciones, no fue tal vez una buena medida. Se comprende que el secretismo haya sido adoptado en función de la realidad de la comunicación social colombiana, en la que los grandes medios están dominados por fuerzas conservadoras y poderosos sectores económicos vinculados a la continuación de la guerra o solo dispuestos a una paz raquítica que sirva exclusivamente a sus intereses. En cualquier caso, las negociaciones duraron muchos años y La Habana estaba lejos. Con el tiempo, las negociaciones se convirtieron en un archivo provisional de la Colombia del pasado. Mientras que los negociadores se ocupaban del futuro de Colombia, la opinión pública los iba halando hacia el pasado.

En el momento en que escribo se inician las negociaciones de paz con el ELN. He sabido que este grupo guerrillero tiene una visión diferente de las negociaciones e insiste en que ellas sean acompañadas paso a paso por la sociedad colombiana. Esperemos que tengan la fuerza política y argumentativa para imponer la razón que sin duda tienen. Por otro lado, el ELN ha
insistido en subrayar la importancia y la autonomía de las organizaciones sociales populares. Serán las comunidades y los pueblos los que decidan las formas de participación popular. Esta es, además, una de las condiciones de la autonomía de la democracia participativa, y es a partir de esa autonomía que se establecerán las articulaciones con la democracia representativa (partidos y líderes políticos).

Democracia e imperialismo
Cuando analizamos la historia del conflicto armado en Colombia se hace evidente la interferencia constante del imperialismo norteamericano y siempre en el sentido de defender los intereses económicos de sus empresas (piénsese en la tristemente célebre United Fruit Company), los intereses geoestratégicos de su dominio continental y, obviamente los intereses de las oligarquías colombianas que son sus aliadas, unas más dóciles que otras. Com la Revolución cubana el desafío geoestratégico aumentó exponencialmente y la necesidad de aislar a Cuba se convirtió en la gran prioridad imperialista en el continente a inicios de los años sesenta. Por su posición continental, Colombia era un blanco primordial y un aliado especial. Finalmente, ¿no fue Colombia el único país latinoamericano que envió tropas a combatir al lado de los norteamericanos en la Guerra de Corea? Sostiene Molano, en el texto que vengo citando:

El rumbo que tomó la revolución en Cuba, que obligó a Estados Unidos a crear la Alianza para el Progreso como antídoto contra el contagio comunista, le dio un aire nuevo a la reforma agraria. No en vano Kennedy visitó Colombia en la misma semana en que se firmó la Ley de Reforma Agraria. Así, pues, la Doctrina de Seguridad Nacional y la Alianza para el Progreso fueron dos caras de la misma moneda o, si se quiere, la combinación de todas las formas de lucha de Estados Unidos para mantener el statu quo y aislar al mismo tiempo a Cuba. (2015)

La mayor prueba de este alineamiento fue dado en 1961, cuando, en la Conferencia de Punta del Este, Colombia promovió la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos. El eslogan del “aliado regional más fuerte” asumió entonces una nueva justificación. El Plan Colombia, firmado por Bill Clinton en julio de 2000, transformó a Colombia en el tercer país del mundo en recibir más ayuda militar de Estados Unidos (después de Israel y Egipto) y en el país con más ayuda para entrenamiento militar directo por parte de Estados Unidos. El ataque a las Torres Gemelas en Nueva York permitió convertir la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla en una dimensión de la “lucha global contra el terror”. De ahí solo había un paso hacia la adopción de la versión colombiana de la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, la mal llamada “seguridade democrática” del Presidente Álvaro Uribe.

Sabemos que durante la primera década del tercer milenio el big brother no estuvo muy presente en el continente — exceptuando, claro, el Plan Colombia —, pues se ahogó en el pantano de Irak y del Medio Oriente que él mismo creó. Tal vez esto ayude a explicar, en parte, la elección de gobiernos populares con discurso antimperialista, de Argentina a Venezuela y de Ecuador a Bolivia. La agresividad de la presencia imperial volvió a sentirse en el golpe de Honduras contra el presidente electo Manuel Zelaya (2007), y no quedan hoy muchas dudas sobre su injerencia en el golpe institucional que llevó al impeachment de la Presidente Dilma Rousseff en Brasil. ¿Cómo va a reaccionar frente al proceso de paz en Colombia? Todo lleva a creer que las élites políticas norteamericanas están en este momento relativamente divididas. Prueba de esto quizá son los editoriales diametralmente opuestos de los dos periódicos más influyentes, el New York Times y el Wall Street Journal. El primero saludó la adjudicación del Premio Nobel de la Paz al Presidente Juan Manuel Santos, el segundo sostuvo que quien merecía el premio era el gran protagonista del No en el referendo, el ex Presidente Álvaro Uribe. Es bueno, sin embargo, tener en cuenta que esta división es muy relativa. Cualquiera que sea la posición del Presidente Santos, para Estados Unidos él es un defensor de la paz neoliberal, la paz que va a liberar mucho territorio colombiano para el desarrollo de la explotación de los recursos naturales, en donde seguramente estarán muy presentes las empresas norteamericanas. El máximo de consciencia posible del imperialismo norteamericano es la paz neoliberal. Por eso, la paz democrática contará con la resistencia del imperialismo norteamericano, y el éxito de este depende del modo como se articule con las fuerzas económicas y políticas colombianas que defienden también la paz neoliberal. Como esta paz es falsa y está lejos de contribuir al fortalecimiento de la democracia, los demócratas colombianos no van a tener la vida tan fácil como el fin del conflicto lo podría sugerir.

Democracia y derechos humanos
Para quien no defienda la idea de la guerra justa los conflictos armados son por naturaleza una violación de los derechos humanos. De cualquier modo, los conflictos armados son fuente de violaciones de derechos humanos cuando en ellos se cometen violencias y crueldades contra víctimas inocentes, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, etc. Las guerras civiles e internacionales de los últimos 150 años fueron particularmente violentas. Para no hablar de las dos guerras mundiales sino solamente de las guerras civiles, la más violenta fue la guerra civil americana, que duró solo cinco años y provocó 1’030.000 víctimas (3% de la población) con cerca de 700.000 muertes. Por esta razón, poner fin a la guerra se considera un bien jurídico y político superior al bien de lograr una justicia integral y castigar a todos los autores de violaciones de derechos humanos como si no hubiese habido guerra. No se trata necesariamente de no castigar (como sucedió en la guerra civil americana) sino de encontrar formas de salvaguardar el juicio público y negativo sobre los actos cometidos sin poner en peligro el bien jurídico y político superior de la paz. Uno de los casos más notorios de las últimas décadas fue la negociación del fin del Apartheid en Suráfrica, que implicó desconocer (mediante acuerdo) el carácter criminal del Apartheid en cuanto régimen, a pesar de ser considerado como tal por las Naciones Unidas, y permitir que los autores de violaciones graves de derechos humanos no fueran juzgados y castigados siempre y cuando confesaran públicamente sus crímenes. El acuerdo de paz en Colombia va más lejos, pero incluso así los seguidores del No encontraron en ese terreno un motivo para sostener su posición y consiguieron transmitir ese mensaje a la opinión pública gracias a su connivencia con los grandes medios de comunicación y mediante mentiras, como enseguida lo reconocieron (Revista Semana, 2016). Estas fuerzas conservadoras tuvieron en Human Rights Watch y en la persona de uno de sus directores, José Miguel Vivanco, un aliado valioso. Vivanco desempeñó con ridícula desenvoltura el papel de idiota útil de las fuerzas que más violaciones de derechos humanos cometieron en la historia del país. Este servicio prestado a estas fuerzas, y al ala más reaccionaria del imperialismo norteamericano, constituyó el grado cero de la credibilidad de la lucha por los derechos humanos por parte de esta organización norteamericana y constituyó un insulto cruel a tantos activistas de derechos humanos que han pagado con su vida el coraje de defenderlos en los frentes de lucha social, bien lejos de la comodidad de los escritorios de Nueva York.

Democracia y diferencia etnocultural
Colombia es uno de los países latinoamericanos en donde, sobre todo después de la Constitución de 1991, se hicieron progresos significativos en el reconocimiento de la diversidad y de la diferencia etnocultural. A eso contribuyó la fuerza organizativa de los pueblos indígenas y afrocolombianos. La jurisprudencia intercultural producida por la corte constitucional en la última década del siglo XX llegaría a transformarse en un modelo para otros países. Lamentablemente, tal como ocurrió en otros países, la elevada concentración de la tierra y el modelo de desarrollo neoextractivista hicieron que los ataques contra las poblaciones indígenas y afrocolombianas continuaran y hasta se agravaran en los últimos tiempos. A pesar del protagonismo político del movimiento indígena y afrocolombiano, em las últimas décadas estos movimientos no tuvieron la participación que sería de esperar en las negociaciones de paz. De ahí la importancia de dar a conocer su reclamo de participar activamente en la construcción de la paz democrática, en el proceso que ahora se inicia.

Así, las organizaciones indígenas reunidas en Bosa (territorio ancestral del pueblo Muisca), en octubre de 2016, aprobaron una declaración notable que, por su amplitud, merece una cita parcial:

Resoluciones IX Congreso Nacional de Pueblos Indígenas:
• REAFIRMAMOS nuestra vocación y apuesta de construcción de Paz. En ejercicio del derecho a la Autonomía y Libre Determinación, con fundamento en las Leyes de Origen y los principios que nos rigen.
• ADOPTAMOS el Acuerdo Final de Paz de La Habana en nuestros territorios, y los declaramos Territorios de Paz.
• REAFIRMAMOS la Movilización Indígena y Social como estrategia de resistencia para propiciar el diálogo y las transformaciones sociales y políticas requeridas con el propósito de volver a llenar de esperanza al país y allanar el camino para construir una sociedad incluyente y con justicia social.
• EXIGIMOS la participación del Movimiento Indígena en el Pacto Nacional propuesto por el Gobierno, para defender, conjuntamente con las grandes mayorías que hemos sido víctimas del conflicto armado, las luchas históricas que como Pueblos hemos emprendido por los cambios sociales y políticos, así como por la pacificación de nuestros territorios. Los pactos de élites, en otrora, han generado mayor violencia, perpetuando las estructuras de poder dominantes.
• RETOMAMOS el Consejo Nacional Indígena de Paz, CONIP, como instancia propia de los Pueblos Indígenas para ejercer la incidencia en los temas relacionados con la Paz, en los temas específicos a las naciones indígenas.
• POSICIONAMOS a la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, como instancia autónoma y de autorrepresentación de los Pueblos Étnicos, para liderar los temas relacionados con la Paz y EXIGIMOS la conformación de la instancia especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, para el seguimiento de la implementación del Acuerdo Final, conforme se estableció en el Capítulo Étnico.
• CELEBRAMOS el anuncio de la fase pública de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, confiados en que estos permitirán consolidar la Paz completa, estable y duradera que clama nuestro País. Al tiempo, EXIGIMOS la participación directa de la Comisión Étnica en este proceso. (ONIC, 2016)

Al respecto pienso que es necesario hacer la siguiente advertencia: en el subcontinente y muy particularmente en Colombia el reconocimiento de la diferencia etnocultural es uma dimensión de la justicia territorial, y esta, por su parte, es una dimensión de la justicia histórica. No se trata de un problema exclusivamente cultural, se trata de un problema de economía política. En ese sentido, después de la Constitución de 1991 fue promulgada una legislación que concedió territorios (resguardos) a los pueblos indígenas y afrocolombianos. En un país con una concentración de tierra tan elevada y en un contexto en el cual la explotación de los recursos naturales se volvió tan central en el modelo de desarrollo (tal vez sería mejor hablar de modelo de crecimiento) es de prever que las cuestiones de la justicia territorial asuman una conflictividad alta. Dos temas alcanzarán probablemente una agudeza especial. El primero tiene que ver con los conflictos de tierra existentes hoy. Al contrario de lo que se puede pensar, tales conflictos no suceden solo entre grandes propietarios/empresas multinacionales y campesinos; ocurren también entre campesinos pobres y mestizos, pueblos indígenas y pueblos afrocolombianos. En este último caso estamos ante “contradicciones en el seno del pueblo”, que exigirán formas fuertes de democracia participativa para que no se transformen en conflictos violentos o sean aprovechados por los grandes propietarios o por el gobierno para bloquear la legítima reivindicación de la justicia territorial.

El segundo tema tiene que ver con el hecho de que las negociaciones de paz hayan abordado también asuntos de impacto en la justicia territorial, como por ejemplo la reforma agraria y las zonas de reserva campesinas. Estas cuestiones acabarán por estar ligadas a las que suscite el primer tema y también aquí la democracia participativa desempeñará un papel importante sobre todo debido a su carácter descentralizado y, por lo tanto, a su flexibilidad para adaptarse a la inmensa diversidad territorial, agrícola y cultural de Colombia.

Democracia y diferencia sexual
Los movimientos de mujeres también consiguieron victorias importantes en las últimas décadas, pero la violencia sexual continúa; y además, las mujeres fueron durante mucho tiempo víctimas de la violencia, tanto en las zonas de conflicto como fuera de ellas. Su interés en el proceso de construcción de una paz democrática debe ser debidamente tenido en cuenta.

Con este objetivo cito el amplio Manifiesto Político Mujeres por la Paz, del 22 de septiembre de 2016, que contiene la siguiente declaración en uno de sus pasajes:

Nosotras, mujeres diversas, participantes en la II Cumbre de Mujeres y paz, manifestamos:
• Nuestro compromiso en la construcción de un país donde todas las personas, sin distinción alguna, podamos gozar de nuestros derechos, de nuestra autonomía, opinando en completa libertad, sin el temor de ser violentadas ni vivir bajo la zozobra de un país en conflicto.
• Nuestra voluntad de contribuir a un presente y un futuro en paz, que deje atrás los hechos de violencia, aunando esfuerzos para que niñas y niños, mujeres y hombres adolescentes y jóvenes crezcan en la paz y no en el dolor de la guerra.
• Nuestro reconocimiento de los saberes creativos de las jóvenes y sus aportes a la implementación de los acuerdos y la transformación en las dinámicas de la paz reconociendo su voz y su actuar en la construcción de país.
• Que es tiempo de sanar las heridas, de trasformar el odio y la venganza en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, de cambiar la indiferencia por el compromiso con la justicia y la paz, de superar las diferencias que nos distancian no para negarlas sino para fortalecer la convivência democrática. Es tiempo de cerrar la página de la guerra, no para el olvido sino para darle paso a la vida y a la libertad.
• Nuestra objeción de conciencia al uso de la fuerza para la negación del otro y de la otra y nuestro apoyo al desarme universal, desterrando la violencia y la militarización como forma de tramitación de los conflictos públicos y privados, con especial énfasis en la violencia sexual y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
• Nuestro rechazo a cualquier negación, discriminación, señalamiento a las mujeres por ejercer sus derechos, su autonomía económica, afectiva, reproductiva, sexual, cultural, étnica y política.
• Nuestra voluntad decidida y compromiso político de ser pactantes y no pactadas, de participar y decidir en la implementación y en el cumplimiento del Acuerdo Final.
• Velar por los derechos de las mujeres en las regiones y la defensa de la integridad ambiental y cultural de sus territorios, propendiendo por un modelo económico sostenible y respetuoso de los derechos de la naturaleza y el buen vivir de las comunidades [6].

La importancia de las declaraciones de los movimientos sociales, sean ellos de indígenas, afrocolombianos, campesinos pobres, mujeres, poblaciones urbanas marginalizadas, es que asumen una posición inequívoca a favor de la paz democrática y en contra de la paz neoliberal. Los grupos sociales más excluidos y discriminados saben que serían ellos los más duramente golpeados por las agresiones que resultarían de la paz neoliberal. [7]

Democracia y modelo de desarrollo
En las últimas décadas volvió a ser dominante en el continente un modelo de desarrollo capitalista basado en la explotación de los recursos naturales. Digo “volvió” porque este fue el modelo que se fortaleció durante todo el período colonial. Pero no se trata del regreso al pasado. El modelo actual es nuevo por la intensidad sin precedentes de la explotación de los recursos y por la diversidad de esa explotación, que incluye minerales, petróleo, madera y agricultura industrial, megaproyectos hidroeléctricos y otros. En vista de su relativa novedad ha sido denominado neoextractivismo. Su aparición es el resultado del enorme impulso provocado por el crecimiento de China y por la especulación financiera sobre las commodities. Este modelo fue tan consensuado entre las élites políticas del subcontinente durante la primera década del milenio que fue adoptado virtualmente por todos los gobiernos, incluso por aquellos que surgían de las luchas populares y asumían una postura nacionalista de perfil más o menos marcadamente antimperialista. En el mejor de los casos este modelo posibilitó un alivio significativo de la pobreza, pero tuvo enorme costos sociales y ambientales: acaparamiento de tierra, expulsión de campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes de sus territorios ancestrales, eliminación física de líderes de la resistencia, contaminación de aguas y tierras, alarmantes aumentos en los índices de cáncer en las poblaciones rurales… fueron y son algunos de los efectos más negativos del neoextractivismo. Además, este modelo se reveló insostenible, y a partir de la crisis financiera de 2008 y de la desaceleración del crecimiento de China comenzó a dar señales de agotamiento y la crisis se instaló en todos los gobiernos de la región que lo adoptaron. Pero las consecuencias sociales y ambientales serán difícilmente reversibles. Los países de desarrollo intermedio, como es el caso de Brasil, abandonaron el dinamismo de su sector industrial, se desindustrializaron, y difícilmente podrán retomar el camino de la industrialización ecológicamente sostenible. Hasta ahora no han sido puestas en práctica las alternativas que han sido propuestas por parte de importantes sectores y movimientos sociales. Por el contrario, los gobiernos buscan jugar con la diferenciación interna del modelo, por ejemplo, dándole prioridad a la agricultura industrial en caso de que se mantengan abajo los precios del petróleo. Por otro lado, abandonan el elemento nacionalista y redistributivo del período anterior y entregan la explotación de los recursos a las empresas multinacionales y la dirección de la economía a los ex ejecutivos de las grandes empresas, sobre todo del capital financiero (especialmente Goldman Sachs).

La paz neoliberal se inserta en este contexto y busca darle más dinamismo, por ejemplo, liberando más tierras para la explotación multinacional. Por el contrario, la paz democrática parte del supuesto de que la elevada concentración de la tierra fue siempre una de las razones centrales de la violencia en Colombia y que por eso será imposible reconciliar la sociedad em el posconflicto si el modelo de desarrollo no se transforma y si no se abre camino hacia um proceso de mayor justicia territorial, como condición previa para una mayor justicia social, histórica, etnocultural, sexual y ecológica.

Esta es tal vez la disyuntiva más problemática con la cual se enfrenta el proceso de paz colombiano y las señales no son muy alentadoras. Colombia es ya uno de los países del mundo con mayor concentración de tierra. Según los datos disponibles, actualmente el 77 % de la tierra está en manos del 13 % de propietarios, pero el 3,6 % de estos tiene el 30 % de la tierra. El 80 % de los pequeños campesinos tiene menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), es decir que son microfundistas. A pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70 % de alimentos que se producen en el país proviene de pequeños campesinos (Revista Semana, 2012). Según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2011: “Para el año 2009 el Gini de tierras fue de 0,86. Esto indica que si se comparan con el de otros países, se concluye que Colombia registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el mundo”.

