Francia vive hoy una crisis social grave, que amenaza con prolongarse. Es sin duda la más grave desde 1995 y el movimiento social contra las reformas de Alain Juppé, el primer ministro de entonces.
Jacques Sapir
El Viejo Topo
12 Jun 2016
Lo que está en juego es la reforma del Código del Trabajo contenida en lo que se conoce como la “ley El Khomri”, por el nombre de la ministra de Trabajo [1]. El movimiento actual ha recibido, por supuesto, un apoyo muy claro por parte de la izquierda radical e incluso por ciertas fracciones del PS, el partido en el poder. Esto implica un endurecimiento inquietante del clima político. El primer ministro, Manuel Valls, y la prensa que está a sus órdenes, arremete contra los sindicatos que apoyan a este movimiento, y en primer lugar contra la CGT. Ahora bien, la CGT no es la única organización sindical implicada en este movimiento, cosa que se olvida un poco precipitadamente. La presencia de FO, de SUD y de sindicatos sectoriales también tiene una actividad importante en el mismo. Son numerosas las reivindicaciones sectoriales que se expresan a través de dicho movimiento.
De todos modos, este movimiento no es una simple reedición del de 1995. Ha adquirido una nueva dinámica. A partir de ahora se plantea la cuestión de la soberanía nacional. El apoyo a este movimiento por parte de Nicolas Dupont-Aignan y de Marine le Pen es un signo importante del estatus político que ha adquirido.
El origen del movimiento
La sustancia de ese texto está enteramente contenida en su artículo 2. Ello se concreta en la voluntad de incluir toda la negociación en el marco estricto de los “convenios de empresa”, en detrimento de los acuerdos sectoriales o nacionales, con lo que se debilita de manera dramática la correlación de fuerzas entre los asalariados y sus patronos. Este es el quid de la cuestión. Las recientes declaraciones del primer ministro y de la señora El Khomri excluyen cualquier negociación sobre este punto.
Ahora bien, una amplia mayoría de la población se opone hoy claramente a esta ley. Los últimos sondeos arrojan unos porcentajes de rechazo a la ley de entre un 69 y un 74 por ciento [2]. Esto indica claramente la opción tomada por la denominada “mayoría silenciosa”. El incremento de las protestas ha tenido incluso repercusiones en el seno del partido socialista, en el que 40 diputados amenazaban con declararse en rebeldía en la votación. El gobierno se vio privado de la mayoría y obligado a recurrir al artículo 49-3 de la constitución, lo que constituye ni más ni menos que una descarada desviación del procedimiento y una negación de la democracia [3]. De hecho, fuera del gobierno hay que ir a la derecha moderada para encontrar un apoyo a este texto.
El incremento de la violencia social
Es evidente que estas formas de lucha crean hoy un desorden cada vez mayor en el país. Las manifestaciones que están teniendo lugar desde el mes de abril han visto cómo se multiplicaban los casos de violencia policial, pero también los ataques deliberados contra las fuerzas del orden. Jóvenes manifestantes han quedado tuertos por el uso de flashball [las pistolas que disparan pelotas de goma], y un furgón de la policía ha sido incendiado y sus ocupantes solo de milagro han podido escapar de la hoguera. Este desorden, sin embargo, no hace más que responder a un desorden anterior, consecuencia de la aplicación del 49-3. Pretender entonces escandalizarse de la consecuencia y no de la causa es una expresión de la más pura hipocresía. Solo se puede condenar la obstrucción de los depósitos de carburante, por ejemplo, si previamente se ha condenado la aplicación del 49-3, y más en general la táctica de un gobierno que solo aporta respuestas policiales a un movimiento social. El recurso a formas de lucha más radicales se asemeja entonces a una legítima defensa. Una legítima defensa social, sin duda, contra las medidas contenidas en una ley que ha sido impuesta desde el extranjero y con desprecio a las reglas de la democracia, pero esta legítima defensa social no es menos legítima a los ojos de la población.
Hacía casi treinta años que no habíamos conocido en Francia un nivel tal de violencia en el marco de un movimiento social. Lo más grave es que el gobierno la autoriza, pues es evidente que los policías cumplen órdenes, y que vivimos –por lo menos en teoría– en un estado de excepción. Este comportamiento del gobierno es absolutamente irresponsable. Constituye hoy una amenaza real para la paz civil cuya responsabilidad incumbe totalmente al gobierno.
Una dinámica anti-europea
Pues, y es ahí donde el movimiento adquiere una nueva dinámica, que se manifiesta en el apoyo que le han dado formaciones políticas como Debout la France o el Frente Nacional, que no estamos acostumbrados a verlas moverse en este terreno. Es evidente que los principios contenidos en la ley El Khomri se inspiran directamente en las sugerencias, o, mejor dicho, en las exigencias planteadas por la Unión Europea. Efectivamente, esta ley es la aplicación estricta de la “estrategia de Lisboa” y de las “Orientaciones Generales de Política Económica” (u OGPE), que elabora la dirección general de asuntos económicos de la Comisión Europea [4]. Coralie Delaume, en una serie de artículos publicados en Le Figaro, lo establece de manera indudable [5]. De hecho, las OGPE, cuya existencia deriva de los tratados, así como el “Programa nacional de reformas” prescriben en numerosos países y desde hace tiempo el malthusianismo presupuestario y la moderación salarial. Puede verse aquí hasta qué punto la UE, pero también el Eurogrupo, imponen su propio modo de gobernanza y un marco disciplinario de acero [6]. De hecho, Francia, como los demás países de la zona euro, al no poder devaluar, solo pueden restablecer su competitividad en el contexto de una oferta salarial a la baja. Este es, por otro lado, el camino emprendido por los gobiernos español, portugués, italiano y griego.
El movimiento social ha adoptado, pues, la forma de una reivindicación de la soberanía, hoy en el campo social y mañana en el campo monetario, contra unas medidas que cada vez parecen más claramente dictadas desde el extranjero.
Este movimiento social, por consiguiente, adquiere en virtud del contexto en el que se produce, la dimensión de una contestación generalizada, tanto de las reglas relacionadas con el euro como de las surgidas de la UE. En este sentido puede ser considerado como el equivalente de la movilización contra el Tratado Constitucional Europeo del 2005. Es, pues, evidente que estamos a punto de barajar de nuevo las cartas para la futura elección presidencial del 2017.
Notas y links:
[1] El proyecto de ley puede consultarse en: assemblee-nationale
[2] véase Loi Travail : sept Français sur dix pour le retrait du texteLoi Travail : sept Français sur dix pour le retrait du texte y Les Français hostiles à la loi El Khomri : le “peuple” a été, et reste, très mal informé
[3] Véase Sapir J., «Nous y voilà (49-3)» nota publicada en el blog RussEurope el 11 de mayo de 2016.
[4] Véase el «Rapport pour la France» elaborado en febrero de 2016 por los servicios de la comisión europea, pp. 82 y siguientes.
[5] Véase L’Union européenne assume: la loi El Khomri, c’est elle y Ce que la loi El Khomri doit à l’Union européenne
[6] Véase Sapir J., «Euro et gouvernance», nota publicada en RussEurope el 6 de abril de 2015.
Traducción de Josep Sarret
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