Según Danilo Urrea y Lyda Forero la paz hacia la que apunta el Gobierno del Presidente Santos es una paz neoliberal y no una paz democrática:

Las iniciativas legislativas del gobierno Santos, y sus respectivas figuras y mecanismos de despojo son una clara prueba de esta realidad. Por ejemplo, las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES, permiten la entrega, sin límite de extensión, de tierras baldías a personas jurídicas nacionales o extranjeras, a quienes se les otorga el control sobre el uso del territorio —principalmente en la altillanura o en el Magdalena Medio— [...]. Una alternativa basada en el gran capital, respetando el modelo hacendista, existente desde tiempos coloniales, pero incorporando al juego al capital trasnacional, para lo que se presume necesaria la pacificación de territorios como garantía para atraer la inversión extranjera del aparato corporativo. Se implementa un modelo en el que incluso se le puede otorgar al campesinado la propiedad de la tierra, pero su uso, administración y control están en función de la cadena de producción definida por las trasnacionales, lo que finalmente determina la acumulación de capital e implica la pérdida de derechos sobre el territorio desde nuevas formas e instrumentos de profundización del despojo. En esta forma de territorialización del capital juega un papel protagónico el modelo de financiarización del campo a través de las llamadas bolsas agrícolas y la recolonización rural vía crédito. (Urrea y Forero, 2016)

Los dados han sido lanzados. Las fuerzas políticas y sociales que se mueven por el objetivo de la paz democrática saben cuál es el roadmap. Está pendiente saber si tendrán la fuerza política para guiarse por él.

Democracia y diferencia ética
Uno de los temas más complejos de un conflicto armado es la naturaleza ética de los crímenes cometidos. No me refiero a la intensidad o a la cantidad de los crímenes cometidos. Todas las cifras publicadas sobre la violencia son unánimes en reconocer que la mayoría de las violencias (asesinatos y masacres) fueron cometidas por los paramilitares y por el ejército y las más atroces y crueles fueron cometidas por los paramilitares. Me refiero más bien a la cualidad ética de la motivación que está detrás de la violencia. En las negociaciones que condujeron al fin del Apartheid la superioridad ética del Congreso Nacional Africano (ANC) de Nelson Mandela (que en cierto momento optó por la violencia) en relación con el gobierno del Apartheid fue reconocida. En el caso de Colombia, la cuestión de la diferencia ética se puede poner sobre todo en la comparación entre las acciones de los guerrilleros y las acciones de los paramilitares, de los empresarios criminales o de los mercenarios. La vía de la lucha armada para construir mediante la violencia la sociedad socialista está hoy desacreditada y con buenas razones. En consecuencia, hoy es fácil condenar a los jóvenes y a las jóvenes que a partir de los años sesenta partieron al monte y se unieron a la guerrilla animados por el ideal de luchar por una sociedad más justa. Esta facilidad es traicionera, porque, en tiempos de individualismo y de desertificación ideológica, lleva a la conclusión de que toda la violencia debe ser igualmente condenada o absuelta y que no hay diferencia ética entre los agentes violentos. Si no hay diferencia ética, no hay diferencia política y, por lo tanto, en última instancia, estamos frente a la violencia común. Esta idea de la despolitización de las violencias ha tenido en Colombia un argumento a su favor, la idea generalizada en la opinión pública de que, con el tiempo, los guerrilleros perdieron la ideología y se transformaron em narcotraficantes comunes. En una entrevista a la revista virtual La Silla Vacía, el 4 de enero de 2017, Alfredo Molano comenta al respecto:

La opinión pública se engaña al pensar que las Farc manejan el negocio de los cultivos ilícitos de cabo a rabo, desde la parcela hasta una calle del Bronx. La función de las Farc como movimiento político está centrada en el cobro de impuestos a los cultivadores y a los intermediarios locales. No exportan, no entran en el mercado internacional. Tampoco menudean en Colombia. El mismo Acuerdo de La Habana así lo acepta [8].

La cuestión de fondo es esta: ¿hay o no una diferencia ética entre el rebelde que comete una violencia con una motivación altruista en nombre de un ideal colectivo de justicia, aunque equivocado, y el mercenario que comete la violencia por dinero? La importancia de la respuesta a esta pregunta tiene menos que ver con la naturaleza del ajuste de cuentas con el pasado que con la construcción de una sociedad más inclusiva en el futuro.

Democracia y renovación política
Una de las más promisorias facetas del Acuerdo de Paz colombiano es el camino que abre para la conversión de los guerrilleros en actores políticos. A mi entender, esta puede ser uma ocasión para renovar el sistema político, volviéndolo más diverso y más inclusivo. Para eso, sin embargo, es necesario que se cumplan tres condiciones: la primera es una profunda reforma del sistema político y electoral que permita dar voz y peso a las ventajas de la diversidad y de la inclusión. La segunda es que los guerrilleros se den cuenta de que el mundo cambió mucho desde que se fueron para el monte; muchas de las razones que les llevaron a tomar esa decisión están lamentablemente vigentes, pero las estrategias, los discursos, los mecanismos, los medios, las alianzas para luchar por su erradicación son hoy muy diferentes y no menos complejos; será necesario mucho desaprendizaje para abrirles espacio a los nuevos aprendizajes. La tercera razón es que los nuevos actores políticos tienen que ser reconocidos por la sociedad colombiana como actores políticos con pleno derecho; para eso es fundamental que no sean vistos como criminales comunes arrepentidos; de ahí la necesidad de que se reconozca fuertemente tanto su equivocación como el hecho de que lo hicieron por amor de lo que juzgaban ser el ideal del bien común de los colombianos.

He afirmado que Colombia puede ser el único país latinoamericano que le dé una buena noticia al mundo en la segunda década del nuevo milenio: la noticia de que es posible resolver pacíficamente los conflictos sociales y políticos, incluso los de más larga duración, y de que de tal resolución puede emerger una sociedad más justa y más democrática. Se trata al final de una apuesta cuyo desenlace está en las manos de los colombianos y de las colombianas.

Notas
[1] Ver también Giraldo Moreno (2015).
[2] Un disfraz tanto más peligroso en cuanto podemos estar frente a un desdoblamiento del paramilitarismo en dos tipos de paramilitarismo: el paramilitarismo legal, vinculado a compañías privadas de seguridad y otras empresas de apoyo de las Fuerzas Armadas; y el paramilitarismo ilegal, en la línea que lo ha sido tradicionalmente.
[3] Menciono solamente el brillante análisis del teólogo colombiano Javier Giraldo Moreno S.J., en su tesis de grado defendida en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana en 1977, La teología frente a otra concepción del conocer.
[4] César Castellanos, el pastor-vedette de la Misión Carismática Internacional, la megaiglesia que más rápidamente crece en Colombia, habló así recientemente a una multitud entusiasta en Pasadena, California: “we, nosotros, we saved Colombia from being handed over to communists! We saved Colombia from the destructive power of the spirits of homosexuality. We saved the traditional family. We saved Colombia from the ideology of Homo-Castro-Chavismo”. Ver Rebecca Bartel (2016).
[5] Eliminé algunas propuestas por haber perdido actualidad.
[6] La diversidad interna de los movimientos de mujeres, tantas veces poco valorada, está muy presente en el elenco de las organizaciones firmantes: “En el marco de la Segunda Cumbre Nacional de Mujeres y paz suscribimos: mujeres afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras, indígenas, rom, mestizas, campesinas, rurales, urbanas, jóvenes, adultas, excombatientes de la insurgencia, lesbianas, bisexuales, trans, artistas, feministas, docentes y académicas, líderes sociales, comunitarias y políticas, exiliadas, refugiadas y migrantes, víctimas, con limitaciones físicas diversas, sindicalistas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos, mujeres en situación de prostitución, comunales y mujeres de todos los credos”. Ver Segunda Cumbre de Mujeres y Paz (2016).
7 Ver la inquietante experiencia comparada en Javier Giraldo (2004). En el momento en que escribo recibo un perturbador comunicado de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), que ilustra perfectamente las trampas de la paz neoliberal:
“¡AFROCOLOMBIANOS SEGUIMOS PONIENDO MUERTOS!
DENUNCIA PÚBLICA:
LA ASOCIACION NACIONAL DE AFROCOLOMBIANOS DESPLAZADOS – AFRODES- DENUNCIA EL ASESINATO DE UN PADRE Y SU HIJO POR EL GRUPO PARAMILITAR LOS “GAITANISTAS” EN RIOSUCIO-CHOCÓ
A pesar de que estamos avanzado con la implementación del acuerdo de paz, que devuelve la esperanza de poder vivir en un país sin guerra, donde haya justicia y respeto para todos, los paramilitares continúan su accionar criminal contra defensores de derechos humanos sin que las autoridades tomen acciones concretas para proteger a la población civil. Juan de La Cruz Mosquera, de 54 años, y su hijo Moisés Mosquera Moreno, de 30 años, fueron asesinados por los paramilitares los “gaitanistas” en Riosucio-Chocó, Comunidad de Caño Seco, en el Río Salaquí. Un crimen que condenamos y exigimos no quede impune.
Juan de La Cruz Mosquera se encontraba viviendo en condiciones de desplazado en Riosucio, a donde llegaron personas conocidas y le invitaron a viajar a la Comunidad de Caño Seco, en el Río Salaquí, donde los paramilitares tienen una base de mando, la cual se encuentra a pocos kilómetros de la base militar del ejército. Una vez allá le pidieron llamar a su hijo Moisés, que se encontraba en la comunidad de Tamboral, com quien necesitaban resolver un problema; cuando este llegó, el día sábado 7 de enero, de inmediato fue asesinado. Su padre, quien se encontraba retenido por el grupo se enteró de su muerte el día lunes 9; de inmediato los confrontó y estos procedieron con asesinarlo. Juan de La Cruz nació y vivió con su familia en el Río Tamboral. En 1997, bajo la Operación Génesis, huyó con su familia hacia Panamá para salvar su vida. Allá vivió por varios años hasta que fueron repatriados contra su voluntad, teniendo quevolver nuevamente a su comunidad.
Juan de La Cruz y su hijo eran familiares de Marino Córdoba, presidente de Afrodes, a quien también le asesinaron un hijo en el mismo municipio a finales del año pasado; hechos que condenamos y del cual no se conoce investigación alguna. Juan de La Cruz era padre de 10 hijos, un hombre de fe, miembro y pastor de la Iglesia Pentecostal, miembro del Consejo Comunitario de la Comunidad de Tamboral, líder comunitario, muy trabajador del campo como agricultor. Un hombre al que el conflicto armado le separó a su familia mientras él se apegaba a su fe en Cristo y buenos ejemplos en su comunidad.
La violencia armada marcó la vida de la comunidad de Riosucio desde 1996, cuando bajo la Operación Génesis más de veinte mil personas fueron desplazadas, hubo innumerables asesinatos y desaparecidos, parte de sus pobladores fueron despojados de sus tierras para facilitar la siembra de palma africana y muchos aún siguen viviendo fuera. El municipio de Riosucio es uno de los más pobres del país, está localizado al norte del departamento del Chocó y su principal actividad económica es la explotación agrícola, la forestal y pecuaria. Antes de la guerra se vivía en comunidad, se compartía sin miedo y se viajaba sin restricciones. Hoy su población vive presa del miedo, secuestrados en su propio territorio, un acto que violenta el derecho internacional humanitario, que rechazamos.
Desde el 2015 los pobladores y organizaciones de derechos humanos han observado un fuerte incremento de hombres armados pertenecientes al grupo paramilitar “gaitanistas” en la región, quienes han llegado a la zona cruzando todos los retenes militares y mantienen control de la población civil sin que ninguna autoridad militar impida su accionar. Juan de La Cruz y su hijo se suman hoy a las decenas de famílias asesinadas y desaparecidas en la región, sin que la comunidad pueda denunciar estos hechos por temor a represalias, hechos que además quedan sin investigación y sin identificación de los responsables, mucho menos se obtiene respuesta de las autoridades.
AFRODES exige de las autoridades competentes que estos hechos no queden impunes.
• Exigimos a la Fiscalía nacional se investigue, identifique y judicialice a los responsables del asesinato de Juan de La Cruz y su hijo Moisés Mosquera.
• Exigimos al señor Presidente Juan Manuel Santos, ordenar a las Fuerzas Militares con asiento en la zona, cortar cualquier lazo criminal existente con grupos paramilitares y garantizar la seguridad y la paz en la región.
• Exigimos a las autoridades responsables garantizar seguridad a los familiares del padre asesinado y demás residentes de la zona.
• Solicitamos a Naciones Unidas, el cuerpo diplomático en Colombia y a organizaciones de derechos humanos acompañar a las comunidades y condenar estas violaciones sistemáticas.
Bogotá, 10 de enero 2017”
[8] Ver http://lasillavacia.com/historia/si-las-farc-insisten-en-los-viejos-esquemas-los-habran-emboscado-59215

Referencias
Bartel, Rebecca (2016), “Underestimating the force of the New Evangelicals in the public sphere: Lessons from Colombia, South America”, in http://blogs.ssrc.org/tif/2016/11/15/underestimating-the-force-of-the-new-evangelicals-in-the-public-sphere-lessons-from-colombia-south-america/ (consultado en 7 de Enero de 2017).
Molano, Alfredo (2015), “Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)”. Mesa de Conversaciones para el Acuerdo de Paz, Bogotá.
Moreno, Javier Giraldo S.J. (2004), Búsqueda de verdad y justicia: seis experiencias en posconflico. Bogotá: CINEP.
Moreno, Javier Giraldo S.J (2015), “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”, in https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/GiraldoJavier.pdf (consultado en 7 de Enero de 2017).
ONIC (2016), “Declaración Política: IX Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC”, Bosa, 14 de Outubro 2016, in http://www.onic.org.co/comunicados-onic/1523-declaracion-politica-ix-congreso-nacional-de-los-pueblos-indigenas-de-la-organizacion-nacional-indigena-de-colombia-onic (consultado en 19 de Enero 2017)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2011), Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá, Colombia: PNUD.
Revista Semana (2012), “Así es Colombia rural”, in http://www.semana.com/especiales/articulo/asi-colombia-rural/255114-3 (consultado en 19 de Enero 2017).
Uprimny, Rodrigo (2016), “Refrendación progresiva (II)”, El Espectador, 3 Diciembre.
Urrea, Danilo e Forero, Lyda (2016), Paz territorial y acaparamiento en Colombia, in https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/paz-territorial-y-acaparamiento-en-colombia (consultado en 7 de Enero de 2017).

Boaventura de Sousa Santos: mundo caminha para rupturas

admin — Mon, 09 Jan 2017 23:30:46 +0000

Para o professor da Universidade de Coimbra, a peleja entre ideais democráticos e capitalismo em crise levará a rupturas do calibre das revoluções do início do século 20. “Esperemos que menos violentas”

Rede Brasil Atual
Sarah Fernandes
08 Jan 2017

Pouca gente no planeta observa a geopolítica mundial com a lucidez de Boaventura de Sousa Santos. Catedrático aposentado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Portugal, e professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin, Estados Unidos, Boaventura é também profundo conhecedor da realidade do Brasil, onde passou a ser mais conhecido no início deste século, ao organizar e participar de edições do Fórum Social Mundial, e onde esteve recentemente para lançar seu novo livro, A Difícil Democracia (Editora Boitempo).

Ao analisar o complexo cenário político e econômico global, o professor considera incompatível a coexistência entre a democracia e as modernas sociedades capitalistas. Para ele, a democracia, limitada ao nível do sistema político, sempre sucumbe, na prática, aos três modos de dominação de classes: capitalismo, colonialismo e patriarcado. O resultado, com alguma variação de tons aqui e ali, é a prevalência de um fascismo social. Tome-se o caso brasileiro no qual, segundo Boaventura, a democracia tinha mais intensidade antes do “golpe parlamentar-midiático-judicial” do que tem agora. Agora, a simples composição do governo mostra como a democracia está mais capitalista, colonialista e patriarcal. E o que tem o fascismo social a ver com isso?

Sua definição das situações em que o fenômeno ocorre soará familiar: quando uma família tem comida para dar aos filhos hoje, mas não sabe se a terá amanhã; quando um trabalhador desempregado se vê obrigado a aceitar as condições ilegais que o patrão impõe; quando uma mulher é violada a caminho de casa ou é assassinada em casa pelo companheiro; quando povos indígenas são expulsos de suas terras ou assassinados impunemente por capangas a serviço de latifundiários; quando jovens negros são vítimas de racismo e de brutalidade policial nas periferias das cidades.

“Em todos estes casos, as vítimas são formalmente cidadãos, mas não têm realisticamente qualquer possibilidade de invocar eficazmente direitos de cidadania a seu favor”, define o professor. As vítimas de fascismo social, portanto, não são consideradas plenamente humanas, como ele resume. Boaventura vê ainda nos planos do atual governo um potencial devastador, de definhamento da democracia e de um aumento brutal do fascismo social. Confira entrevista para a Revista do Brasil, disponível apenas no site.

É possível funcionar uma democracia plena em um sistema capitalista globalizado, neoliberal e com mídia oligopolizada?

Nas sociedades capitalistas em que vivemos e que, aliás, além de serem capitalistas, são colonialistas e patriarcais, não é possível democracia plena porque ela só opera (e mesmo assim com muitos limites) ao nível do sistema político, enquanto as relações sociais diretamente decorrentes dos três modos de dominação (capitalismo, colonialismo e patriarcado. Ou seja, as relações patrão/trabalhador, branco/negro ou indígena, homem/mulher) só muito marginalmente podem ser democratizadas a partir do atual sistema político. Aliás, torna-se virtualmente impossível quando o sistema político é, ele próprio, dominado por patrões, por homens e por brancos. Ao deixar um vasto campo de relações sociais por democratizar, a democracia é sempre de baixa intensidade. Mas obviamente há graus de intensidade e os graus contam muito na vida das pessoas. A democracia brasileira tinha mais intensidade antes do golpe parlamentar-midiático-judicial do que tem agora. A simples composição do governo mostra como a democracia é agora mais capitalista, colonialista e patriarcal.

O que seria a democracia do futuro? Em que ela precisa romper com a democracia que temos hoje?
A democracia que temos não tem futuro, porque as forças sociais e econômicas que atualmente a dominam e a manipulam estão possuídas de uma tal voracidade de poder que as impede de aceitar os resultados incertos do jogo democrático sempre que estes não lhes convêm. A manipulação midiática e a fraude eleitoral (constitutiva no caso dos Estados Unidos) vão acabar por retirar qualquer vestígio de credibilidade à democracia. Nessas condições, a luta pelo ideal democrático vai implicar no futuro próximo uma ruptura do mesmo calibre das revoluções da primeira metade do século 20. Esperemos que menos violenta. Será uma democracia de tipo novo que procurará garantir o máximo de autonomia do sistema político em relação aos três modos de dominação acima referidos – para o que será necessária uma Assembleia Constituinte originária – para a partir desse sistema político: a) pressionar até o limite a dominação capitalista em nome da igualdade socioeconômica por via da redistribuição da riqueza, dos direitos laborais, do acesso à terra, da tributação progressiva, do reconhecimento de outras formas de propriedade para além da privada; e b) pressionar até ao limite a dominação colonialista e patriarcal em nome do reconhecimento da igual dignidade das diferenças raciais, etnoculturais e de gênero. Ao contrário do que aconteceu até agora, as duas pressões são igualmente importantes e têm de ser simultâneas. Na medida em que tiverem êxito, as duas pressões irão deixando emergir uma outra matriz social e política que muitos chamarão socialismo, se por socialismo entendermos democracia sem fim.

A PEC 55 destinou-se a fazer a população crer que o pouco que deve esperar do Estado é o que for dado pela direita. Espero que o povo torne o país ingovernável aos que o querem governar com tais medidas

E como isso seria possível?
O sistema político terá de combinar democracia representativa e participativa, o pluralismo econômico será o outro lado do pluralismo político, a ecologia será a medida do crescimento econômico e não o contrário, como acontece agora, e a educação será a prioridade das prioridades, orientada para democratizar, desmercantilizar, descolonizar e despatriarcalizar as relações sociais. As condições para ruptura são imprevisíveis e podem implicar muito sofrimento humano injusto. O importante é ter ideias para as pôr em prática quando o momento chegar e convicções para distinguir rupturas dos novos disfarces da continuidade. Até agora, as ideias de ruptura estão a vir da direita e não da esquerda, como bem ilustra a eleição de Donald Trump e o crescimento da extrema-direita na Europa. O sistema disfarça-se de antissistema para aprofundar o seu domínio e a sua capacidade de exclusão.

No livro A Difícil Democracia, o senhor observa que temos uma democracia de baixa intensidade e que “vivemos em sociedades politicamente democráticas e socialmente fascistas”. Que impactos isso causa no funcionamento da sociedade e por que chegamos nesse ponto?
As situações de fascismo social ocorrem sempre que pessoas ou grupos sociais estão à mercê das decisões unilaterais daqueles que têm poder sobre eles. Exemplos de fascismo social: quando uma família tem comida para dar aos filhos hoje, mas não sabe se a terá amanhã; quando um trabalhador desempregado se vê na contingência de ter de aceitar as condições ilegais que o patrão lhe impõe para poder sustentar a família; quando uma mulher é violada a caminho de casa ou é assassinada em casa pelo companheiro; quando os povos indígenas são expulsos das suas terras ou assassinados impunemente por capangas ao serviço dos agronegociantes e latifundiários; quando os jovens negros são vítimas de racismo e de brutalidade policial nas periferias das cidades. Em todos estes casos, estou a referir situações em que as vítimas são formalmente cidadãos mas não têm realisticamente qualquer possibilidade de invocar eficazmente direitos de cidadania a seu favor. A situação agrava-se quando se trata de imigrantes, refugiados etc. Por exemplo, a situação de trabalho escravo de milhares de imigrantes bolivianos nas fábricas de São Paulo. As vítimas de fascismo social não são consideradas plenamente humanas por quem impunemente as pode agredir ou explorar.

Mas o fascismo não tem apenas a face violenta. Tem também a face benevolente da filantropia. Na filantropia quem dá não tem dever de dar e quem recebe não tem direito de receber. Em tempos recentes, a classe alta e média alta do Brasil ressentiu muito que as empregadas domésticas ou os motoristas já não precisavam dos favores dos patrões para comprar um computador aos filhos ou fazer um curso. Ressentiam o fato de os seus subordinados se terem libertado do fascismo social. Quanto mais vasto é o número dos que vivem em fascismo social, menor é a intensidade da democracia.

Manipulações midiática e eleitoral abalam a credibilidade da democracia. A simples composição do governo mostra como a democracia é agora mais capitalista, colonialista e patriarcal

O senhor classifica como esquerda um conjunto de teorias e práticas que resistiram ao capitalismo e à crença em um futuro pós-capitalista, mais justo, centrado na satisfação das necessidades dos indivíduos e da liberdade. O quanto a esquerda de hoje se aproxima desse conceito?
Desde a queda do Muro de Berlim a esquerda mundial perdeu a memória e a aspiração de uma sociedade pós-capitalista. Na América Latina, os movimentos indígenas vieram trazer para a agenda política, sobretudo na primeira década do século 21, uma alternativa vibrante ao socialismo, o buen vivir (sumak kawsay em quíchua, “bem viver”) dos povos andinos como matriz de desenvolvimento não capitalista. Essa nova matriz foi consagrada nas Constituições do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009. Infelizmente, a prática política tem vindo a contradizer a Constituição. No fundo, a esquerda latino-americana foi sempre muito eurocêntrica e, por vezes, racista, sobretudo em relação aos povos indígenas e quilombolas. O problema da esquerda neste momento é não ter uma resposta progressista para crise do neoliberalismo que se avizinha. A eleição de Donald Trump e o crescimento da extrema-direita na Europa mostram que as forças de direita estão mais bem posicionadas para impor uma resposta reacionária.

Por que o senhor afirma em seu livro que Cuba se transformou em um problema para a esquerda?
Quando, na primeira década do novo milênio, se começou a discutir no continente o socialismo do século 21, algo inédito em nível mundial, muitas vozes (a minha incluída) advertiram que tal discussão só faria sentido se primeiro discutíssemos os erros do socialismo do século 20. Acontece que Cuba era um dos socialismos do século 20 e haveria de incluí-lo na crítica. Muitos companheiros acharam que tal crítica acabaria por vulnerabilizar ainda mais a corajosa luta do povo cubano ante a agressão do imperialismo norte-americano e o infame embargo. O capítulo do livro a que se refere foi escrito a partir de uma perspectiva socialista e solidária para com a luta do povo cubano. O texto foi muito bem recebido em Cuba por intelectuais que muito respeitamos, mas a publicação foi embargada por ordens superiores. Como vai a esquerda reagir se Cuba caminhar para uma solução de capitalismo de Estado à la chinesa ou à la vietnamita? Mas mais problemático ainda é como a esquerda reagirá a algo que tem vindo a querer desconhecer: como reagir ao fato de em vários países da Europa Oriental as sondagens de opinião revelarem repetidamente que a maioria da população destes países considera que vivia melhor no tempo do socialismo de Estado?

O Brasil da era Lula é citado como nova potência “benévola e inclusiva”. Quais foram os limites desse modelo? Como o Brasil pode ser classificado agora?
O Brasil de Lula foi o produto de uma conjuntura que dificilmente se repetirá nos próximos tempos. Tratou-se da alta dos preços dos recursos naturais e agrícolas impulsionada pelo desenvolvimento da China (e também por especulação). Permitiu que se realizasse uma notável diminuição da pobreza sem que os ricos deixassem de enriquecer, sem que o sistema político e a prática política fossem democratizados, sem que se fizesse reforma tributária, do sistema financeiro e dos meios de comunicação. E sem que se pusesse em causa, e antes se aprofundasse, um modelo de crescimento assentado na desindustrialização, na destruição do equilíbrio ecológico do país e na imposição de sofrimento injusto e ilegal (à luz do direito interno e internacional) aos povos indígenas, aos camponeses e às populações ribeirinhas. Todas estas omissões foram os limites do modelo do período Lula, um modelo tão brilhante nos êxitos do curto prazo, como leviano no descuidar das suas condições de sustentabilidade. O Brasil de agora é politicamente uma sociedade mais capitalista, mais colonialista e mais patriarcal do que era antes do golpe, e por isso menos democrática e com mais fascismo social.

O problema da esquerda é não ter resposta progressista à crise do neoliberalismo. Trump e a extrema-direita europeia mostram que a direita está mais bem posicionada para impor uma resposta reacionária

Se o futuro da esquerda não será uma continuação linear do seu passado, como será esse futuro?
Estamos num período de bifurcação política, uma conjuntura altamente instável que pode caminhar em uma de duas direções opostas: ou o fascismo social se expande e se transforma em fascismo político; ou as forças democráticas prevalecem antecipando-se às forças de direita que se posicionam para “resolver” a crise do neoliberalismo que se avizinha – uma crise que elas próprias criaram com a colaboração ativa de alguma esquerda rendida à “evidência” do pensamento único. A esquerda só tem futuro no segundo caso, e para isso tem de se refundar numa dupla crença: os grandes empresários, os banqueiros e a mídia corporativa a serviço dele nunca aceitarão a “paz e amor” com as forças de esquerda. Quem governa à direita tem não só o controle do governo, como também o do poder social, econômico e político no seu sentido mais amplo. Quem governa à esquerda só tem o controle do governo e o tem de usar para neutralizar os outros poderes fáticos. Perante essa assimetria, governar à esquerda é sempre governar contra a corrente, com tolerância zero com a corrupção e dando prioridade à reforma do sistema político de modo a autonomizá-lo o mais possível em relação aos poderes que reproduzem a dominação capitalista, colonialista e patriarcal. Os lideres adequados a essa esquerda terão de ser muito diferentes dos atuais, centrados em ampliar e manter autônomas e ativas as organizações de cidadãos e cidadãs segundo mecanismos de democracia participativa. O poder político das forças de esquerda será tanto maior quanto mais amplamente for partilhado por quem não se considera “político”.

Há também um refluxo do neoliberalismo em toda a América Latina. Como a esquerda reagirá a esse contexto?
A esquerda latino-americana perdeu uma grande oportunidade histórica. Na primeira década do novo milênio o neoliberalismo estava na defensiva no continente devido à guerra no Iraque. Os governos de esquerda fizeram sonoras declarações contra o neoliberalismo e o imperialismo, mas não se envolveram com entusiasmo (sobretudo os países maiores como o Brasil) na implementação de políticas regionais que blindassem o continente depois da exaltante vitória da luta continental contra a Alca e tornassem a solidariedade regional numa prática consistente. Organizações como a Alba, Unasur, Banco do Sul foram sendo negligenciadas, tal como o próprio Mercosul.

Os erros da esquerda explicam a retomada neoliberal?
Hoje, o neoliberalismo na América Latina tem dois nomes: o imperialismo norte-americano e o imperialismo da União Europeia. A esquerda latino-americana está despreparada para combater eficazmente esse perigo para as forças progressistas. Desde que a Teologia da Libertação foi praticamente banida por papas reacionários, a esquerda deixou de saber onde moram os desgraçados, condenados, excluídos, silenciados, ressentidos do continente. E se soubesse onde moram, não saberia como falar com eles. Parafraseando um grande marxista deste continente, José Carlos Mariátegui (pensador peruano), o pecado capital da esquerda latino-americana é ter-se esquecido dos desgraçados e desgraçadas do continente, levada pela miragem da conquista de supostas classes médias que no continente sempre estiveram ao lado das oligarquias.

Quais podem ser os impactos de uma medida que limita gastos públicos por 20 anos para a democracia brasileira e para a sociedade?
Devastador. Anuncia um brutal aumento do fascismo social e o consequente definhamento da democracia. Trata-se de uma medida provocatória destinada a mostrar às classes populares que não poderão mais acreditar nas promessas da esquerda e que o pouco que poderão esperar do Estado é o que lhes for dado pela direita. Espero que os brasileiros e as brasileiras tornem o país ingovernável aos poderes que os querem governar com tais medidas.

2017 Sem Fim

admin — Wed, 04 Jan 2017 17:48:29 +0000

Um empate histórico parece consumar-se à beira do abismo, de tal modo que nem passos em frente nem passos atrás parecem possíveis. Daí a sensação de implosão, uma ordem que mal se disfarça de caos, um caos que, por repetição, parece a única ordem possível.

Jornal das Letras (Coluna Sociedade Breve)
04 Jan 2017
Boaventura de Sousa Santos

Raramente os anos começam com uma sensação de fim tão intensa quanto este de 2017. Se algo começa, é o começo do fim. No plano internacional está no ar uma mistura tóxica de ausência de alternativas e de agravamento da crise, uma entidade mutante que se desdobra em crise económica, financeira, política, ecológica, energética, ética, civilizacional. Esta mistura tóxica funda tanto a sensação de que algo termina como a de que é impossível que algo novo emerja. Um empate histórico parece consumar-se à beira do abismo, de tal modo que nem passos em frente nem passos atrás parecem possíveis. Daí a sensação de implosão, uma ordem que mal se disfarça de caos, um caos que, por repetição, parece a única ordem possível. Os componentes principais deste impasse são os seguintes: a crise que não tem crise, dronificação do poder, acerto de contas.

A crise que não tem crise. Até agora, sempre que surgiram crises houve necessidade de as explicar e de as superar. O pensamento moderno assenta na ideia de que as crises são oportunidades para novas soluções. Não é isto o que se passa hoje. A crise passou a ser tão permanente que, em vez de ter de ser explicada, é ela que explica tudo. Se as classes médias estão a desaparecer em todo o mundo, a razão é a crise. Se os países se endividam de maneira insustentável, a razão é a crise. Esta inversão entre o explicans (o que explica) e o explicandum (o que tem de ser explicado) tem uma consequência insidiosa, fatal e fatalmente ignorada. Quando a crise deixa de ter de ser explicada e passa ela própria a explicar tudo, não há qualquer possibilidade de pensar em alternativas, em saídas que impliquem a superação da crise, porque esta passou a ser uma constante e como tal o limite máximo do que pode ser pensado. O pensamento da crise está a transformar-se no maior sintoma da crise do pensamento.

A dronificação do poder. O poder, qualquer que seja a sua medida, tende a ser exercido em excesso e de forma extrema. Os drones militares são a melhor metáfora do modo dominante de exercício de poder no nosso tempo. Quem mata, mata visualizando o inimigo no ecrã a muita distância e atingindo-o mediante movimentos do rato e toques no teclado. Mortes limpas, decididas segundo protocolos predefinidos e provocadas em horário de turno. É um poder unilateral, invulnerável e impune que não obedece às regras da guerra nem às Convenções de Genebra. Não é uma guerra em que morram soldados. Morrem noivos e convidados em casamentos, acompanhantes em funerais, rodas de amigos em esplanadas. O benevolente presidente Obama foi quem levou mais longe este tipo de assassinato tecno-selvagem, crimes contra a humanidade segundo a Amnistia Internacional. Este tipo de poder está presente em muitos outros campos para além do militar. É o tipo de poder que o capital financeiro exerce hoje quando, de uma hora para a outra, especuladores e analistas financeiros, colados aos seus ecrãs e teclados, mediante a manipulação de números e de conclusões de relatórios aparentemente técnicos e inócuos, lançam um país na falência, milhares de trabalhadores no desemprego, e muitos mais na fome e na iminência de guerra civil. Também aqui o poder é invulnerável e a sua atuação, impune.

Acerto de contas. Instala-se na sociedade a ideia de que as instituições tanto nacionais como internacionais não são capazes de cumprir as funções para que foram criadas. É, pois, legítimo recorrer à ação direta, fazer justiça pelas próprias mãos. Este recurso assume muitas formas nos diferentes campos sociais e varia segundo as relações de poder em jogo. O terrorismo e a reação contra o terrorismo é hoje um dos campos mais visíveis de acerto de contas. Os grupos terroristas usam o poder ao seu alcance para saldar as contas com o imperialismo ocidental que, ao longo de séculos até aos dias de hoje, invadiu, destruiu, saqueou e humilhou os povos e as culturas árabes e islâmicas.

Por sua vez, a reação ocorre segundo a mesma lógica de justiça privada. Cada vez mais frequentemente, os autores dos atentados são mortos sumariamente e nada podemos saber pela sua voz sobre o que se passou e porquê. A opinião pública é levada a acreditar em tudo o que dizem os comunicados do Estado Islâmico e nunca saberá quem de facto mandou matar e com que objetivos.

Outro campo de poder extrajudicial para acerto de contas é a violência policial contra jovens negros nos EUA ou no Brasil, ou contra povos indígenas na América Latina ou na Austrália. Neste caso, o acerto de contas toma por vezes a forma de reação extra-institucional aos ganhos políticos e direitos sociais que os grupos sociais historicamente oprimidos recentemente conquistaram e que tiveram nos EUA a manifestação dramática de eleger um presidente negro.

No campo político há uma área emergente de acerto de contas ainda pouco reconhecida: o voto de ressentimento contra as ideias, valores e instituições dominantes. Neste caso, o acerto de contas consiste em usar as instituições como armas de arremesso, o que surpreende sondagens, analistas e líderes políticos. Em tempos recentes, o voto pelo Brexit e o voto por Donald Trump foram, em grande medida, votos de ressentimento, um acerto de contas com os políticos profissionais, o preço por durante tanto tempo e de modo tão hipócrita terem esquecido os “seus” eleitores, negligenciando os seus interesses e fazendo tábua rasa das suas necessidades e aspirações.

Esta narrativa do ano que começa como se algo estivesse a acabar não é a história toda. Se fosse, não a descreveria assim. O mundo está cheio de resistência e luta, de gente inconformada com o presente estado de coisas. Cumprindo o espírito da época, também estas lutas surpreenderão os analistas e os políticos. Há que estar atento aos indícios.

Wanderley Guilherme dos Santos: ‘Governo Temer é profundamente antinacional. É pior que 1964’

admin — Tue, 30 Aug 2016 12:25:13 +0000

O governo de Michel Temer dá as primeiras passadas, acelerando para o grande salto para trás e a grande queima de estoques. A massa assalariada brasileira está sendo vendida a preços de saldo, com as liquidações iniciais dos programas educativos e sociais. O patrimônio de recursos materiais, como antes, será oferecido como xepa. A repressão à divergência não será tímida. Não há nada a esperar

Sul21
Marco Weissheimer
29 Aug 2016

“Há um trabalho que vem sendo realizado há alguns anos junto ao subconsciente da sociedade para cultivar a impressão de que tudo o que vinha sendo feito desde 2002 era algo paliativo, populista e maligno” (Foto: Thiago Ripper/RBA)

Esse é o resumo da obra que será exibida no Brasil nos próximos meses, talvez anos, na avaliação do cientista político Wanderley Guilherme dos Santos, professor aposentado de Teoria Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisador sênior do Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP-UERJ).

Em um artigo intitulado “O grande salto para trás de Michel Temer”, publicado em seu blog “Segunda Opinião”, o cientista político prevê dias sombrios para o país e aponta algumas características do bloco que apoia Temer e que pretende implantar uma nova agenda política e econômica no país, sem ser referendada pelo voto popular, com a confirmação da derrubada da presidenta Dilma Rousseff.

Em entrevista ao Sul21, Wanderley Guilherme dos Santos fala sobre essa agenda, destacando o seu caráter profundamente antinacional. Para ele, o movimento golpista pretende recolocar o Brasil no fluxo normal das relações do capitalismo que havia sido interrompido com a eleição de Lula em 2002. “O que vai acontecer agora, e já começou a acontecer, como tem ocorrido em várias democracias sociais no mundo inteiro, uma redefinição programática drástico dos contratos de solidariedade social com uma hegemonia desabrida da lógica do interesse do capital”, assinala. Para tanto, acrescenta, a esquerda foi expulsa do jogo político legal por algum tempo. “Eles não deixarão Lula ganhar a eleição em 2018 em hipótese alguma. Não sei como vão fazer, mas não deixarão”, diz, advertindo que a tentativa de prisão do ex-presidente Lula é uma possibilidade real neste cenário.

Sul21: Como você definiria a atual situação política do país e, mais especificamente, o que está acontecendo no Senado nos últimos dias, com o julgamento do impeachment da presidenta Dilma Rousseff?
Wanderley Guilherme dos Santos: Eu não tenho acompanhado o Senado e nem o Supremo Tribunal Federal porque, já há algum tempo, tenho a convicção de que está tudo essencialmente resolvido. É uma peça cuja primeira montagem, para a minha sensibilidade, teve alguma emoção. Agora, virou algo mecânico. Por isso não estou acompanhando o que ocorre no Senado. Não vai daí nenhuma depreciação das pessoas. Elas estão cumprindo o protocolo, mas, no fundo, todos sabem que está resolvido.

Com a confirmação do afastamento de Dilma, quais podem ser as repercussões políticas e sociais no país?
Acho que ocorrerão desdobramentos e aprofundamentos do telos, da finalidade deste movimento que pretende recolocar o Brasil no fluxo normal das relações do capitalismo que havia sido interrompido com a eleição de Lula em 2002. A inserção do Brasil no sistema capitalista evoluiu muito durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, quando foram construídos laços explícitos com o modelo internacional. Previamente a isso, havia uma indefinição sobre o rumo que o país iria tomar. Mesmo durante o período militar, havia uma disputa permanente entre os nacionalistas e os mais, digamos cosmopolitas. Isso foi resolvido, primeiro, com a vitória de Collor e, depois, com a de Fernando Henrique, quando tivemos oito anos de ajustamento da dinâmica brasileira ao modelo capitalista internacional. Isso foi interrompido em 2002.
O que vai acontecer agora, e já começou a acontecer, como tem ocorrido em várias democracias sociais no mundo inteiro, uma redefinição programática drástica dos contratos de solidariedade social com uma hegemonia desabrida da lógica do interesse do capital. Esse processo já está em curso.

Na sua opinião, pode ocorrer uma reação na sociedade a esse processo, especialmente entre os setores que devem ser mais atingidos por essa redefinição programática? Há uma aparente calmaria na sociedade hoje, considerando a gravidade de tudo o que está acontecendo. O que essa calmaria expressa? Apatia? Indiferença?
Acredito que temos aí uma composição de percepções. Em primeiro lugar, há o reconhecimento da falta de recursos. Os assalariados, de modo geral, com a ameaça de desemprego, estão muito pouco dispostos a participar de manifestações com pautas universais, generalizantes. Só farão isso por questões específicas. Essa postura obedece a razões materiais compreensíveis. Em segundo lugar, por uma avaliação, na minha opinião bastante sensata também, de que esse esquema de redefinição programática e de reajustamento reacionário é muito forte e pouco vulnerável a pressões externas. Ele tem algumas instabilidades, como essa briga agora entre Gilmar Mendes e o Ministério Público Federal, mas elas não transbordarão para uma associação com quem está de fora. Assim, acredito que essa aparente apatia não é, na verdade, uma apatia, mas sim uma avaliação bastante pessimista, porém racional.

Em que medida a Constituição de 1988 está sendo afetada pelo que está acontecendo agora no Brasil?
A Constituição, propriamente, não está sendo atingida. O texto da Constituição consagra uma série de votos de boa vontade. O que aconteceu, de 2002 até aqui, foi uma tradução desses votos constitucionais em políticas específicas sérias e sistemáticas. Como essas intervenções sociais não foram constitucionalizadas, como ocorreu, por exemplo, com a Consolidação das Leis do Trabalho, elas ficaram muito vulneráveis a mudanças ministeriais e de governo. Então, o que está ocorrendo agora é um desmanche das políticas sociais construídas a partir de 2002 e a instalação de uma forma diferente de ler os votos constitucionais que não são específicos, mas sim declarações de intenções. O que está sendo atingido é a gramática que traduzia essas declarações de intenções em políticas sociais específicas.

Qual é, na sua avaliação, a capacidade do PT e da esquerda brasileira de um modo geral, de resistir a esse processo e de enfrentar o período que se abre agora na história do país?
Há um trabalho que vem sendo realizado há alguns anos junto ao subconsciente da sociedade para cultivar a impressão de que tudo o que vinha sendo feito desde 2002 era algo paliativo, populista e maligno para comprar o apoio das classes mais desfavorecidas. Foram anos de condicionamento da subjetividade nacional e grande parte dela ficou bastante hesitante no que pensar diante de uma [Operação] Lava Jato. Não obstante a execução efetiva dos procedimentos legais que até agora condenaram empresários, burocratas, marqueteiros e alguns políticos, o único grande nome do PT condenado neste processo é o [João] Vaccari [Neto, ex-tesoureiro do partido].
Desde o início da Lava Jato, os vazamentos, delações, declarações são sempre em relação ao PT. Por isso não cessa a Lava Jato. Toda semana tem uma ameaça nova sobre a prisão de fulano ou de sicrano. E não acontece. Não acontece porque não tem base e as coisas não colam. Há alguns meses, o Lula seria preso por causa do sítio em Atibaia ou por um apartamento no Guarujá. Isso era martelado diariamente como se fosse verdadeiro e suficiente para tornar alguém incomunicável. A Lava Jato colheu os frutos desses 13 anos de cultivo de uma subjetividade disposta a aceitar determinadas coisas. E a devastação produzida por isso foi muito grande. A imensa maioria das forças de esquerda não tem nada a ver com o número de pessoas denunciadas e condenadas pela Lava Jato. Há uma discrepância absoluta aí e ninguém está se dando conta disso.
Há dois processos em curso. Há um processo teatral e um processo real. Os personagens reais estão lá na lista de denunciados e sentenciados pela Lava Jato, da qual não constam políticos do PT, com exceção de Vaccari e Delcídio [Amaral, ex-senador pelo PT e ex-líder do governo na Casa], que era um recém-chegado ao partido. A Lava Jato continua produzindo essa devastação na esquerda.
Então, é natural que o eleitorado de esquerda esteja, não digo intimidado, mas aguardando os acontecimentos, pois foi colocado sobre seus representantes um véu generalizado de suspeição, o que faz com que ninguém se arrisque a por a mão no fogo por ninguém. A situação de meio paralisia que vemos hoje é uma situação de intimidação. Tudo contribui para um curto e médio prazo não muito róseo para a esquerda brasileira.

Você acredita que a Lava Jato, uma vez confirmado o afastamento da presidenta Dilma, tende a terminar?
Não. Pode até ser que eles tenham pensado nisso em algum momento do processo, mas acho que tomaram gosto pela coisa. É um poder que, agora, o Gilmar Mendes identificou. É um poder excepcional esse de ter informações sigilosas sobre as pessoas, de saber quem faz o quê, em um contexto em que acusação e difamação se confundem. É um poder tirânico, aparentemente dentro da lei. Eu duvido que isso termine tão cedo.

Em que medida esse bloco que está apoiando Temer e a derrubada da Dilma é um bloco coeso e sólido, considerando especialmente as relações entre PMDB e PSDB?
Pode haver algumas rusgas internas, mas acho que o bloco reacionário é sólido. A esquerda foi expulsa do jogo político legal por algum tempo. Lamento, mas eu leio o que está escrito. Posso estar lendo errado, mas tento ler o que está escrito.

Como avalia a possibilidade do movimento sindical e dos movimentos sociais resistirem à agenda de políticas defendidas pelo bloco político e social de Temer, que inclui propostas como a flexibilização da CLT e a precarização de direitos?
Os movimentos sociais podem resistir um pouco, mas dentro do sistema político legal atual, lá entre eles, a situação não é tão fácil assim. Nem todos são reacionários de alfa a ômega. Há representantes dentro do Legislativo e da burocracia que tem interesses a defender e estão envolvidos com uma série de políticas. Então, acho que não será tão fácil para eles e não cumprirão 100% do que gostariam os mais radicais deles, mas isso por conta de resistências dentro do próprio bloco deles. Esse bloco é muito sólido no seu veto à esquerda. O consenso básico deles é: esquerda fora. Esse é o denominador comum que os unifica.

“Em certo sentido, o golpe atual é pior que o de 64, pois tem um compromisso antinacional e reacionário muito mais violento”.

Tudo isso que estou dizendo não significa que nós vamos ficar olhando para tudo isso de braços cruzados, sem fazer nada. O que estou fazendo é procurar ver essa conjuntura com um olhar realista, inclusive para não criar expectativas falsas. As lideranças da esquerda não podem ficar levantando expectativas falsas que sabem que não poderão cumprir. Isso é ruim. O que não quer dizer que vamos ficar parados. Nós ficamos parados durante a ditadura? Não e tampouco ficaremos parados agora. Na ditadura, não acreditávamos que, em 48 horas, iríamos derrubar os generais. Nem por isso ficamos parados.
Em certo sentido, o golpe atual é pior que o de 64, pois tem um compromisso antinacional e reacionário muito mais violento que o dos militares daquela época. Estes tinham uma seção autoritária, mas comprometida com interesses nacionalistas. Não é o caso agora. Cerca de 90% desse bloco que apoia Temer é profundamente antinacional. Isso não está acontecendo só aqui, vem acontecendo pelo mundo inteiro depois da crise de 2008.

Você vê alguma possibilidade de Lula vencer a eleição em 2018 e retornar ao governo?
Eles não deixarão Lula ganhar essa eleição em hipótese alguma. Não sei como vão fazer, mas não deixarão. A esquerda não ganhará a eleição em 2018 de jeito nenhum. O que não quer dizer que a gente não vá mostrar a cara. Dependendo do andar da carruagem e se as eleições fossem livres, hoje eu acho que eles perderiam. O governo Temer é muito ruim e está afetando todo mundo. Se houvesse uma eleição para valer, eles perderiam. Como é que eles vão fazer eu não sei. O compromisso que eles estão assumindo, em nível nacional e internacional, é de tal envergadura que eles não podem perder a eleição em 2018.

Na sua opinião, o tema da prisão de Lula ainda é uma possibilidade?
Acho que sim. Estão preparando o ambiente e o farão quando avaliarem que isso provocará apenas alguns protestos impotentes. Há um ano, eles não fariam, pois não daria certo. Eles não estão para brincadeira e vêm trabalhando sistematicamente para “acostumar” a opinião pública com a ideia da prisão de Lula. Eles vêm realizando sucessivas ameaças, às quais reagimos, para ir criando o clima. A ideia é que, ao longo dessas sucessivas ameaças, a nossa reação vá perdendo força na sociedade.

Como definiria a atuação do STF neste processo? Há setores do Supremo que fazem parte orgânica desse bloco de Temer?
Sim, fazem. A maioria do Supremo é servil. Os que não são, se acomodam e se acovardam. Só esboçam alguma reação em coisas secundárias. Na hora de decidir sobre temas essenciais, isso desaparece.

Outra instituição que vem sendo apontada como uma protagonista do golpe é a chamada “grande mídia”. Como definiria o papel desse setor?
É claro que também faz parte desse mesmo bloco. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Esse encontro entre Legislativo, Judiciário, Supremo, empresariado e mídia é uma circunstância que aconteceu. Não é fácil de acontecer, mas aconteceu. Acho que nem foi o resultado de uma coisa totalmente planejada, pois é muito difícil planejar algo dessa natureza. Mas acontece e, quando acontece, eles têm consciência de que aconteceu. Eles sabem o que aconteceu e, por isso, estão à vontade para cometer as maiores barbaridades como se fossem verdades. Hoje, se alguém ligado à esquerda entra com um habeas corpus ou algo do gênero no Supremo, eles negarão o pedido. Pode parecer exagerado, mas é isso mesmo. O que está acontecendo não é brincadeira. A gente esquece como isso tudo começou. Há alguns anos, o que estamos vendo agora era algo impensável. Hoje acontece como se fosse algo normal.

Considerando o bloco político social que apoia Temer hoje é possível fazer uma comparação com aquele bloco que apoiou o golpe de 1964?
Não, é uma realidade bem diferente. Em 1964, não havia uma sociedade organizada e diversificada como hoje. Os militares obtiveram uma maioria conjuntural, mas depois as coisas foram ficando mais complicadas. Não tem nada a ver com 1964. Como disse, acho que o que acontece agora, em certo sentido, é pior em função do caráter profundamente antinacional desse bloco.

Eduardo Gudynas: Guerras extractivistas en Bolivia

admin — Tue, 30 Aug 2016 09:44:33 +0000

El asesinato de un viceministro y la muerte de cuatro mineros vuelven a confirmar que los extractivismos transitan hacia mayores niveles de violencia. No es la primera vez que esto sucede, pero en esta ocasión golpea al gobierno de Bolivia y uno de sus más íntimos aliados políticos.

Alainet
Eduardo Gudynas*
29 Aug 2016

Más allá de los clásicos argumentos partidarios, este caso deja en claro que las ideologías políticas quedaron relegadas detrás de una cruda guerra por los excedentes económicos. Una vez más, las comunidades y la Naturaleza, lo sufren.

El conflicto entre las cooperativas mineras y el gobierno de Evo Morales no puede ser analizado apelando a los marcos clásicos. De un lado, no estamos frente a una gran corporación minera transnacional, sino a un conglomerado de agentes económicos que hacen minería, y que se presentan a sí mismos como cooperativas (y de izquierda). Del otro lado, el gobierno de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo, construyó una estrecha relación política con todo ese sector, convirtiéndolo en uno de sus aliados más importantes.

El actual ciclo de conflictividad se inició a inicios de agosto con la aprobación parlamentaria de una reforma a la ley de cooperativas propuesta por el gobierno Morales, para permitir y proteger la sindicalización de los trabajados. La medida fue duramente criticada por Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), y el 10 de agosto comenzaron movilizaciones y protestas. Se estima que existen unos 130 mil cooperativistas mineros, lo que les convierte en actores de peso. Rápidamente se generaron bloqueos en rutas nacionales, pedreas y declaraciones cada vez más encendidas.

Desde el gobierno los discursos también se volvieron más duros y se desplegaron policías. Estallaron las refriegas, donde había decenas de manifestantes detenidos y a la vez decenas de policías eran retenidos como rehenes por los mineros, con heridos de uno y otro lado. Varios mineros son encarcelados y se les inician procesos judiciales, lo que hace endurecer todavía más a los cooperativistas. El 24 de agosto mueren dos mineros en esas refriegas, y al otro día es secuestrado el viceministro del interior, Rodolfo Illanes, quien intentaba iniciar una nueva negociación. Al menos un dirigente minero afirmó, con toda claridad, que asesinarían a ese funcionario si moría otro manifestante minero.

Bajo esa dinámica, ya sin control, la noticia del deceso de un nuevo manifestante terminó en que una turba golpeara y tortura al viceministro hasta su muerte; al poco tiempo dejaron abandonado su cadáver en una carretera (fue recuperado el 26 de agosto). Es una triste y dolorosa situación donde, al día de hoy, hay un total de cinco muertos.

Como muchas veces sucede en Bolivia, casi nada es lo que parece y es necesario disecar con precaución a los actores y sus disputas. Por un lado, las llamadas “cooperativas” mineras en realidad son más similares a empresas, y en buena parte de ellas existen unos pocos socios cooperativistas y unos cuantos obreros asalariados, que trabajan bajo durísimas condiciones de seguridad y ambiente, malos sueldos, impedidos de organizarse. En algunas cooperativas incluso se explotaba como asalariados a mujeres o niños.

Por otro lado, la propuesta de modificación del gobierno Morales se enfocaba en los asalariados de las cooperativas de servicios, y era discutible si afectaría a los mineros. Bajo la excusa de que esa medida volvería a sus cooperativas ingobernables es que se lanzaron las movilizaciones. Es un tipo de argumentos que resulta muy conservador, pero que era dicho por organizaciones, sin duda populares, y que se presentan a sí mismas como parte de la revolución del Movimiento al Socialismo. Recordemos que estas cooperativas han sido uno de los socios más poderosos en ese gobierno, tanto por su poder de movilización como por el gran número de votos que significan. Es un conglomerado que tiene muchas caras, ya que por momentos opera como un sindicato, a veces como una cámara empresarial y en otros casos como movimiento político (incluso tiene sus propios legisladores y han colocado a sus integrantes en puestos ministeriales).

Para muchos analistas y medios parecería que esto es la primera vez que ocurre en Bolivia. Sin embargo, hay una larga lista de antecedentes. En uno de los más recordados, en 2006 murieron 16 personas por durísimos enfrentamientos entre mineros cooperativistas y mineros del sindicato de la empresa estatal, para controlar unas parcelas en la localidad de Huanuni, en el altiplano andino. Otra guerra extractivista que también escapó al control gubernamental.

Entonces nadie puede sorprenderse del evidente aumento de la violencia alrededor de la minería. Ya no es solo la imposición de unas empresas contra comunidades locales, sino que en varios sitios en distintos países estallan conflictos entre distintos tipos de mineros (tales como cooperativistas versus trabajadores, sean de empresas estales o privadas, o legales contra ilegales), mineros de cualquier tipo versus campesinos que todavía se dedican a la ganadería o agricultura, o frente a pueblos indígenas. La violencia en el extractivismo ya no expresa ocasionales accidentes, sino que es un componente esencial y propio de ese tipo de actividades.

Dando otro paso en la particularidad boliviana, los reclamos de las cooperativas mineras iban mucho más allá de resistirse a la sindicalización. Sus exigencias son mucho más amplias, incluyendo poder efectuar contratos directamente con empresas transnacionales, esquivar el control parlamentario en ese tipo de comercialización, aumentar las áreas de explotación minera, incluyendo el acceso a tierras forestales y áreas protegidas, recibir todavía más ayudas financieras (por ejemplo, que regalías mineras fueran reinvertidas en proyectos mineros de las cooperativas), y subordinar los controles ambientales.

Por lo que puede verse estos son reclamos que serían un sueño para las grandes corporaciones transnacionales, pero que aquí son exigidas violentamente por grupos populares que se consideran parte del progresismo y eran socios íntimos del gobierno. Es que justamente otra particularidad de esta situación es que las cooperativas mineras tienen ese enorme poder y el desparpajo de hacer ese tipo de reclamos gracias a las sucesivas concesiones y beneficios que le ha dado el gobierno de Evo Morales. La más reciente fue la nueva ley de minería No 235, aprobada en 2014, que consolida su status privilegiado, le otorga grandes beneficios económicos, y hasta declaraba que sería ilegal cualquier actividad que impidiera la minería (entre ellas, la huelga, por supuesto).

Este caso boliviano también muestra la necesidad de miradas conceptualmente rigurosas sobre los extractivismos. Es que no son pocas las definiciones de extractivismos mineros que, aún en la crítica, lo conciben solamente como una expresión propia de las grandes corporaciones del norte. Esas conceptualizaciones son casi siempre compartibles, pero al caer en unas narraciones metafóricas, no siempre sirven para entender otros extractivismos, tales como el cooperativismo minero boliviano o la ilegalidad / informalidad de los mineros de oro en la Amazonia. Por ello, una definición más precisa subraya que los extractivismos son un tipo de apropiación intensiva y de grandes volúmenes de los recursos naturales que puede darse bajo distintos regímenes de propiedad (privada, estatal, mixta, cooperativa, etc.). De esta manera, la rigurosidad en entender los extractivismos no es una manía académica, sino que es indispensable para abordar sus distintas conflictividades.

A lo largo de los últimos años, mientras que cooperativistas y gobierno eran aliados dentro de gobierno, no ha habido muchos análisis independientes, ya que se protegían mutuamente. Los pocos que lo hicieron, como ocurrió con algunos analistas, militantes y unas pocas ONGs en Bolivia, alertaron sobre las exageradas concesiones que el gobierno otorgaba a esas cooperativas mineras, y difundieron las denuncias que partían desde las comunidades locales. Los estudios de esas ONGs, especialmente los de CEDIB (Centro de Documentación e Información de Bolivia), fueron duramente cuestionados desde el poder y sus seguidores entre los medios y otras ONGs, presentándolos como un obstáculo para explotar los recursos naturales. Ahora es evidente que ellos estaban en lo cierto, y a la vez queda en evidencia la fragilidad de los analistas que apenas son un eco gubernamental.

Las acusaciones entre los distintos actores en este conflicto se cruzan aunque en un plano todavía superficial. Los cooperativistas y sindicatos exigen responsabilidades políticas al gobierno por haber permitido que escalara la violencia, y en especial identificar a quienes asesinaron a los manifestantes. A su vez, el gobierno avanza sobre las cooperativas, se iniciaron procesos judiciales contra quienes dieron muerte al viceministro, pero sorpresivamente parece exculpar a las bases, ya que otra vez insiste en que todo el asunto es parte de un complot de la derecha partidaria.

Lo sorprendente en una discusión de ese tipo es que no se analiza la esencia del conflicto: una violenta disputada por los excedentes de los extractivismos. Sin duda que estamos ante una disputa político partidaria convencional, y para nada menor, en tanto se rompe la alianza del gobierno de Morales con uno de sus principales aliados. Pero esa no es la causa de todo este drama, sino que es una consecuencia de una contradicción mucho más profunda.

De un lado el gobierno y del otro los mineros, se están peleando por controlar los excedentes que provienen de explotar los recursos naturales, para asegurarse la mayor tajada posible de su rentabilidad económica. Ni ellos ni los analistas o medios convencionales están debatiendo, por ejemplo, si es apropiado seguir con ese tipo de minería, ni sobre sus costos sociales y ambientales o su real beneficio económico, ni tampoco sobre su inherente violencia.

Es una situación muy triste porque somos testigos de grupos sociales que han caído en visiones tan pero tan mercantilizadas de la naturaleza y de las comunidades, que la destrucción ambiental, el secuestro o el asesinato, están justificados con tal de recuperar las tasas de ganancias. Son este tipo de condiciones, que tienen raíces más profundas, las que alimentan una y otra vez las guerras extractivistas. En ellas, las víctimas que siempre se repiten siguen siendo las comunidades locales y la Naturaleza.

*Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Seguimiento en twitter: @EGudynas

Entrevista con Boaventura de Sousa: “Hay que empezar de nuevo”

admin — Tue, 10 May 2016 23:36:54 +0000

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y docente en la Universidad de Coimbra, en Portugal, y en la de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos. Su trabajo busca producir un conocimiento que respete e incorpore los creados en las luchas populares y les sea útil. Ha escrito sobre América Latina, los problemas de la izquierda contemporánea y los procesos constituyentes y es un referente del Foro Social Mundial y de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. El 16 de abril dictó una charla en la Facultad de Ciencias Sociales, ocasión que se aprovechó para hacer esta entrevista.

La Diaria
Diego León Pérez y Gabriel Delacoste*
10 May 2016

(Foto: Cecilia Vidal)

¿Cómo ves la situación en Brasil después de la votación del juicio político a Dilma Rousseff?
-En el momento en que te hablo no sabemos qué va a pasar, pero de todos modos me parece que va a haber un período bastante turbulento políticamente. El impeachment es claramente un acto que configura un golpe parlamentario, sobre todo porque no se ha demostrado la presunta responsabilidad en crímenes que lo justificaría. Pero también por razones políticas, en la medida en que quizá la presidenta Dilma Rousseff es la política menos corrupta de América Latina, y va a ser impedida por un conjunto de los más corruptos de América Latina. Eso es grave para la democracia de Brasil y es grave para el continente. Entonces, me parece que lo que está en juego en este momento es una normalidad democrática.

Si se da el impeachment, va a tener algunas consecuencias. Obviamente, la polarización social en Brasil en este momento es muy alta, y pienso que ni los movimientos sociales, ni los ciudadanos, ni las clases populares van a aceptar este acto, sobre todo porque de él resultaría un gobierno liderado por un partido [el Partido del Movimiento Democrático Brasileño] que es conocido por ser uno de los más corruptos de la historia de Brasil. Y, por otro lado, porque probablemente el fenómeno más importante que está por detrás de todo esto es la operación Lava Jato, o sea, la gran investigación contra la corrupción, que quizá vaya a ser cancelada, ya que, según todos los indicios que tenemos, hay mucha gente involucrada en la corrupción que pertenece precisamente a ese partido que va a estar en el poder.

Todo esto crea un problema de legitimidad democrática difícil de manejar y cuyas consecuencias son difíciles de prever. Pero el impacto de lo que va a pasar será muy importante para toda la región, porque si el impeachment sale, será una afirmación de que las democracias que existen en el continente son fácilmente manipulables y de que si alguien gana las elecciones y obtiene, por tanto, el derecho de gobernar, cuando importantes fuerzas antidemocráticas deciden que no debe gobernar, tiene maneras de lograrlo por medio de una conjunción de medios: un Poder Judicial conservador, que está al servicio de esas fuerzas antidemocráticas, y fuerzas externas, que en este caso pienso que son del imperialismo estadounidense y que realmente no están interesadas en que continúe en Brasil un proceso que, si bien no es anticapitalista (Dilma no es anticapitalista; obviamente hay muchas críticas a su gobierno por no cumplir con el programa que propuso realizar cuando fue elegida), es posneoliberal, en el sentido de que tiene empresas públicas importantes nacionalizadas, como Petrobras, y recursos naturales importantes fuera del mercado internacional.

El propio Partido de los Trabajadores, antes de este proceso de impeachment, ya había llevado adelante una política basada en exportaciones extractivistas y ya había fortalecido a las policías que ahora son parte de las fuerzas conservadoras. ¿Qué queda de todo esto, cuando muchas de las fuerzas que están conspirando fueron desatadas por el propio gobierno?
-Es verdad que, a lo largo de estos años, estos gobiernos populares latinoamericanos, muchos de ellos salidos de movimientos sociales, cometieron numerosos errores.

¿Cuáles fueron los errores en el caso de Brasil? A mi juicio -y esto también puede aplicarse a otros gobiernos, como el de Cristina Kirchner, en Argentina-, lo que ocurrió fue que aprovecharon una coyuntura completamente excepcional, que es lo que llamamos el consenso de los commodities, es decir que, debido al impulso del desarrollo de China, los precios de las materias primas subieron y permitieron ganancias importantes a estos países. Los gobiernos populares decidieron entonces profundizar el modelo de desarrollo extractivista, con el objetivo de sacar algo de la renta resultante de esa alza de precios para hacer algo de redistribución social. O sea, no cambiaron el modelo económico: permitieron que los ricos y las oligarquías se siguieran enriqueciendo. Los bancos, por ejemplo, nunca ganaron tanta plata en Brasil como en los tiempos de Lula, pero, como los precios eran altos, quedaba un excedente significativo para hacer una redistribución sin precedentes. Por medio de mecanismos como bonos, becas familia y otras políticas sociales, se logró que más de 45 millones de personas salieran de la pobreza, lo que es un hecho político importante. Pero no era el socialismo, porque dependía totalmente de los precios internacionales, en cuya formación Brasil no incide de ninguna manera.

Por eso, por aceptar ese modelo de desarrollo, aceptaron también el modelo político que venía detrás, y que viene de muy atrás. Ese modelo político es el colonial. Hay una continuidad enorme con el modelo colonial, que se había interrumpido en algunos países con la industrialización y la sustitución de importaciones. Durante estos gobiernos populares no hubo cambios en el sistema político, ni en el sistema de los medios de comunicación, ni en el sistema fiscal, y eso fue lo que acabó por llevar a que estos partidos quedaran atrapados en el mismo proceso de gobierno que las oligarquías y las derechas tradicionales, que siempre han utilizado la corrupción, que siempre han utilizado los medios, que siempre han utilizado ilegalidades para poder consolidar su poder. Y hubo aquí una tentación: quizá, si se dejaba a los ricos ser aun más ricos, ellos iban a permitir que el país cambiara lentamente en términos sociales. El problema es que el consenso de los commodities duró hasta que los precios bajaron por la crisis de China, y desde entonces dejó de haber plata para poder garantizar las políticas públicas.

En el momento en que la plata escaseó, ¿qué podía hacer el gobierno? Sólo había una solución real, y era una política fiscal distinta: que los ricos pagaran más impuestos. Pero, como no se cambió el sistema político, eso está totalmente prohibido. Y, por lo tanto, el mismo gobierno empezó a hacer dos cosas: por un lado, profundizar aun más el agronegocio, la frontera agrícola, la frontera minera, lo que contribuyó al despojo de las poblaciones, a la contaminación del agua, a la crisis ambiental, en complicidades extrañas con los ejércitos privados que existen, con organizaciones paramilitares que matan a los indígenas y a los líderes campesinos por todo el continente, mientras estos gobiernos miran hacia otro lado. Por eso el ciclo se agotó.

Era una manera de gobernar como siempre se gobernó en América Latina, más a favor de las clases dominantes que de las clases populares, pero, en un contexto favorable, dejando una parte significativa de la riqueza para la redistribución social. Eso dejó de ser posible, se hizo insostenible para estos gobiernos. Por eso la crisis que tiene Brasil es la crisis que tenemos también en Ecuador en este momento, es la crisis que tenemos en Argentina, donde una derecha muy revanchista en pocos meses destruye todos los avances sociales que se habían conquistado en los últimos 12 años. Y por eso hay que empezar de nuevo.

¿Los gobiernos progresistas no se la pusieron un poquito fácil a la derecha? En este escenario, las fuerzas conservadoras van a volver al poder y se van a encontrar con una Policía militarizada y poderosa en términos materiales y legales, con leyes más represivas, cambios que a la derecha le habrían costado mucho más.
-Comprendo tu pregunta. Los gobiernos progresistas hicieron mucha continuidad con los anteriores, y por eso las rupturas pueden parecer más drásticas de lo que son en realidad. Realmente los líderes indígenas siguieron siendo asesinados en Brasil durante los gobiernos populares, como lo eran antes. Ahora -y aquí hay una división dentro del pensamiento crítico latinoamericano, dentro del cual estoy por adopción, porque no soy latinoamericano-, yo no voy al punto de considerar que estos gobiernos son gobiernos reaccionarios. Algunos colegas consideran que Evo Morales es un reaccionario. Yo no soy capaz, y te digo “no soy capaz” porque es un límite de mi inteligencia, de mi capacidad analítica. Pero es verdad que el progresismo fue hecho con las maneras antiguas de hacer política, y por eso los resultados están ahí. Y facilitaron realmente la entrada de la derecha. Este fue el gran error que cometieron algunas izquierdas del continente.

Uno de los grandes intelectuales de este continente, Álvaro García Linera, después de los resultados de las últimas elecciones en Bolivia dijo muchas veces que, si la derecha volviera al poder, tendría que reconocer que el centro de la política está desplazado hacia la izquierda, porque las fuerzas de izquierda lograron muchos avances que no se pueden destruir. Dijo que podrían reducirlos, pero siempre a partir de un centro ubicado más a la izquierda que antes. Como tú sabes, no fue eso lo que pasó. Mira a [el presidente de Argentina, Mauricio] Macri. En tres semanas, desapareció casi todo lo que se había hecho en 12 años. La derecha, cuando viene, viene revanchista. Viene con la decisión de eliminar todo lo que fue posible durante estos años, con la idea de que, por un lado, es insostenible y, por otro lado, las clases populares no lo merecen. Son privilegios. Las clases populares tuvieron demasiados privilegios, hay que recortarlos. Y la crisis va a ser la excusa.

Por eso yo creo que estos gobiernos populares han cometido muchos errores: no transformaron el modelo económico, ni el modelo de desarrollo, ni el sistema político. Quizá fueron víctimas de su entusiasmo. Tengo que decir que en el inicio estaba 100% con estos procesos. Participé en la redacción de las constituciones de Bolivia y Ecuador. ¿Cuántas veces cené en casa de [el presidente ecuatoriano] Rafael Correa y acabé cantando canciones revolucionarias, del Che Guevara, como si la revolución estuviera próxima? No podía imaginar que años después la alternativa es que, si no tienes inversión estadounidense de despojo, tienes a China, que te cobra de la misma manera y destruye los territorios de la misma manera. Entonces, muchos intelectuales tenemos que hacer una autocrítica también y ser menos arrogantes. Quizás ahora tienes la clave para las epistemologías del sur: ir más despacio, con menos confianza en que las ideas nuevas crean realidades nuevas. No, las realidades nuevas decantan de algunas ideas nuevas, pero no eres tú el que crea las realidades nuevas, es la gente que está en la calle, en la lucha, son ellos quienes están realmente innovando, no eres tú con la teoría.

Imaginas, entonces un escenario en que las cosas vuelven a la normalidad, Estados Unidos vuelve a mirar a América Latina, los precios de las commodities vuelven a estar bajos y el ciclo termina. Has sido una figura protagónica de este ciclo que ahora termina. ¿Cómo te imaginas lo que viene? ¿Qué ciclo puede venir ahora? ¿Qué tipo de cosas habría que empezar a pensar en relación con lo que acaba de terminar?
-Pienso que no estamos regresando a lo normal; cuando mucho, vamos a tener una nueva normalidad bastante turbulenta. Va a ser una democracia de fachada, pero cada vez más vaciada; ya no una democracia de baja intensidad, sino una de bajísima intensidad. No podemos pensar esto como la normalidad, sino como el resultado de un fracaso histórico que se debe analizar, de modo de encontrar las fuerzas que hagan posible un nuevo ciclo más duradero, menos frágil, en el que las conquistas sean menos reversibles. No sabemos en qué condiciones va a ocurrir eso, pero, con alguna turbulencia institucional, va a implicar una reforma política, que va a ser quizá demandada en las calles, reivindicada por los movimientos sociales, por las organizaciones sociales. Quizá necesitamos otro ciclo constituyente. Una nueva asamblea constituyente u originaria, digamos, que haga una reforma política fuerte, para que esta democracia pueda defenderse de las fuerzas capitalistas que la secuestraron.

Eso va a exigir, por ejemplo, que de una vez por todas se acepte que en las condiciones actuales del mundo no hay alternativa socialista en la agenda política, que no existe la posibilidad de una política revolucionaria, como hubo en otros tiempos. La democracia es el único instrumento de lucha que nos queda. Esa democracia tiene que ser reinventada, no puede ser apenas la democracia representativa. El nudo central del proceso político es que va a ser necesario articular democracia participativa con democracia representativa. ¿Qué quiero decir?: que los partidos políticos van a dejar de tener el monopolio de la representación política. Las asociaciones, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, reunidos en asambleas, organizando los barrios, en el campo, en la ciudad, van a tener que encontrar formas de participar, no sólo a nivel de consulta, sino también a nivel de implementación, en algunas o en muchas de las políticas públicas -consejos populares de educación, de salud, de infraestructura-, o sea, una forma de que los ciudadanos, además de elegir representantes, puedan tomar algunas decisiones ellos mismos.

Hay que inventar otras formas políticas que permitan esa articulación entre la democracia representativa y la democracia participativa. Para que sea eficaz, va a ser necesario que esté presente en los propios partidos. Hay que refundar los partidos existentes o inventar otros partidos de izquierda construidos con una lógica de base distinta, y esa lógica tiene que incluir la democracia participativa desde el inicio. Tenemos en España a Podemos, que representa esta nueva voluntad política de crear lo que llamamos partidos-movimientos. Articulaciones varias y distintas entre círculos de ciudadanos, asambleas de ciudadanos que deliberan sobre las políticas del partido, que escogen a los candidatos y toman decisiones, que después son asumidas por los liderazgos partidarios. Es una manera totalmente distinta de hacer política, y además es la única que puede impedir que el dinero domine las decisiones político-partidarias y lograr que la corrupción deje de ser endémica.

Hay un campo muy grande para la creatividad democrática. Por eso yo lucho en mi trabajo por lo que llamo las epistemologías del Sur, en el sentido de crear también una reforma en el conocimiento. Porque no pienso que sea posible la justicia social global sin justicia cognitiva global, o sea, una democracia entre diferentes formas de conocimiento. En la raíz de todo el sistema político está el conocimiento académico que controla las universidades y que es eurocéntrico, como la ciencia política, la sociología y la antropología. Son los instrumentos que produjeron las políticas y las formas de representación política que tenemos. Eso tiene que transformarse, aceptando que hay otras maneras de conocer, que la representación del mundo es mucho más amplia que la representación occidental del mundo. Hay otras formas de transformación social que quizá no se van a llamar socialismo ni comunismo: se van a llamar respeto, dignidad, protección de los territorios, derechos del cuerpo de las mujeres. A esto le llamo una ecología de saberes, que implica también una reforma de la universidad.

Si me preguntas cómo definir este nuevo ciclo en términos progresistas (porque también puede ser una nueva barbarie, todavía peor), diría que tiene que tener una dimensión epistemológica muy fuerte, y que esa revolución epistemológica va a pasar por las universidades. Las universidades van a tener que aceptar que dentro de ellas circulen otras formas de conocimiento. Otras concepciones de vida son posibles, pero en nuestros departamentos de ingeniería, de ciencia, de biología, de física se ríen si hablamos de la Pacha Mama, de la Madre Naturaleza o de derechos de la Madre Tierra.

¿Cómo hacer avanzar ese tipo de pensamiento político sobre el conocimiento en un campo universitario en el cual se van a reír? ¿Cómo compatibilizar esta concepción más política, que intenta legitimar saberes externos a la universidad, con dinámicas universitarias para las que cierta forma de producción parece ser la única forma de legitimar cierta forma de conocimiento?
-Es una buena pregunta. Si miras históricamente, gran parte del conocimiento innovador y novedoso que siglos después se lee con atención y provecho no fue creado en la universidad, sino fuera de ella. Frantz Fanon, David Hume, David Spinoza, Karl Marx, Galileo Galilei, no sé… [ríe]. En el siglo XIX, las universidades de este continente seguían enseñando una ciencia aristotélica, que no tenía nada que ver con la realidad. Fue después, con Alexander von Humboldt y la revolución universitaria, y en Argentina con la reforma universitaria de Córdoba, en 1918, que las universidades empezaron a tener una idea de lo que es la responsabilidad social. No fue una reforma epistemológica, pero por lo menos fue una reforma social, que les dio una responsabilidad social más intensa. Y se debió a los estudiantes.

No es claro que esta renovación epistemológica necesaria vaya a ser producida dentro de las universidades. Quizás en el siglo XXI va a haber una división entre universidades hegemónicas, que sigan produciendo el conocimiento reproductor de la dominación capitalista, colonialista y patriarcal, y universidades o sectores de universidades con un papel contrahegemónico, en un contexto que me parece favorable y que resulta de que, contrariamente a los períodos anteriores, las universidades públicas, sobre todo en nuestro continente, pero también en gran parte del resto del mundo, ya no tienen el apoyo de las élites económicas y políticas. Las élites están formando a sus hijos en las universidades globales: en Harvard, en Europa. No confían ni siquiera en la enseñanza media, y sus niños van desde muy temprano a otros países. Porque las universidades eran importantes para crear un proyecto de país, pero ahora ya no es necesario un proyecto de país. Hay un proyecto de mundo, para el que el ejecutivo financiero trabaja hoy aquí, mañana en Hong Kong y pasado en Malasia. Por eso las universidades no tienen apoyo de las élites, y por eso tenemos un problema de financiación de las universidades públicas. Pero tampoco en este momento tienen el apoyo de las clases populares, debido a la arrogancia con que han tratado a las clases populares, sus luchas, sus movimientos y sus conocimientos, siempre usando y mirando con desprecio toda la creatividad popular.

Hay gente en la universidad que está intentando incorporar en ella estos saberes. Y esa gente no puede aguantar que les enseñen como héroes a los que mataron a sus ancestros. Eso, más tarde o más temprano, va a llevar a una revolución, a un conocimiento más fuerte, más articulado, más diversificado. Como digo siempre, el conocimiento científico no se debe demonizar. En algunas de las luchas en que hemos estado muy involucrados, como la lucha contra Monsanto, contra el agronegocio, contra el glifosato y los insecticidas, necesitamos ciencia para conocer, por ejemplo, el porcentaje exacto de veneno en una frutilla o en una papaya. Y hoy podemos decirlo. Los campesinos saben cuándo beben agua contaminada por lo que les pasa, pero no saben exactamente la cantidad de veneno que están tomando. Por eso, la ciencia que va a ser necesaria va a ser la que pueda dialogar con otros saberes, como el de los campesinos. Siempre que un dirigente campesino, indígena o urbano es asesinado, lo es porque está luchando por otra manera de ver la ciudad, por el derecho al agua limpia, por el derecho al territorio. Y no es sólo su lucha, sino también la de los estudiantes y las futuras generaciones; es por la calidad de los alimentos de tus hijos, por tu salud en el futuro. Es una lucha por el mundo. Son guardianes de nuestra salud, y por eso los están matando.

¿Deberíamos recuperar la reflexión sobre la ética en la universidad?
-Creo que sí, pero no una ética según las epistemologías del norte, de ontologías individualistas, como cuando en la ciencia política o en la sociología la unidad fundamental es el individuo. Hay que seguir otras ontologías, para, por ejemplo, rescatar el concepto de comunidad, que se ha perdido en las ciencias sociales.

En toda la construcción de la ciencia social moderna, de [Thomas] Hobbes, [John] Locke y [Jacques] Rousseau, de hecho está siempre presente una tensión entre el principio del mercado, el principio del Estado y el principio de la comunidad. La comunidad de toda la vida, de los ciudadanos, de las obligaciones horizontales entre ciudadanos que no son mercantiles: mi cuidado por ti, mi amistad, que te ayude cuando estás en dificultades. Con el tiempo, ese concepto de comunidad desapareció; las universidades y las ciencias sociales lo redujeron a una cosa que no existe, llamada sociedad civil, un concepto que nunca he usado en mi trabajo. Es un conjunto de individuos hostiles a todos los otros individuos. Hoy en día, lo que les dicen todo el día a los estudiantes es: “tienes que ser un emprendedor”; o sea, para que tengas éxito, es necesario que otros fracasen. Tu éxito es perfectamente simétrico con su fracaso. No hay ninguna posibilidad de que todos ganemos. Este sistema es de un individualismo total. Una ética basada en esta idea es la ética de la autonomía, por ejemplo. Tenemos que ser autónomos. Pero ¿cómo puedes ser autónomo si no tienes condiciones para serlo? ¿Qué es eso de que el emprendedurismo quiere decir trabajar sin derechos y tal vez sin plata durante mucho tiempo? No es eso lo que queremos. Necesitamos buscar otra ética, con otras ontologías.

Las ontologías no occidentales son mucho más ricas. Aquí, en este continente, están en las calles, en los pueblos; ontologías que tienen un respeto muy grande por los ancestros, que todavía son considerados vivos dentro de la comunidad. Por eso el territorio es sagrado. Es el territorio donde enterraron a sus muertos. Nosotros tenemos hoy pueblos de Mozambique, donde hago investigación, en los que los cementerios son cambiados de lugar todos los años porque se descubrieron recursos mineros debajo de ellos. ¡Es una ofensa enorme para la ontología de la gente! Sus ancestros están con ellos y, por otro lado, para ellos también están vivas las futuras generaciones. Nosotros, en el mundo occidental, no logramos entender que tenga derechos quien no tiene deberes. Por ejemplo, las futuras generaciones no tienen derechos, porque tampoco tienen deberes. La naturaleza no tiene derechos, porque tampoco tiene deberes. Esa simetría es totalmente desastrosa. Tienes que entender que las futuras generaciones tienen derechos sobre los que ya están entre nosotros hoy, como garantes de un futuro. Y de la misma manera, la naturaleza. Si no cambias la ontología, si no cambias la epistemología, más tarde o más temprano tu ética va a justificar el individualismo posesivo, el emprendedurismo salvaje, la idea de que eres un ser antisocial y de que para que tengas éxito en la vida debe haber ruinas alrededor de ti. Entonces eres un creador de ruinas.

En Uruguay hay una gran discusión en torno al tema de la extensión, que ha sido históricamente una vía institucional para que la universidad se relacione con otros saberes. ¿Cómo ves esa función?
-De por sí es rebelde y reveladora de la naturaleza de la universidad. Si debe extenderse, es porque está cerrada sobre sí misma. Fue construida así, y por eso la extensión fue una respuesta positiva, sobre todo a principios del siglo XX, en la reforma de Córdoba. Era una de las diez demandas de los estudiantes. Es una respuesta en el marco convencional de una universidad que debe compartir su conocimiento con las clases populares, que muchas veces son las que más lo necesitan, pero no tienen acceso a él. La extensión fue una manera de profundizar un poco la responsabilidad social de la universidad sin que perdiera su identidad. Pero se hizo, en general, de una manera muy débil, porque se concibió como un área al lado de otras dominantes. Investigación, docencia y extensión. Como si la extensión no fuera también docencia e investigación. Los profesores que se dedicaron más a la extensión, porque tenían sus propias lealtades políticas y compromisos con las clases populares, nunca fueron bien vistos en las universidades. La extensión es siempre algo que no tiene la misma dignidad que la docencia o la investigación, como una forma degradada de ser universitario. Extensionista es una palabra horrible.

Yo no quiero despreciar de ninguna manera el trabajo que muchos profesores hicieron, a menudo con el sacrificio de sus carreras, para que la universidad se articulase de una manera más dinámica con las clases y los barrios populares. De ninguna manera. Pero eso tiene que ser complementado con otra cosa en el ciclo que viene ahora. Es lo que llamo la extensión al revés. No es llevar afuera la universidad, sino traer el conocimiento popular a la universidad. Los universitarios tienen que partir de la idea de que hacer extensión no es simplemente llevar afuera el conocimiento académico. Es para aprender. Aprender con la gente, con los movimientos, con las organizaciones, de sus luchas, con la idea de que ellos, trabajando y viviendo cotidianamente esas luchas, tienen maneras de ver la realidad, la convivencia humana, la ética, la vida digna que quizá no están en nuestros libros ni en los artículos científicos, pero que deben ser tenidas en cuenta y nos pueden ayudar a producir conocimientos socialmente más solidarios y más eficaces.

Tenemos maestros populares, sabios, médicos populares, jueces tradicionales de las comunidades campesinas e indígenas que vienen a la universidad a explicarles a los estudiantes otras maneras de resolver conflictos. De resolver casos criminales sin que haya prisión. Que hay otra forma de integración de los jóvenes en la comunidad que no pasa por la cárcel. Entonces, ¿extensión? Y sí, pero con extensión al revés. Traer a otros para adentro de la universidad. En eso, los estudiantes deberían tener un papel muy importante, y es necesario un cambio curricular muy fuerte. Tan fuerte que yo pienso que los estudiantes y los profesores que se interesen por esta reforma tendrán que asumir algún riesgo.

Cuando se entra a la universidad, el primer año o los dos primeros años deberían ser dedicados a desaprender. A olvidar muchas cosas que tenemos en nuestras cabezas. De nuestra historia, de nuestra realidad, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de consumir. Para poder abrir un poco los ojos a otra realidad y aceptar que hay otras maneras. Yo tengo que imaginar una necesidad para hacerla real. Por ejemplo, tengo que imaginar que este producto [toma un celular] va a ser válido durante dos años. Ya sé que dentro de un año o dos voy a empezar a pensar que no me satisface: que la batería debería durar más, que ya inventaron otro, etcétera. Imaginamos necesidades para hacerlas reales. Y, al mismo tiempo, la gran mayoría tiene necesidades inimaginables de agua, de electricidad. Y a veces están a tu lado. Por ejemplo, en un taller que estamos organizando en Minas Gerais, con la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, en una comunidad indígena, será necesario un acuerdo de convivencia para usar el agua, porque vamos a tener 40 personas con un solo cuarto de baño durante 200 días, y no se va a poder gastar más de dos litros de agua al bañarse. Imagínate. Vamos a aprender eso porque haremos un taller fuera de la universidad con los movimientos sociales. Será una ocasión sorprendente para ver la realidad de la vida, que está por todos lados. Eso es parte de lo que llamo la sociología de las ausencias, de los invisibles, los que no cuentan. Si los mencionas de alguna manera en tu universidad, los profesores te dirán: “Ah… sí, ese problema existe, pero ya se va a resolver. Es una cuestión de tiempo, de desarrollo. Necesitamos más Monsanto, vamos a electrificar obviamente todo el país, y ahí se va a resolver”. Así que cuando el país esté totalmente destruido, estará totalmente desarrollado.

*Diego León Pérez tiene 26 años y es estudiante de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de la República. Gabriel Delacoste tiene 28 años y es docente de teoría política y estudiante de la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de la República.

Boaventura de Sousa: “Sin el colonialismo no se podría entender la crisis de los refugiados”

admin — Wed, 16 Mar 2016 10:15:16 +0000

La encrucijada de Podemos, la posibilidad de un cambio de rumbo en las políticas europeas o la crisis de los refugiados, son algunos de los temas que preocupan a Boaventura de Sousa, que estuvo en Madrid para hablar de Procesos Constituyentes en un encuentro internacional.

Diagonal
Paloma González
15 Mar 2016

Puede ser cosa de ese Sur metafórico del que habla en su obra, pero Boaventura de Sousa (Coímbra, 1940) se presenta siempre con una sonrisa en sus entrevistas. El sociólogo portugués, comprometido con los movimientos populares y de emancipación social, ha estado en Madrid para participar en el encuentro internacional Procesos Contituyentes, organizado por la Fundación de los Comunes y el Museo Reina Sofía. Para de Sousa es momento de escuchar el mandato constituyente del pueblo, de recuperar su soberanía, radicalizar la democracia y defender derechos y no olvidar que las constituciones que se quieren realmente transformadoras no lo son por sí mismas sino que requieren del apoyo de la gente. Como recuerda en un momento del diálogo, urge constituir nuevos órdenes pero también deconstruir otros autoritarios.

¿En qué consistiría un constitucionalismo transformador en el caso de España en un momento como el actual en el que parecen abrirse brechas en el régimen del 78? ¿Pasa por la moderación que vivimos, incluso por parte de los partidos del cambio, que hablan de tan solo reformar la Constitución y de segundas transiciones?
El concepto constitucionalismo transformador fue desarrollado con la Constitución de Sudáfrica en 1993, que acababa con un tipo de colonialismo muy duro como era el apartheid y transformaba la sociedad al terminar con la discriminación racial. Hoy sabemos que las constituciones que se quieren transformadoras no lo son por sí mismas. Son solo una hoja de papel que, muchas veces, se convierte rápidamente en papel mojado. Tenemos que tener claro cuál es el mandato constituyente, para qué se va a hacer ese proceso y quién lo hace, quién tiene la iniciativa y quién lo controla. Desde 2011 y la irrupción de la Primavera árabe, los movimientos Indignados, Occupy, etc. estos constitucionalismos se piensan como algo transformador y no de repetición de lo que está o de arreglos mínimos. En España en concreto, se ha mirado de cerca los procesos de Bolivia y Ecuador, aunque en otros países de Europa del Este se ha mirado a la derecha.

¿Cree que España puede formar parte de ese entramado que simboliza el Sur en su trabajo, de ese impulsor de proyectos constituyenyes y transformadores y seguir en la Unión Europea, sometido a la Troika y a los intereses de los países del Norte que la forman?
Es cierto que la gran problemática de los procesos constituyentes en Europa es que desde la crisis de 2008 y sobre todo desde la crisis griega, hemos visto que ya tiene lugar un proceso constitucional autoritario antidemocrático desde arriba. La pregunta entonces es si estamos en un periodo constituyente o deconstituyente, ya que algunas normas europeas vienen a atacar principios de nuestras constituciones nacionales. No obstante, es cierto que aunque las nuevas constituciones nacionales tengan que ser más activas para defenderse mejor de estos ataques, puede iniciarse un proceso constituyente a nivel europeo con movimientos como el de Varoufakis, que yo mismo he apoyado, hablan de la necesidad de otra Europa democrática. Se ha creado la idea de que para ser europeísta tienes que ser de derechas, pero eso no es cierto. Es incluso compatible, en el caso del Estado español, con la cuestión nacional. La Transición pactada no permitió que las identidades existentes en el país se transformaran en sujetos políticos dentro del Estado. La herida no curada ha vuelto ahora ha vuelto con toda su fuerza y por eso ahora en España hay un doble proceso constituyente que abarca la cuestión nacional y la europea.

¿Es precisamente la cuestión nacional la que, a diferencia de lo que ocurrió en Portugal con el Partido socialista y el Bloco, ha hecho que el PSOE no se entendiera con Podemos?
Son varias razones, pero si de algo estoy seguro es que la falta de entendimiento es culpa del PSOE. Portugal y Grecia son países pequeños, un 2% del PIB cada uno de ellos, pero España es un país grande en el que ha habido una gran presión interna y externa de las clases dominantes y las instituciones europeas para que no sea posible un gobierno de izquierdas que impulsase precisamente ese proceso constituyente. Pero estoy convencido de que el Partido socialista y Podemos están condenados a articularse de alguna manera en el futuro para garantizar una gobernabilidad progresista. Ni PSOE ni Podemos podrán hacerlo solos durante un tiempo.

¿Cree que el vaciamiento de los movimientos en pro de una preocupación por ocupar las instituciones que está sucediendo pueda impedir que esa gobernabilidad progresista y los procesos constituyentes funcionen?
Esa es la clave. Quién tiene el poder constituyente, cuál es el sujeto político que lo ejerce. No me parece que los partidos políticos sean el poder de nuestro tiempo. Va a ser un sujeto político que quizá en algunos casos puede combinar partido y movimiento como Podemos en su origen, pero también muchos otros movimientos.

He leído que dice que producimos ideas revolucionarias en instituciones reaccionarias. ¿Conlleva esto la imposibilidad de llevar a cabo un cambio desde las instituciones, mientras estas sean elegidas democráticamente pero socialmente fascistas como asegura usted?
No del todo. Existen grupos municipales progresistas por ejemplo en el Estado español que están haciendo una revolución anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal dentro de sus municipios. Tenemos movimientos urbanos y rurales en el Estado español que están transformando la vida de la gente. En pequeños grupos, sí, pero son lo que llamamos zonas liberadas de capitalismo al menos en lo que a voluntad política se refiere. Son esos los que tienen un alma transformadora que puede llevar adelante un proceso constituyente.

Dice que la democracia representativa no es suficiente para el cambio, que vivimos un momento “post-institucional” y que los movimientos sociales fuertes son esenciales para el control democrático de la sociedad. ¿Cómo se pueden conjugar democracia participativa y democracia representativa? ¿Cree que partidos como Podemos tendrían que volver a sus orígenes de movimiento, más participativos y democráticos?
El problema de Podemos es saber si el olvido de las bases de Podemos es un olvido definitivo o coyuntural. Es un partido reciente, sin gran consolidación en sus bases, y por ello no tiene condiciones de dar la lucha institucional y hacer trabajo de base a la vez. Me gustaría pensar que es coyuntural y debido a las elecciones, porque la gran virtud, el gran cambio de Podemos es que no es un partido como los otros, es un partido-movimiento que ha logrado introducir, dentro de la democracia representativa de partidos, un fuerte componente de democracia participativa. Si se pierde esto, se perdería también el alma de Podemos.

“Si no logramos transformar la economía política, regular los mercados financieros en un marco europeo, no vamos a volver a la normalidad anterior”

Cuando estuvo en España hace un año hablaba esperanzado de Grecia. ¿Qué podemos aprender de su aceptación final del memorándum?
A pesar del fracaso en las políticas, los griegos volvieron a votar a Syriza porque es un cambio. Es una clase política distinta. Van a llevar a cabo la misma política de la austeridad pero no son corruptos. Para mí Syriza ha sido un cordero sacrificial, pero ahora es importante que se mantenga en Grecia, porque en España más tarde o más temprano vamos a tener una solución de izquierda, como ya tenemos en Portugal. Muchas veces dicen que la izquierda no aprende. En Portugal por ejemplo, tras cuatro años de un partido de derechas reaccionario que hizo todo tipo de recortes en políticas sociales y que era más Troika que la Troika, el Partido comunista y el Bloco de Esquerda decidieron apoyar, por primera vez desde hace 40 años, a los socialdemocrátas. Esta confluencia es la que está incomodando en Europa, que ahora está frenando la coalición de la izquierda en el Estado español.

Y hablando de derecha reaccionaria, ¿cree que lo que está sucediendo en América Latina es un fin de ciclo?
Mi corazón ahora mismo está muy apesadumbrado por la manifestación del domingo en Brasil y la petición de prisión preventiva para el expresidente Lula sin que haya ninguna culpa formada. Es una movilización política. La derecha cuando quiere el poder es cada vez más ofensiva y agresiva. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, decía que como la izquierda avanzó en América Latina, la derecha tendría que desplazarse un poco a la izquierda si quisiera reconquistar el poder. Pero se equivocaba: la derecha viene más revanchista que antes. El mejor ejemplo es Argentina. Y ahora Brasil y Venezuela. El neoliberalismo global tiene amigos fuertes en Washington. 50 años después de los golpes militares dirigidos por Estados Unidos, tenemos hoy una forma que no es de intervención para golpe, pero sí de contribución para acabar con las democracias más progresistas y esta pasa por afirmar que aquellas son una amenaza.

Usted resalta la necesidad histórica de rescatar nuestros saberes y pensarnos desde el Sur ¿Qué lecciones extraería del papel de los populismos de Latinoamérica?
El populismo interpretó un cortocircuito histórico que es el de la inclusión en América Latina en un contexto altamente excluyente de oligarquías diferente al de Europa. Aquí ya había habido una inclusión social mayor, con crecimiento de la clase media que ahora se derrumba. Aquí ya hay una institucionalidad imperante, mientras que allí había que construirla dentro del marco liberal existente, con todas las limitaciones que ello conlleva. Lo que si debemos aprender es que si no logramos transformar la economía política, regular los mercados financieros en un marco europeo, no vamos a volver a la normalidad anterior, porque el modelo económico actual es extractivista. En América Latina extrae recursos naturales y aquí recursos humanos como salarios, pensiones, aspiraciones de vida, etc. a través de una mercantilización furiosa.

¿Cree que, en el caso del paradigma europeo, la cuestión de los refugiados entraña la irrupción del colonizado, del Sur, en el campo político y social del colonizador?
Los refugiados son un espejo de lo que es y ha sido Europa. Condujo todo un proyecto colonial y ahora estamos asistiendo al regreso de lo colonial. Sin la responsabilidad histórica del colonialismo no se podría entender la crisis de los refugiados. Europa, que no se descolonizó a sí misma se está comportando como una potencia colonial, que quiere que sus fronteras sean bien definidas y defendidas. Todo lo que es valioso y nuestro está en la sociedad metropolitana. Lo demás, el ‘ellos’, los colonizados, las mujeres, los refugiados incluidos, son los que valen menos, los subhumanos. Europa ahora utiliza un país europeo como Turquía para servir de depósito de ese ‘ellos’ que Europa colonial no quiere reconocer como suyos.

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Algunas reflexiones, autocriticas y propuestas sobre el proceso de cambio en Bolivia

admin — Thu, 25 Feb 2016 17:59:54 +0000

¿Qué ha pasado? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué ocurrió con el proceso de cambio que hace más de quince años conquistó su primera victoria con la guerra del agua? ¿Por qué un conglomerado de movimientos que querían cambiar Bolivia acabaron atrapados en un referéndum para que dos personas puedan re-elegirse en el 2019?

Pablo Solón
25 Feb 2016

Decir que todo esto es obra de la conspiración imperialista es un despropósito. La idea del referéndum para la reelección no partió de la Casa Blanca sino del Palacio Quemado. Ahora es obvio que el imperialismo y toda la ultra derecha se aprovechen de este gran error que fue la convocatoria a un referéndum para que dos personas puedan ser reelectas.

El referéndum no es la causa del problema sino uno más de sus trágicos episodios. El proceso de cambio anda por mal camino y es necesario reflexionar más allá de los escándalos de corrupción y las mentiras, que aunque son importantes, son sólo la punta del iceberg.

Hace cuatro años y medio deje el gobierno y durante este tiempo he buscado entender este devenir. Lo que pasa en Bolivia no es algo único. Desde principios del siglo pasado diferentes movimientos revolucionarios, de izquierda o progresistas llegaron al gobierno en diferentes países del mundo y, a pesar de que varios de ellos generaron importantes transformaciones, prácticamente todos terminaron cooptados por las lógicas del capitalismo y el poder.

De manera muy resumida comparto aquí algunas ideas, autocriticas y propuestas que espero contribuyan a recuperar los sueños de un proceso de cambio que es muy complejo y que no es propiedad de ningún partido o dirigente.

I – LA LOGICA DEL PODER CAPTURÓ AL PROCESO
Los activistas de izquierda en el gobierno generalmente hablamos del peligro de la derecha, del imperialismo y de la contra-revolución, pero casi nunca mencionamos el peligro que representa el poder en si mismo. Los dirigentes de izquierda creen que estando en el poder podrán transformar la realidad del país y no son conscientes que ese poder los acabará también transformando a ellos mismos.

En los primeros momentos de un proceso de cambio generalmente el nuevo gobierno promueve -por vía constitucional o insurreccional- la reforma o transformación de las viejas estructuras de poder del Estado. Estos cambios, aunque radicales, nunca serán suficientes para evitar que los nuevos gobernantes sean cooptados por la lógica del poder que está presente tanto en estructuras de poder reaccionarias como en estructuras de poder revolucionarias. La única opción para evitar que un proceso de cambio sucumba está fuera del Estado: en la fortaleza, independencia del gobierno, autodeterminación y movilización creativa de las organizaciones sociales, de los movimientos y los diferentes actores sociales que dieron nacimiento a esas transformaciones.

En el caso boliviano, que comparativamente a otros procesos de cambio era muy privilegiado por la fuerte presencia de vigorosas organizaciones sociales, uno de nuestros errores más graves fue debilitar a las organizaciones sociales incorporando a las estructuras del Estado a una gran parte de sus dirigentes que terminaron expuestos a las tentaciones y la lógica del poder. Antes que cooptar a toda una generación de dirigentes había que formar verdaderos equipos para gestionar las reparticiones claves del Estado. Entregar sedes sindicales, movilidades, pegas y beneficios a las organizaciones sociales que promovieron el proceso de cambio incentivo una lógica clientelar y prebendalista. Por el contrario, debíamos haber potenciado la independencia y capacidad de autodeterminación de las organizaciones sociales para que sean un verdadero contra-poder que proponga y controle a quienes habíamos pasado a ser burócratas estatales. El verdadero gobierno del pueblo no está, ni nunca estará en las estructuras del Estado.

Continuamos con una estructura jerárquica estatal del pasado y no impulsamos una estructura más horizontal. Sin duda el concepto de “El jefe” o “El jefazo” fue un gravísimo error desde un principio. El culto a la personalidad jamás debió ser alimentado.

En un principio, muchas de estas equivocaciones se cometieron presionados por las circunstancias y debido al propio desconocimiento de cómo administrar de manera diferente un aparato del Estado. A nuestra inexperiencia se sumo la conspiración y el sabotaje de la derecha y el imperialismo que obligo a cerrar filas muchas veces de manera acrítica (caso Porvenir, negociación de artículos de la Constitución Política del Estado, etc.). Los aciertos y triunfos contra la derecha, lejos de abrir una nueva etapa para reconducir el proceso e identificar nuestros errores, acentuaron las tendencias más caudillistas y centralistas.

La lógica del poder es muy similar a la lógica del capital. El capital no es una cosa sino un proceso que sólo existe en tanto genera más capital. Capital que no se invierte y no da ganancias es un capital que sale del mercado. El capital para existir debe estar en permanente crecimiento. De igual forma opera la lógica del poder. Sin darte cuenta, lo más importante en el gobierno pasa a ser como preservarte en el poder y como adquirir más poder para asegurar tu continuidad en el poder. Los argumentos para esta lógica que antepone la permanencia en el poder y su expansión a toda costa son en extremo convincentes y nobles: “si no se tiene mayoría absoluta en el Congreso la derecha volverá a boicotear al gobierno”, “a mayor cantidad de gobernaciones y municipios que se controlan mejor se pueden ejecutar los planes y proyectos”, “la justicia y otras reparticiones del Estado deben estar al servicio del proceso de cambio”, “acaso quieres que vuelva la derecha”, “que será del pueblo si perdemos el poder…”.

Si el error primigenio del proceso de cambio fue creernos “el gobierno del Pueblo”, el momento de inflexión del proceso de cambio comenzó con el segundo mandato de gobierno. El 2010 se alcanzaron más de dos tercios en el parlamento y había energía suficiente para realmente avanzar hacia una transformación de fondo en la línea del Vivir Bien. Era el momento de fortalecer más que nunca el contrapoder de las organizaciones sociales y la sociedad civil para limitar el poder de quienes estábamos en el gobierno, el parlamento, las gobernaciones y los municipios. Era el momento de concentrar esfuerzos para promover nuevos liderazgos y activistas creativos que nos remplacen porque las dinámicas del poder nos iban a triturar.

Sin embargo lo que se hizo fue todo lo contrario. Se centralizó aún más el poder en manos de los jefes, se transformó al parlamento en un apéndice del ejecutivo, se continuo fomentando el clientelismo de las organizaciones sociales, se llegó al extremo de dividir a algunas organizaciones indígenas y se intentó controlar el poder judicial a través de burdas maniobras que acabaron frustrando el proyecto de contar con una Corte Suprema de Justicia idónea, independiente y electa por primera vez en la historia.

En vez de promover libre pensantes que incentivaran el debate en todos los espacios de la sociedad civil y el Estado se censuraron y persiguieron a quienes discrepaban con las posiciones oficiales. Se cayó en una terquedad absurda de querer justificar lo injustificable como Chaparina y de buscar revertir a toda costa la victoria de los indígenas y ciudadanos que habían hecho retroceder el proyecto de la carretera por el TIPNIS. Este contexto, donde la obsecuencia era premiada y la critica era tratada como la peste, incentivó el control de los medios de comunicación a través de diferentes vías, minó el surgimiento de nuevos dirigentes y fortaleció el engaño de que el proceso de cambio de millones de personas dependía de un par de personas.

La lógica del poder había capturado al proceso de cambio y lo más importante pasó a ser la segunda reelección y ahora la tercera reelección.

II – LAS ALIANZAS QUE MINARON EL PROCESO
Todo proceso de transformación social desplaza a ciertos sectores, catapulta a otros y engendra nuevos sectores sociales. En el caso boliviano el proceso de cambio significó en un principio el desplazamiento de una clase media tecnocrática y una burguesía parasitaria del Estado que durante décadas se había turnado en el gobierno y que siempre tenía familiares en las estructuras de poder para conseguir licitaciones, consultorías, concesiones, contratos, tierras y otros beneficios.

El 2006 este sector fue desplazado y aunque varios de sus miembros siguieron ocupando funciones estatales ya no tenían el poder de antes para hacer negocios y negociados con el Estado. En el país comenzó una lucha muy aguda entre, por un lado, sectores sociales antiguamente dominantes que habían sido desplazados o que tenían miedo de perder sus privilegios (terratenientes, agroindustriales y empresarios) y por otro lado, sectores sociales emergentes indígenas, campesinos, de trabajadores y una clase media popular muy diversa. Las oligarquías del oriente hábilmente desarrollaron un discurso de “autonomías” para ganar apoyo en sectores de la población y la confrontación nos llevo casi al borde de una guerra civil. Al final, gracias a la movilización social y al referéndum revocatorio los sectores más reaccionarios quedaron arrinconados. Sin embargo, a pesar de su derrota, esa oligarquía logró ciertas victorias parciales con las modificaciones al texto constitucional que en esa entonces parecían pequeñas frente al hecho de que por fin se iba a contar con la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí empezó una nefasta política de alianza que le fue drenando el espíritu al proceso cambio.

Los dirigentes en el gobierno que ya habían empezado a ser capturados por la lógica del poder optaron por una estrategia que fue pactar con los representantes económicos de la oposición mientras se perseguía a sus lideres políticos. ¡Zanahoria económica y palo político!

Así, poco a poco, las banderas de la revolución agraria fueron vaciadas de contenido. La gran mayoría de terratenientes de antes del 2006 no fueron afectados. Se enfatizó el saneamiento y la titulación de tierras que favoreció mayoritariamente a indígenas y campesinos pero no se procedió a desmantelar el poder de los latifundistas. En este contexto se produjo una alianza con el sector más importante de los agro-empresarios: los exportadores de soya transgénica a los que se les permitió continuar e incrementar la producción de transgénicos. La soya transgénica que en el 2005 representaba sólo el 21% de la producción de soya en Bolivia alcanzó el 92% en el 2012. Se postergó la verificación del cumplimiento de la función económica social de las grandes propiedades que hubiera llevado a su expropiación y reversión, se perdonaron los desmontes ilegales de bosques y se llamó a ampliar la deforestación para beneficio fundamental de los agroexportadores.

Estas alianzas que antes del 2006 hubieran sido impensables se justificaron diciendo de que así se fracturaba a la oposición cruceña, se viabilizaba que el gobierno sea bien recibido en ciudades del oriente, y se evitaba una polarización como la de Venezuela, pues los sectores económicos de la oposición de derecha verían que era mejor no malograr la estabilidad del gobierno.

Esta política de alianzas para estabilizar y consolidar “el gobierno del pueblo” fue abarcando a casi todos los sectores de poder económico. La burguesía financiera que desde un principio fue tratada con guante blanco para evitar el riesgo de una corrida bancaria, como en los tiempos de la UDP, fue una de las mas beneficiadas. Las utilidades del sector financiero en Bolivia pasaron de 43 millones de dólares en el 2005 a 283 millones de dólares en el 2014. Algo similar paso con la minería privada transnacional, que pese a algunas nacionalizaciones, mantuvo a lo largo de los últimos diez años una participación del 70% en las exportaciones. Según el propio Ministro de Finanzas las utilidades del sector privado llegaron en el 2013 a los 4.111 millones de dólares.

El proceso de cambio no sólo había sido capturado por la lógica del poder sino que los intereses de sectores empresariales de derecha lo habían empezado a minar desde adentro.

III – LOS NUEVOS RICOS
Estas políticas de alianza con el enemigo no hubieran sido posibles si no se hubiera operado también una transformación en la base social del proceso de cambio. En casi todos los procesos revolucionarios que se han dado en este y el siglo pasado, después de un proceso de confrontación con los viejos sectores desplazados, surge desde adentro del mismo proceso revolucionario grupos de nuevos ricos y burócratas que quieren gozar de su nuevo estatus y que para ello se alían con sectores de los antiguos ricos. La mejora de las condiciones de vida de algunos sectores y en particular de algunas dirigencias no lleva necesariamente a un mayor desarrollo de la conciencia, sino todo lo contrario. La única forma de contrarestar a estos nuevos ricos y nuevas clases medias de origen popular es nuevamente la existencia de fuertes organizaciones sociales. Sin embargo, cuando estas son debilitadas y cooptadas por el Estado, no existe ningún contrapeso a estos nuevos sectores de poder económico que empiezan a incidir de manera determinante en la toma de decisiones.

Al comenzar el segundo mandato del gobierno en el 2010 quedaba claro que el gran peligro para el proceso de cambio no estaba afuera sino dentro de los dirigentes y nuevos grupos de poder que se estaban formando en los municipios, gobernaciones, empresas estatales, reparticiones públicas, las fuerzas armadas y los ministerios. La repartición de la renta del gas entre todas estas entidades abrió una oportunidad increíble de hacer negocios chicos y grandes de toda índole. En las altas esferas se era consciente del peligro, pero no se adoptaron oportunamente mecanismos eficientes de control interno y externo al aparato del Estado. La lógica dominante pasó a ser la de obras y más obras para ganar más popularidad y así lograr la reelección. Así fueron surgiendo nuevos sectores de poder económico de dirigentes políticos, sindicales y contratistas que empezaron a escalar socialmente gracias al Estado. A ellos se sumaron sectores de comerciantes, contrabandistas, cooperativistas mineros, productores de hoja de coca, transportistas y otros que consiguieron una serie de concesiones y beneficios gracias a que representaban importantes masas electorales.

El problema del proceso de cambio es más profundo de lo que parece. No se trata solamente de graves desaciertos de individuos o de escándalos de corrupción de telenovela, sino de que ahora hay una emergente burguesía y clase media popular, chola, aymara y quechua que lo que busca es continuar con su proceso de acumulación económica.

Para reconducir el proceso de cambio es necesario revigorizar antiguas y crear nuevas organizaciones sociales. Hoy no es seguro que los que fueron los actores claves de hace una década sean los actores claves del mañana. Creer que con un cambio de personas es posible reconducir el proceso de cambio es engañarse a si mismos. El proceso de cambio es mas complejo y requiere de la reconstitución del tejido social que le dio origen.

IV – DEL VIVIR BIEN AL EXTRACTIVISMO
Para revitalizar y reconducir el proceso de cambio es fundamental saber que país estamos construyendo y ser muy sinceros y autocríticos. Los logros de estos 10 años son innegables en muchos aspectos y tienen su origen en el incremento de los ingresos del Estado por la renegociación de los contratos con las transnacionales petroleras en un momento de altos precios de los hidrocarburos. En términos estrictos no podemos decir que hubo una nacionalización ya que hoy día dos empresas trasnacionales (PETROBRAS y REPSOL) manejan el 75% de la producción de gas natural en Bolivia. Lo que si hubo fue una renegociación de contratos que hizo que los beneficios de las empresas transnacionales por costos recuperables y ganancias bajaran de 43% en el 2005 a sólo 22% en el 2013. Es innegable que las transnacionales del petróleo siguen en Bolivia y ganan el triple de lo que ganaban hace diez años, pero el otro lado de la medalla es que el Estado tiene ocho veces más ingresos pasando de 673 millones en el 2005 a 5.459 millones de dólares en el 2013 (1). Esta ingente cantidad de millones de dólares permitió un salto en la inversión publica, la aplicación de una serie de bonos sociales, el desarrollo de obras de infraestructura, la ampliación de servicios básicos, el incremento de las reservas internacionales y otras medidas. Es innegable que comparado con las décadas pasadas hubo una mejora en la situación de la población y esto explica el respaldo que aún tiene el gobierno.

Sin embargo la pregunta es ¿a dónde nos está llevando este modelo? ¿al Vivir Bien? ¿al socialismo comunitario? O por el contrario ¿hemos caído en la adicción al extractivismo y el rentismo de una economía capitalista básicamente exportadora?

La idea original era nacionalizar los hidrocarburos para redistribuir la riqueza y salir del extractivismo de materias primas avanzando en la diversificación de la economía. Hoy, diez años después, a pesar de algunos proyectos de diversificación económica, no hemos superado esa tendencia y por el contrario somos más dependientes de las exportaciones de materias primas (gas, minerales y soya). ¿Por qué nos hemos quedado a medio camino y nos hemos vuelto casi adictos al extractivismo y a las exportaciones? Porque esta era la forma más fácil de conseguir recursos para mantenerse y continuar en el poder. No es cierto que no habían otras opciones, pero es evidente que todas ellas no iban a generar rápidamente ingresos de divisas para ampliar la popularidad del gobierno. Avanzar hacia una Bolivia agroecológica hubiera sido un camino mucho mas acorde con el Vivir Bien y el cuidado de la Madre Tierra, pero ello no hubiera garantizado en lo inmediato cuantiosos ingresos económicos y hubiera significado una confrontación con la gran agroindustria soyera transgénica.

Autocríticamente debemos decir que la visión de sustitución de importaciones que teníamos hace mas de diez años no es factible en la escala en que nos imaginábamos por la competencia de mercancías internacionales mucho más baratas y por el tamaño reducido de nuestro mercado interno. Esto es aún mucho mas difícil cuando no se establece una política de cierto monopolio del comercio exterior y de control del contrabando. Medidas acertadas como frenar los acuerdos de libre comercio de Bolivia, revertir el TLC con México y salirse del CIADI, no fueron acompañadas de medidas de control efectivo del comercio exterior.

El Vivir Bien y los derechos de la Madre Tierra cobraron notoriedad a nivel internacional pero a nivel nacional se fueron devaluando cada vez más porque sólo se limitaban a ser un discurso que no se ponía en práctica. El TIPNIS fue la gota que rebalso el vaso y mostró esa incongruencia entre el decir y el hacer.

V – OTRA BOLIVIA ES POSIBLE
Días antes del referéndum se difundió la noticia de que en Oruro se construiría una planta de energía solar que generará 50 MW y que cubriría LA MITAD de la demanda de energía eléctrica del departamento de Oruro, con un costo de inversión de casi 100 millones de dólares. La noticia apenas circulo a pesar de que es una pequeña muestra de que Otra Bolivia es Posible.

Bolivia puede ir dejando paulatinamente el extractivismo para colocarse a la vanguardia de una verdadera revolución energética solar comunitaria. Si Bolivia se lo propone con una inversión de 1.000 millones de dólares podría generar 500 MW de energía solar que representa casi un tercio de la demanda nacional actual. La transformación puede ser mucho mas profunda si tomamos en cuenta que el gobierno anuncia una inversión total de 47.000 millones de dólares hasta el 2020.

Pero además, Bolivia podría apuntalar una energía solar comunitaria, municipal y familiar que convierta al consumidor de electricidad en productor de energía. En vez de subsidiar el diesel para los agroindustriales se podría invertir ese dinero para que los bolivianos de menores ingresos generen energía solar en sus tejados. De esta forma se democratizaría y descentralizaría la generación de energía eléctrica. El Vivir Bien empezará a ser una realidad cuando se empodere económicamente a la sociedad (como productores y no sólo como consumidores y receptores de bonos de ayuda social) y se promuevan actividades para recuperar el equilibrio perdido con la naturaleza.

La verdadera alternativa a la privatización no es la estatización sino la socialización de los medios de producción. Muchas veces las empresas estatales se comportan como empresas privadas cuando no existe la efectiva participación y control social. Apostar a la generación de energía solar comunitaria, municipal y familiar contribuiría a empoderar a la sociedad antes que al Estado y ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático.

El tema de la energía solar comunitaria y familiar es sólo una pequeña muestra para que pensemos fuera de los patrones tradicionales del “desarrollo”. Así mismo debemos recuperar la propuesta de una Bolivia agroecológica y agroforestal porque la verdadera riqueza de las naciones de aquí a unas décadas no estará en el extractivismo destructivo de materias primas sino en la preservación de su biodiversidad, en la producción de productos ecológicos y en la convivencia con la naturaleza, algo en lo cuál tenemos un gran legado por los pueblos indígenas.

Bolivia no debe cometer los mismos errores de los países llamados “desarrollados”. El país puede saltar etapas si sabe leer las verdaderas posibilidades y peligros del siglo XXI y dejar el viejo desarrollismo del siglo XX.

Nadie está pensando en dejar de extraer y exportar gas en lo inmediato. Pero definitivamente no es posible hacer planes para profundizar el extractivismo cuando existen otras alternativas que quizás en el corto plazo sean mas complicadas pero en el mediano plazo son mucho mas beneficiosas para la humanidad y la Madre Tierra.

En vez de promover referéndums sobre la reelección de dos personas deberíamos promover referéndums sobre los transgénicos, la energía nuclear, las mega represas hidráulicas, la deforestación, la inversión publica y tantos otros temas que son cruciales para el proceso de cambio. Soló es posible reconducir el proceso de cambio con un mayor ejercicio de la democracia real.

Una lectura equivocada de lo ocurrido puede llevar a formas más autoritarias de gobierno y al surgimiento de una derecha neoliberal como ocurre en la Argentina. No hay duda que sectores de derecha operan tanto desde la oposición como desde el interior del gobierno. Tampoco podemos cerrar nuestros ojos y no reconocer que sectores de izquierda y de los movimientos sociales se dejaron cooptar por el poder o no fuimos capaces de articular una clara propuesta alternativa.

La reconducción del proceso de cambio pasa por: a) discutir critica y propositivamente los problemas de desarrollismo tardío capitalista inviable que subyace en la agenda patriótica para el 2025, b) evaluar, explicitar y asumir acciones dentro y fuera del Estado para hacer frente a los problemas y peligros que genera la lógica del poder (autoritarismo, clientelismo, continuismo, nuevos ricos, alianza pragmáticas espurias, corrupción, etc.) c) superar la contradicción entre el decir y el hacer, y hacer realidad la aplicación de los derechos de la Madre Tierra y la ejecución de proyectos que realmente contribuyan a la armonía con la naturaleza, y d) ser autocríticos con uno mismo y con las propias organizaciones y movimientos sociales que en algunos casos reproducen dañinas prácticas caudillistas y prebendalista.

¡El Vivir Bien es posible!

(1) Carlos Arce Vargas. Una década de gobierno ¿Construyendo el Vivir Bien o el capitalismo salvaje? CEDLA. 2016.

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admin — Mon, 22 Feb 2016 01:01:04 +0000

Preocupa que el MAS no se haya preparado para construir otros líderes que puedan seguir con el proceso

La Razón
Boaventura de Sousa Santos*
16 Feb 2016

Este 21 de febrero se realizará en Bolivia un referéndum para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Con esta consulta, convocada según el procedimiento constitucional, se busca modificar el artículo 168 a fin de que el Presidente y Vicepresidente puedan ser reelectos dos veces de manera continua (actualmente pueden serlo una sola vez). En caso de que gané el Sí, además de aprobarse la reforma del citado artículo, Evo Morales podría postularse nuevamente a la presidencia en las elecciones de 2019, pudiendo gobernar, si gana, hasta el 2025. En caso de que gane el No y se rechace la reforma, el ciclo de Morales concluirá el 2020.

Todos los demócratas del mundo solidarios con los cambios que ocurrieron en Bolivia con los gobiernos del presidente Evo Morales y en otros países del continente con gobiernos progresistas desean, por encima de todo, que la derecha revanchista no vuelva al poder. Lo que pasa en Argentina con Macri sirve de trágico ejemplo de lo que puede pasar en otros países. Claro que a lo largo de los años fueron muchas las situaciones en que de modo solidario algunos de nosotros, entre los cuales me incluyo, criticamos algunas políticas de los gobiernos progresistas y las críticas no siempre fueron bien aceptadas. Se creó la idea falsa de que toda la crítica le hace el juego a la derecha y eso ha paralizado algún trabajo común en la búsqueda de soluciones adecuadas a las aspiraciones de los pueblos en el marco constitucional vigente.

En el caso de Bolivia, la convocatoria del referéndum de reforma constitucional crea una perplejidad específica ante las dos cuestiones que deben preocuparnos a todos y todas las demócratas progresistas. ¿Cómo garantizar la continuidad del cambio con estabilidad o, mejor, la continuidad de la estabilidad con cambio? ¿Cómo impedir, de la manera más eficaz, que la derecha regrese al poder y deshaga todo lo que las clases populares han conquistado en estos años? Para muchos, la respuesta a ambas cuestiones consiste en la victoria del Sí en el referéndum y en la reelección del presidente Evo Morales en 2019. Personalmente no tengo una respuesta alternativa, pero tengo preocupaciones que son difíciles de formular en estos tiempos del Sí o No.

Primero, me preocupa que las fuerzas que apoyan el cambio que el presidente Evo ha representado no hayan aprovechado este periodo para poner en evidencia las contradicciones, los retrocesos y los desafíos para evitar, justamente, que en 2019, esté o no Evo como candidato, la derecha vuelva al gobierno con mucha sed para intentar desmontarlo todo. Segundo, me preocupa que el MAS esté dividido por demasiadas disputas internas y ambiciones políticas, y que no se haya preparado para construir otros líderes que puedan seguir con el proceso con o sin Evo. Tercero, me preocupa que las fuerzas progresistas no usen el proceso del referéndum para vincular el Sí a compromisos que corrijan errores graves y retrocesos peligrosos del pasado próximo, y que esta vinculación no incluya una amplia participación de los movimientos y organizaciones sociales, independientemente de su fidelidad política.

Personalmente sigo dando mi respaldo al difícil proceso de refundación del Estado y al propio liderazgo de Evo. Estoy seguro que millones de ciudadanos en Bolivia y en el mundo quieren ayudar el presidente Evo Morales, pero, para eso, quieren que el Mandatario les ayude a ayudarle, manteniendo su fidelidad total al proceso de las alternativas al desarrollo capitalista extractivista y al respeto por la dignidad de la diversidad sociocultural y por la aspiración de la plurinacionalidad concreta y concretada.

*Es investigador y catedrático, doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale.

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A Esquerda do futuro: uma sociologia das emergências

admin — Thu, 31 Dec 2015 13:54:36 +0000

O futuro da esquerda não é mais difícil de prever que qualquer outro facto social. A melhor maneira de o abordar é fazer o que designo por sociologia das emergências. Consiste esta em dar atenção especial a alguns sinais do presente por ver neles tendências ou embriões do que pode vir a ser decisivo no futuro. Neste texto, dou especial atenção a um fato que, por ser incomum, pode sinalizar algo de novo e importante. Refiro-me aos pactos entre diferentes partidos de esquerda.

Sul 21
Boaventura de Sousa Santos

“Se é verdade que as esquerdas europeias aprenderam com as muitas inovações das esquerdas latino-americanas, não é menos verdade (e trágico) que estas se “esqueceram” das suas próprias inovações”. (Foto: Ramiro Furquim/Sul21)

Os Pactos
A família das esquerdas não tem uma forte tradição de pactos. Alguns ramos desta família têm mais tradição de pactos com a direita do que com outros ramos da família. Dir-se-ia que as divergências internas na família das esquerdas são parte do seu código genético, tão constantes têm sido ao longo dos últimos duzentos anos. Por razões óbvias, as divergências têm sido mais extensas ou mais notórias em democracia. A polarização vai por vezes ao ponto de um ramo da família não reconhecer sequer que o outro ramo pertence à mesma família. Pelo contrário, em períodos de ditadura têm sido frequentes os entendimentos, ainda que terminem mal termina o período ditatorial. À luz desta história, merece uma reflexão o facto de em tempos recentes termos vindo assistir a um movimento pactista entre diferentes ramos das esquerdas em países democráticos. A Europa do Sul é um bom exemplo: a unidade em volta do Syriza na Grécia, apesar de todas as vicissitudes e dificuldades; o governo liderado pelo Partido Socialista em Portugal com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda no rescaldo das eleições de 4 de Outubro de 2015; alguns governos autonômicos em Espanha, saídos das eleições de 2015 e, no momento em que escrevo, a discussão sobre a possibilidade de um pacto a nível nacional entre o Partido Socialista, o Podemos e outros partidos de esquerda em resultado das eleições legislativas de 20 de dezembro de 2015. Há sinais de que noutros espaços da Europa e na América Latina possam vir a surgir num futuro próximo pactos semelhantes. Duas questões se impõem. Porquê este impulso pactista em democracia? Qual a sua sustentabilidade?

A primeira pergunta tem uma resposta plausível. No caso da Europa do Sul, a agressividade da direita no poder nos últimos cinco anos (tanto a nacional, como a que veste a pele das “instituições europeias”) foi tão devastadora para os direitos de cidadania e para a credibilidade do regime democrático que as forças de esquerda começam a ficar convencidas de que as novas ditaduras do século XXI vão surgir sob a forma de democracias de baixíssima intensidade. Serão ditaduras que se apresentam como ditamoles ou democraduras: a governabilidade possível ante a iminência do suposto caos nos tempos difíceis que vivemos, o resultado técnico dos imperativos do mercado e da crise que explica tudo sem precisar de ser, ela própria, explicada. O pacto resulta de uma leitura política de que o que está em causa é a sobrevivência de uma democracia digna do nome e de que as divergências sobre o que tal significa têm agora menos premência do que salvar o que a direita ainda não conseguiu destruir.

A segunda pergunta é mais difícil de responder. Como dizia Espinosa, as pessoas (e eu diria, também as sociedades) regem-se por duas emoções fundamentais: o medo e a esperança. O equilíbrio entre elas é complexo mas precisamos das duas para sobreviver. O medo domina quando as expectativas de futuro são negativas (“isto está mau mas o futuro pode ser pior”); por sua vez, a esperança domina quando as expectativas de futuro são positivas ou quando, pelo menos, o inconformismo com a suposta fatalidade das expectativas negativas é amplamente partilhado. Trinta anos depois do assalto global aos direitos dos trabalhadores; da promoção da desigualdade social e do egoísmo como máximas virtudes sociais; do saque sem precedentes dos recursos naturais e da expulsão de populações inteiras do seus territórios e da destruição ambiental que isso significa; do fomentar da guerra e do terrorismo para criar Estados falhados e tornar as sociedades indefesas perante a espoliação; da imposição mais ou menos negociada de tratados de livre comércio totalmente controlados pelos interesses das empresas multinacionais; da supremacia total do capital financeiro sobre o capital produtivo e sobre vida das pessoas e das comunidades – depois de tudo isto, combinado com a defesa hipócrita da democracia liberal, é plausível concluir que o neoliberalismo é uma máquina imensa de produção de expectativas negativas para que as classes populares não saibam as verdadeiras razões do seu sofrimento, se conformem com o pouco que ainda têm e sejam paralisadas pelo pavor de o perder.

O movimento pactista no interior das esquerdas é o produto de um tempo, o nosso, de predomínio absoluto do medo sobre a esperança. Significará isto que os governos saídos dos pactos serão vítimas do seu êxito? O êxito dos governos pactuados à esquerda irá traduzir-se na atenuação do medo e no devolver de alguma esperança às classes populares, ao mostrar, por via de uma governação pragmática e inteligente, que o direito a ter direitos é uma conquista civilizacional irreversível. Será que, no momento em que voltar a luzir a esperança, as divergências voltarão à superfície e os pactos serão deitados para o lixo? Se tal acontecer, isso será fatal para as classes populares, que rapidamente voltarão ao silenciado desalento perante um fatalismo cruel, tão violento para as grandes maiorias quanto benévolo para as pequeníssimas minorias. Mas será também fatal para as esquerdas no seu conjunto, porque ficará demonstrado durante algumas décadas que as esquerdas são boas para remendar o passado mas não para construir o futuro. Para que tal não aconteça, dois tipos de medidas têm de ser levadas a cabo durante a vigência dos pactos. Duas medidas que não se impõem pela urgência da governação corrente e que, por isso, têm de resultar de vontade política bem determinada. Chamo às duas medidas: Constituição e hegemonia.

Constituição e Hegemonia
A Constituição é o conjunto de reformas constitucionais ou infraconstitucionais que reestruturam o sistema político e as instituições de maneira a prepará-los para possíveis embates com a ditamole e o projeto de democracia de baixíssima intensidade que ela traz consigo. Consoante os países, as reformas serão diferentes, como serão diferentes os mecanismos utilizados. Se nalguns casos é possível reformar a Constituição com base nos parlamentos, noutros será necessário convocar Assembleias Constituintes originárias, dado que os parlamentos seriam o obstáculo maior a qualquer reforma constitucional. Pode também acontecer que, num certo contexto, a “reforma” mais importante seja a defesa ativa da Constituição existente mediante uma renovada pedagogia constitucional em todas as áreas de governação. Mas haverá algo comum a todas as reformas: tornar o sistema eleitoral mais representativo e mais transparente; reforçar a democracia representativa com a democracia participativa.

Os mais influentes teóricos liberais da democracia representativa reconheceram (e recomendaram) a coexistência ambígua entre duas ideias (contraditórias) que garantem a estabilidade democrática: por um lado, a crença dos cidadãos na sua capacidade e competência para intervir e participar ativamente na política; por outro, um exercício passivo dessa competência e dessa capacidade mediante a confiança nas elites governantes. Em tempos recentes, e como mostram os protestos que abalaram muitos países a partir de 2011, a confiança nas elites tem vindo a deteriorar-se sem que, no entanto, o sistema político (pelo seu desenho ou pela sua prática) permita aos cidadãos recuperar a sua capacidade e competência para intervir ativamente na vida política. Sistemas eleitorais enviesados, partidocracia, corrupção, crises financeiras manipuladas – eis algumas das razões para a dupla crise de representação (“não nos representam”) e de participação (“não merece a pena votar, são todos iguais e nenhum cumpre o que promete”). As reformas constitucionais visarão um duplo objetivo: tornar a democracia representativa mais representativa; complementar a democracia representativa com a democracia participativa. De tais reformas resultará que a formação da agenda política e o controlo do desempenho das políticas públicas deixam de ser um monopólio dos partidos e passam a ser partilhados pelos partidos e por cidadãos independentes organizados democraticamente para o efeito.

O segundo conjunto de reformas é o que designo por hegemonia. Hegemonia é o conjunto de ideias sobre a sociedade e interpretações do mundo e da vida que, por serem altamente partilhadas, inclusivamente pelos grupos sociais que são prejudicados por elas, permitem que as elites políticas, ao apelarem para tais ideias e interpretações, governem mais por consenso do que por coerção, mesmo quando governam contra os interesses objetivos de grupos sociais maioritários. A ideia de que os pobres são pobres por culpa própria é hegemônica quando é defendida, não apenas pelos ricos, mas também pelos pobres e pelas classes populares em geral. Nesse caso são, por exemplo, menores os custos políticos das medidas que visam eliminar ou restringir drasticamente o rendimento social de inserção. A luta pela hegemonia das ideias de sociedade que sustentam o pacto entre as esquerdas é fundamental para a sobrevivência e consistência desse pacto. Essa luta trava-se na educação formal e na promoção da educação popular, nos mídia, no apoio aos mídia alternativos, na investigação científica, na transformação curricular das universidades, nas redes sociais, na atividade cultural, nas organizações e movimentos sociais, na opinião pública e na opinião publicada. Através dela, constroem-se novos sentidos e critérios de avaliação da vida social e da ação política (a imoralidade do privilégio, da concentração da riqueza e da discriminação racial e sexual; a promoção da solidariedade, dos bens comuns e da diversidade cultural social e econômica; a defesa da soberania e da coerência das alianças políticas; a proteção da natureza) que tornam mais difícil a contra-reforma dos ramos reacionários da direita, os primeiros a irromper num momento de fragilidade do pacto. Para que esta luta tenha êxito é preciso impulsionar políticas que, a olho nu, são menos urgentes e menos compensadoras. Se tal não ocorrer, a esperança não sobreviverá ao medo.

As aprendizagens globais
Se algo se pode afirmar com alguma certeza sobre as dificuldades por que estão a passar as forças progressistas na América Latina é que elas assentam no facto de os seus governos não terem enfrentado nem a questão da Constituição nem a questão da hegemonia. No caso do Brasil, este fato é particularmente dramático. Ele explica em parte que os enormes avanços sociais dos governos da era Lula sejam agora tão facilmente reduzidos a meros expedientes populistas e oportunistas, inclusivamente por parte daqueles que deles beneficiaram. Explica também que os muitos erros que cometeram (foram muitos, a começar pela desistência da reforma política e da regulação dos mídia, e alguns erros deixam feridas abertas em grupos sociais importantes, tão diversos quanto os camponeses sem terra nem reforma agrária, os jovens negros vítimas do racismo, os povos indígenas ilegalmente expulsos dos seus territórios ancestrais, povos indígenas e quilombolas com reservas homologadas mas engavetadas, militarização das periferias das grandes cidades, populações rurais envenenadas por agrotóxicos etc.) não sejam considerados erros, passem em claro e até sejam convertidos em virtudes políticas ou, pelo menos, sejam aceites como consequências inevitáveis de uma governação realista e desenvolvimentista.

As tarefas não cumpridas da Constituição e da hegemonia explicam ainda que a condenação da tentação capitalista por parte dos governos de esquerda se centre na corrupção e, portanto, na imoralidade e na ilegalidade do capitalismo e não na injustiça sistemática de um sistema de dominação que se pode realizar em perfeito cumprimento da legalidade e da moralidade capitalistas.

A análise das consequências da não resolução das questões da Constituição e da hegemonia é relevante para prever e prevenir o que se pode passar nas próximas décadas, não só na América Latina, como também na Europa e noutras regiões do mundo. Entre as esquerdas latino-americanas e da Europa do Sul tem havido nos últimos vinte anos canais de comunicação importantes que estão ainda por analisar em todas as suas dimensões. Desde o início do orçamento participativo em Porto Alegre (1989), várias organizações de esquerda na Europa, Canadá e Índia (são estas as de que tenho conhecimento) começaram a dar muita atenção às inovações políticas que emergiam no campo das esquerdas em vários países da América Latina. A partir do final da década de 1990, com a intensificação das lutas sociais, a subida ao poder de governos progressistas e as lutas por Assembleias Constituintes, sobretudo no Equador e na Bolívia, tornou-se claro que uma profunda renovação da esquerda estava em curso e da qual havia muito que aprender.

Os traços principais dessa renovação eram os seguintes: a democracia participativa articulada com a democracia representativa, uma articulação de que ambas saiam fortalecidas; o intenso protagonismo de movimentos sociais de que o Fórum Social Mundial de 2001 foi uma mostra eloquente; uma nova relação entre partidos e movimentos sociais; a entrada saliente na vida política de grupos sociais até então considerados residuais, nomeadamente camponeses sem terra, povos indígenas e povos afro-descendentes; a celebração da diversidade cultural, o reconhecimento do caráter plurinacional dos países e o propósito de enfrentar as insidiosas heranças coloniais sempre presentes. Este elenco é suficiente para evidenciar o quanto as duas lutas a que me tenho estado a referir (a Constituição e a hegemonia) estavam presentes neste vasto movimento que parecia refundar para sempre o pensamento e a prática de esquerda, não só na América Latina, como em todo o mundo.

A crise financeira e política, sobretudo a partir de 2011, e o movimento dos indignados foram os detonadores de novas emergências políticas de esquerda na Europa do Sul em que as lições da América Latina estavam bem presentes, sobretudo a nova relação partido-movimento, a nova articulação entre democracia representativa e democracia participativa, a reforma constitucional e, no caso da Espanha, a questão da plurinacionalidade. O partido espanhol Podemos representa melhor do que qualquer outro esta aprendizagem, ainda que os seus dirigentes tenham estado desde a primeira hora bem conscientes das diferenças substanciais entre o contexto político e geopolítico europeu e o latino-americano.

O modo como essas aprendizagens se vão plasmar no novo ciclo político que está a emergir na Europa do Sul é, por agora, uma incógnita. Mas desde já é possível especular o seguinte. Se é verdade que as esquerdas europeias aprenderam com as muitas inovações das esquerdas latino-americanas, não é menos verdade (e trágico) que estas se “esqueceram” das suas próprias inovações e que, de uma ou de outra forma, caíram nas armadilhas da velha política onde as forças de direita facilmente mostram a sua superioridade dada a longa experiência histórica acumulada.

Se as linhas de comunicação se mantêm nos dias de hoje, e sempre salvaguardando a diferenças dos contextos, talvez seja tempo de as esquerdas latino-americanas aprenderem com as inovações que estão a emergir entre as esquerdas da Europa do Sul. Entre elas saliento as seguintes: manter viva a democracia participativa dentro dos próprios partidos de esquerda como condição prévia à sua adoção no sistema político nacional em articulação com a democracia representativa; pactos entre forças de esquerda (não necessariamente apenas partidos) e nunca com forças de direita; pactos pragmáticos não clientelistas (não se discutem pessoas ou postos de governo mas políticas e medidas de governação), nem de rendição (articulando linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas com a noção de prioridades, ou, como se dizia dantes, distinguindo as lutas primárias das secundárias); insistência na reforma constitucional para blindar os direitos sociais e tornar o sistema político mais transparente, mais próximo e mais dependente de decisões cidadãs sem ter de esperar por eleições de quatro em quatro anos (reforço do referendum); e, no caso espanhol, tratar democraticamente a questão da plurinacionalidade.

A máquina fatal do neoliberalismo continua a produzir medo em larga escala e, sempre que falta matéria prima, ceifa a esperança que pode encontrar nos recessos mais recônditos da vida política, social das classes populares, tritura-a, processa-a e transforma-a em medo do medo. As esquerdas são a areia que pode emperrar essa engrenagem majestática de modo a abrir as brechas por onde a sociologia das emergências fará o seu trabalho de formular e amplificar as tendências, os “ainda não”, que apontam para um futuro digno para as grandes maiorias. Para isso, é preciso que as esquerdas saibam ter medo sem ter medo do medo. Saibam furtar rebentos de esperança à trituração neoliberal e plantá-los em terrenos férteis onde cada vez mais cidadãos sintam que podem viver bem, protegidos, tanto do inferno do caos iminente, como do paraíso das sirenes do consumo obsessivo. Para que isto aconteça, a condição mínima é que as esquerdas permaneçam firmes nas duas lutas fundamentais, a Constituição e a hegemonia.

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